domingo. 20.09.2020

ENTREVISTA A CRISTINA LLOP, DEL CONSEJO DE LA ABOGACÍA

Los abogados piden un convenio que regule sus relaciones laborales y acabe con los falsos autónomos

 Los abogados piden un convenio que regule sus relaciones laborales y acabe con los falsos autónomos

El 71% de los abogados en España trabaja por cuenta propia. Son autónomos que ejercen su profesión en un mercado competitivo, tiene apenas conciliación familiar y un bajo reconocimiento a nivel social. Cristina Llop, miembro del Consejo General de la Abogacía Española, explica en esta entrevista cómo se encuentra la profesión.. 

Los abogados piden un convenio que regule sus relaciones laborales y acabe con los falsos autónomos

Para ejercer como abogado en España hay que obtener el Grado en Derecho, aprobar el Máster de Ejercicio de la Abogacía y pasar el examen estatal de acceso a la profesión. Son, si todo va bien, un mínimo de seis años y más de 9.000 euros de inversión. Un proceso formativo largo y exigente, que comienza con muchos de los recién graduados trabajando como falsos autónomos. Así lo denuncia Cristina Llop, consejera electiva y vicesecretaria de Comunicación y Marketing del Consejo General de la Abogacía Española, en esta entrevista.

Llop reconoce que muchos despachos abusan de la pasantía -como se denominan a las prácticas en el mundo de la abogacía –para cometer este fraude de ley. Un mal que tiene algunas de sus causas  en el incremento del número de graduados, los servicios de abogacía low cost y, sobre todo, por la pérdida del reconocimiento de la profesión, y que podría solucionarse con la puesta creación un con convenio colectivo.

Según la consejera, los clientes conciben cada vez menos pagar por el asesoramiento que reciben, al igual que la Administración, que no abona en tiempo y ni forma la minuta que deben cobrar los abogados de oficio (situación que ha llevado al Consejo,a tomar cartas en el asunto y preparar una demanda).  Otro problema que señala es la dificultad de los abogados para conciliar el trabajo con su vida familiar.

Aún así, no todo son malas noticias para el sector. La digitalización -que está facilitando el ejercicio de la profesión-, la especialización y la demanda de servicios jurídicos han hecho a los abogados reinvertarse profesionalmente. Sin embargo, hay un aspecto que siguen manteniendo pese al paso de los años, y es trabajar por cuenta propia: el 71% de los abogados en España son autónomos.

- Según los datos de INE, en 2019 había 92.990 empresas dedicadas a actividades jurídicas y, de ellas, 76.367 son personas físicas. ¿Siempre ha sido frecuente trabajar por cuenta propia en el mundo del derecho?

- Efectivamente, la figura del abogado que trabaja por cuenta propia, o como mucho, compartiendo espacio y gastos con otros compañeros, ha sido y es la fórmula más común del ejercicio sobre todo en ciudades más pequeñas. No obstante, cada vez más, se opta por otras figuras jurídicas.

- Además, el número de negocios dedicados a actividades jurídicas se incrementó con respecto al 201 ¿a qué se debe?

- Al surgimiento de especialidades que antes no tenían suficiente entidad para justificar la apertura de un negocio. No obstante, el vertiginoso incremento legislativo y el aumento de exigencias normativas, ha facilitado la aparición de nichos de mercado que antes no existían, lo que aumenta a demanda a nivel empresarial y, por ende, la oferta de profesionales.

- Muchas de las nuevas altas serán profesionales por cuenta propia, ¿pero cuántos calcula que pueden ser falsos autónomos? Se ha comentado mucho que este tipo de fraude se da mucho en la profesión.

- Originariamente, yo también pasé por ese trámite (ser falso autónomo abogado). Normalmente esta situación comienza con lo que se conoce en el mundo de la abogacía como la pasantía. Es decir, prácticas en un despacho no remuneradas. Éstas deben ser más o menos breves, y muchas acababan con la contratación del abogado joven en ese despacho.

No obstante, ésto, que originariamente facilitaba una oportunidad para los profesionales parar entrar al mundo laboral, se fue derivando en una práctica abusiva. Muchos muchos compañeros se vieron, durante años, sometidos a este sistema.

- ¿No es curioso que sea, precisamente, entre los que más saben de leyes, dónde se produzcan más irregularidades?

- Yo no diría eso. El incumplimiento de la normativa para obtener un beneficio económico es una práctica común a todos los sectores. Puedo asegurarle que es por tal razón, y no por desconocimiento de la ley, que se produce en otros ámbitos profesionales tanto o más que en el nuestro.

Cristina-Llop-abogacia

Cristina Llop, consejera electiva y vicesecretaria de Comunicación y Marketing del Consejo General de la Abogacía Española. 

- ¿Cómo habría que regular la figura del pasante para evitar este tipo de fraude?

- Contamos con una norma específica: el Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, que regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos. Pero lo cierto es que en muchas de sus disposiciones (por ejemplo, duración de contrato y periodo de prueba, contrato en prácticas, régimen de exclusividad, jornada y horarios laborales…) se remiten a un Convenio Colectivo que hoy por hoy no existe, a pesar de haber pasado 14 años de su publicación. Contar con un convenio colectivo que recogiese unas condiciones comunes a todo nuestro sector desde luego favorecería a, que aquellos compañeros que se ven afectados por este tipo de circunstancias, poder reclamar con más fuerza y seguridad el reconocimiento de los derechos laborales.

Ésta es una prioridad para el Consejo General de la Abogacía Española. Pero aún no se ha conseguido por la dificultad que conlleva conformar los órganos que puedan negociar dicho convenio en un sector con unas características tan particulares como es el de la abogacía.

Hemos tenido que reinventarnos como profesión

- ¿Le está ocurriendo a la abogacía lo mismo que a otras profesiones liberales (como, por ejemplo, a los dentistas), que el gran número de recién graduados está afectando al funcionamiento del mercado? ¿Cómo?

- Claro que nos afecta, como a todos los sectores. Un aumento de graduados afecta siempre a la demanda que hay que repartirse. Ésto nos ha obligado a evolucionar y a reinventarnos como profesión. Ahora, tendemos cada vez más hacia la agrupación y a la especialización. También, nos ha obligado a mejorar nuestro servicio, para que los precios no sean el único criterio del cliente para decantarse por uno u otro profesional.

Todo ello cuando, al igual que en otras profesiones, nos enfrentamos a la abogacía llamada low cost, que ha entrado con fuerza ayudada por plataformas que comparan servicios legales como si estuviésemos alquilando habitaciones. Sin darnos cuenta de que el servicio que prestamos los abogados no es un servicio de precios, sino un servicio de confianza, de dedicación, de responsabilidad. Una responsabilidad distinta de aquel que, con todos los respetos, pone a tu disposición una cama en la que dormir una noche.

- ¿Están los recién graduados preparados para gestionar su propio negocio?

- Desde luego cuentan con más herramientas que las que teníamos cuando yo empecé, también es cierto que la competencia es mucho mayor. Empezando por Google que es el gran asesor externo de nuestros clientes. En cualquier caso, la posibilidad de acceder al mercado está disponible vía internet. Publicitando tus servicios y con aplicaciones que permitan la gestión del negocio a un módico precio o, incluso, gratis, facilita mucho la gestión de un despacho.

- Aparte del problema de los falsos autónomos, ¿a qué otros problemas se enfrenta el sector?

- Sinceramente, el mayor de ellos es el reconocimiento social. La prestación de los servicios como abogado no está tan valorada como otras actividades. Vas al restaurante y pagas por lo que comes, acudes al supermercado y abonas la compra. Sin embargo, el cliente va a un abogado y piensa que es un amigo que te escucha sin necesidad de pagar su asesoramiento, por más que le hayas dado una solución a su problema gracias al conocimiento que, después de mucho esfuerzo y estudio, has adquirido. Situación que empeora con los despachos que bajan los precios para captar clientes, sin considerar que lo que hacen es minusvalorar el trabajo de los abogados.

También está el trato que últimamente, aunque casi podría decir históricamente, recibimos de las instituciones. Fíjese que a pesar de que cumplimos una función constitucional, la de asistir a los ciudadanos en el ámbito de la Justicia, nuestro IVA es igual que el de cualquier otro servicio, no el propio de los necesarios como en el caso de los médicos. De hecho, hace un par de años, se pretendió gravar con IVA la asistencia jurídica gratuita, lo que es una absoluta aberración dada su naturaleza de servicio público.

Hay veces que la Administración ni paga a los abogados  de oficio 

Los Colegios de la Abogacía se ocupan de gestionar éstos servicios gratuitos cumpliendo con el mandato constitucional del artículo 24. Sin embargo, la Administración paga con retraso los exiguos baremos, que rara vez cubren los gastos de la asistencia. Hay veces que ni tan siquiera se les paga a los compañeros. La Administración le asigna un caso a un abogado, sin saber si debe o no ser beneficiario de la asistencia jurídica gratuita. Y cuando resulta que éste presenta los papeles que acreditan su carencia de medios económicos, la Administración hace recaer sobre el letrado la obligación de reclamar sus honorarios. Es una aberración.

Finalmente, tenemos un gravísimo problema a la hora de conciliar nuestra vida personal, con la profesional. Y no porque no tengamos horarios en tanto que autónomos, sino porque carecemos de una normativa que nos ampare como a cualquier otro trabajador. Aunque estemos enfermos, ingresados, fallezca cualquier familiar de primer grado, estemos de parto, tengamos un embarazo de riesgo… los plazos procesales jamás se suspenden.

Aunque esté ingresada de urgencia, no se me puede pasar un plazo. Si ocurre, caería sobre mí una responsabilidad civil. Desde años estamos intentando reformar nuestras leyes procesales, aunque para la Administración estas cuestiones no son de suma prioridad.

- Recientemente desde el Consejo presentaron un recurso para que el Gobierno pagase los turnos de oficio que había dejado de abonar. ¿Qué ha ocurrido? Y ¿en qué estado se encuentra actualmente ese recurso?

- En el anterior mandato de la presidenta Victoria Ortega se consiguió el abono mensual del Turno de Oficio, se logró suprimir el intento de privatizar la Asistencia Jurídica Gratuita (a través de la imposición del IVA comentada) y se revisaron al alza los baremos del Turno de Oficio en territorio del Ministerio de Justicia.

Actualmente, el Consejo está preparando la reclamación legal del pago de todos y cada uno de los servicios prestados por los abogados del Turno de Oficio que el Ministerio de Justicia rechazó abonar el pasado mes de octubre. A pesar de ser designaciones de profesionales de Turno de Oficio realizadas por los jueces por mandato legal. Tanto el Consejo como los Colegios de las comunidades afectadas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla, y Madrid ) consideramos que la solución precisa de una rápida y firme intervención por parte del nuevo equipo ministerial.

Confiamos en que en que nuevo ministro, Juan Carlos Campo, y su equipo, puedan jugar un papel decisivo en favor de los intereses de los abogados del turno.

- Los despachos, al igual que cualquier otro negocio, han tenido que digitalizarse ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿En qué punto se encuentran?

- La digitalización ha sido lenta, pues seguimos siendo un sector tradicional. Sin embargo, es indudable que, poco a poco, estamos apreciando las bondades de las nuevas tecnologías. En la última consulta que realizamos a la profesión (VII Barómeto interno de la Abogacía), una amplísima mayoría reconoce que la tecnología es una herramienta importante para el ejercicio y que se debe dedicar más recursos en modernización tecnológica.

El cliente quiere acceso total al profesional y respuestas inmediatas sea cual sea el día y la hora

- ¿Cree que esto puede afectar a la relación abogado-cliente?

- Sin duda las nuevas tecnologías facilitan el acceso del cliente al profesional, y la relación entre ambos. Si bien la inmediatez que imponen, y la accesibilidad al profesional, las hacen muy peligrosas desde el mismo momento en que la línea que separa la vida privada de la personal se disipan. Al final, el cliente quiere acceso total al profesional y respuestas inmediatas sea cual sea el día y la hora. En este sentido, unos y otros nos tenemos que reeducar.

- ¿Son los despachos de abogados a día de hoy una actividad rentable?

- Suelo comentar con mis compañeros que el desempeño de la abogacía, por el tiempo que se destina a cada asunto y la responsabilidad que asumes, no está en modo alguno retribuido. Ahora bien, sigue siendo una profesión de la que puedes vivir y que te reporta grandes satisfacciones a nivel humano. No de todas las profesiones se puede decir los mismo.

- ¿Cómo son la mayoría de los despachos en España? 

- Según los últimos datos, el 71% de los abogados y abogadas trabaja de forma independiente por cuenta propia en pequeños despachos. En ocasiones compartidos con otros compañeros de profesión con los que no mantiene relación laboral, sino que se limitan a compartir gastos. La decisión de optar por esta forma organizativa estriba sobre todo en el deseo y la necesidad de contar con la independencia que dar ser uno mismo su propio jefe y empleado.

Los abogados piden un convenio que regule sus relaciones laborales y acabe con los falsos autónomos