viernes. 03.07.2020

El 68% de proveedores de grandes empresas son obligados a firmar contratos fuera de la Ley

¿Qué autónomo no desearía cobrar sus facturas en el máximo de 60 dìas? Siete de cada diez proveedores de las grandes empresas cobran por encima de los 60 días que estipula la Ley.

El 68% de proveedores de grandes empresas son obligados a firmar contratos fuera de la Ley

Las buenas intenciones del Gobierno para frenar la lacra de la morosidad se quedan en eso, buenas intenciones. Más de tres años llevan los proveedores de las grandes empresas esperando a que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, cumpla con su palabra y apruebe un régimen sancionador ejemplar contra quienes pagan tarde y mal. La consecuencia de este vacío es que siete de cada diez autónomos y pymes (68%) se ven obligados a firmar contratos que exigen plazos de pago que superan los 60 días de límite que marca la Ley.

Algo que los convierte en “nulos de pleno derecho”, explicaba Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), durante la presentación del Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2016. Sin embargo, pocos son quienes reclaman la indemnización que les corresponde por intereses de demora y que se eleva a un 8% del importe adeudado. Sólo el 9%.

Porcentaje cinco puntos superior al de las empresas que exigen que se les indemnice por los costes de recobro, es decir, el 96% de las pymes asumen el coste de la morosidad en su cuenta de resultados. “El miedo a perder el cliente”, determina Cañete, es el culpable de que no se tomen cartas en el asunto, ya que según el informe el 71% de las empresas conocen la Ley de Morosidad.

El relación a la travesía en el desierto del régimen sancionador Cañete ha apuntado que “pagar tarde es muy barato en España y crea beneficios a que las grandes empresas no están dispuestas a renunciar. Se están financiando a costa de las pymes”.

Involución y vuelta al calvario

Si bien desde la Plataforma celebran el anuncio de que Hacienda penalizará fiscalmente a las empresas que paguen a sus proveedores fuera del plazo máximo legal, realizado por el ministro Montoro, a mediados del mes de enero, durante su comparecencia en el Congreso, insisten en que “queremos ver la letra pequeña”. Y esta podría encontrarse en el Proyecto de Ley de Contratación Pública que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados y cuyo periodo de enmiendas finaliza el próximo sábado. “Es aquí donde estaría el truco”, detallaba el vicepresidente de la PMcM, Francesc Acin, “tendremos un régimen sancionador este año, estoy convencido, pero no servirá para nada porque tal y como está redactada nadie infringirá nada y la propia Ley tendrá carta de aval”

Tres son las fisuras por donde se podrían eludir los morosos ha explicado Cañete: el artículo 196.4, que permite el “acuerdo expreso en las certificaciones de obra”; el 215, que otorga potestad a las Administraciones y entes públicos para comprobar o no si los adjudicatarios de los contratos están cumpliendo con los pagos a proveedores; y el 213.9, que impide a los subcontratistas reclamar las cantidades que se les adeuden en caso de la ejecución de los contratos. En definitiva “se introducen conceptos genéricos que permiten que se amplíen los plazos y producirían una involución que acabaría con la destrucción de puestos de trabajo y cierre de empresas”, sentenciaba Cañete.

Desde la Plataforma exigen que se limite el plazo máximo de aprobación de certificaciones a 30 días, sin excepciones, que en los plazos de pago se de la posibilidad de pacto entre las partes, que se obligue al licitador a comprobar que efectivamente se está pagando a los subcontratistas y, por último, a que la Administración pueda realizar pagos directos.

Asimismo, Cañete no le han dolido prendas al acusar a la patronal de los empresarios CEOE de connivencia con la morosidad. “Pedimos a CEOE que lleve propuestas para que la Ley se cumpla de forma rigurosa”, insistía.

El lado positivo

Pese a ello los resultados del informe de 2016 abren una puerta a la esperanza. En relación a los periodos medios de pago (PMP) del sector privado y aunque el 86% de los encuestados reconocen que no ha habido variación en la evolución de los mismo, éstos se han reducido hasta los 77, ocho días menos que en 2015. Misma paradoja se da en el caso del sector público en el que el 94% afirma que nada ha cambiado y sin embargo el PMP se recorta cuatro días, hasta los 71 de media.

Dato este último que contrasta con los hechos públicos por el Ministerio de Hacienda a finales del pasado mes de enero que situaba el PMP del mes de noviembre (último disponible) para el conjunto de las Administraciones Públicas en 29,46 días (Administración Central, 18,19 días, Fondos de Seguridad Social, 1,80 días, Comunidades Autónomas 33,31 días y Administración Local, 64,57 días). La razón radica, tal y como ha explicado el presidente de la PMcM, en el método que se emplea desde la Administración que computa desde que la factura se registra en el sistema y no desde la fecha de entrada.

El 68% de proveedores de grandes empresas son obligados a firmar contratos fuera de la Ley