martes. 28.09.2021

URGE UN PLAN DE PAGO PARA IMPULSAR LA RECUPERACIÓN

Las administraciones siguen acumulando deuda con sus proveedores y deben a los autónomos 4.700 millones en facturas

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Representantes del Gobierno central y las comunidades autónomas
La deuda de las administraciones públicas con los autónomos suma ya 4.700 millones de euros, más del 50% de los fondos totales que se destinarán a las ayudas directas. Los expertos urgen un nuevo plan de pago a proveedores como el del 2012.
Las administraciones siguen acumulando deuda con sus proveedores y deben a los autónomos 4.700 millones en facturas

En plena crisis del coronavirus, con miles de autónomos que se han visto obligados a cerrar sus puertas por las restricciones sanitarias, las administraciones públicas continúan debiendo a sus proveedores, que son en su gran mayoría autónomos, la friolera de 4.700 millones de euros, cerca del 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y más de la mitad de los fondos que el Gobierno pretende pagar a las empresas a través de las famosas ayudas directas (7.000 millones de euros).  

Así consta en los últimos datos de abril sobre el Periodo Medio de Pago a proveedores (PMP) publicados en el portal institucional del Ministerio de Hacienda. Según el Fisco, la Administración local continuaba en esas fechas muy por encima de los 30 días que permite la ley de morosidad, con una tardanza media de 79,6 días en pagar a las empresas que le prestan sus servicios y debe un total de 1.018 millones de euros a sus proveedores.

Por su lado, la Administración central y las autonómicas se pusieron las pilas en los últimos meses y, ambas, registraron en abril pagos medios a sus proveedores dentro de lo permitido por ley, de 28,05 días y 25,3 días (respectivamente). Aún con todo, el importe que tienen pendiente de pagar asciende a 849 millones de euros (en el caso de la Administración central) y 2.856 millones de euros (en el caso de las administraciones autonómicas). 

Sumando la deuda comercial de las tres entidades públicas, se puede decir que sólo con que las administraciones pagaran el dinero que les corresponde a los autónomos y proveedores por el trabajo que han prestado, se estarían inyectando casi 5.000 millones de euros al tejido productivo, que llegarían además a muchos de los negocios afectados por la crisis, y que se han quedado sin reservas después de un año y medio de pandemia. Idea que no parece descabellada, teniendo en cuenta que en 2012, el Ministerio de Hacienda, entonces dirigido por Cristóbal Montoro, saldó todas las deudas del Estado, CCAA y ayuntamientos entre 2012 y 2014 abonando a autónomos y empresas un total de 41.814 millones de euros. Deudas de facturas que incluso estaban consignadas en antiguas pesetas. Aunque el contador se puso a cero, Seis años después la deuda ha empezado a engrosar de nuevo.

Si bien es cierto que la mayoría de las entidades han reducido entre 2020 y 2021 su periodo medio de pago, y también la cantidad a deber a los autónomos que les prestan los servicios, para los expertos resulta llamativo que en plena pandemia, con miles de negocios cerrados y otros tantos con serias dificultades de viabilidad, la Administración no ponga más recursos para saldar de una vez por todas las deudas con sus proveedores.  

Urge un plan nacional que elimine la deuda de la Administración con los autónomos

En realidad, "y aunque todo lo que es deuda no está fuera del periodo legal de pago, no deja de ser una contradicción que el Gobierno habla de pagar ayudas directas, así como de endurecer el régimen sancionador de la morosidad, siendo que la propia Administración debe millones de euros a sus proveedores; en algunos casos paga muy por encima del periodo permitido por ley; y, además, la Comisión Europea le ha dado un toque de atención para que abone sus facturas en los 30 días establecidos por la legislación", explicó Miguel Noriega, abogado y socio del área de litigación y arbitraje del despacho AGM Abogados.

La morosidad del sector público ha sido siempre uno de los grandes problemas de los autónomos, que en muchos casos llegaban a cobrar por sus productos o servicios pasados los tres meses desde la realización del mismo. Ahora, en plena debacle económica por el estallido de la pandemia, la mayoría de las comunidades autónomas parece que se han esforzado por paliar esta situación. Sin embargo, lo cierto es que todavía hay algunas, como Islas Baleares (35,7 días) y Cataluña (35,2 días) que continúan por encima del plazo permitido por la Ley de morosidad. 

Y especialmente sangrante es el caso de la Administración local, que tiene un periodo medio de pago de 79, 8 días. En algunas administraciones, como en Jaén, se llegan a ver periodos medios de pago a los autónomos de más de 650 días. Para entender hasta qué punto puede afectar a un pequeño autónomo estos retrasos, los expertos ponen como ejemplo a un asalariado que tuviera que esperar a cobrar su sueldo mensual durante dos años. De hecho, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) calculó que uno de cada cuatro autónomos que se ve obligado a cerrar su negocio es por culpa de la falta de liquidez que origina la morosidad.

Por ello, los expertos, desde asociaciones hasta economistas o juristas, urgen un plan nacional de pago a los proveedores. Para éstos, resulta llamativo que, antes de haber puesto en marcha un plan de ayudas directas -sin duda necesario para los negocios-, el Gobierno no haya barajado la posibilidad de pagar primero el dinero que debe a los autónomos que le proveen y prestan sus servicios. Es más, aún a mes de abril de 2021, un año y medio después del estallido de la pandemia, algunos ayuntamientos continúan pagando a casi dos años (651 días, en el caso de Jaén) a sus proveedores, autónomos y empresas. 

El plan de pago a proveedores saldó más de 41.000 millones de euros de deuda

No sería la primera vez que un Gobierno pone en marcha un plan de estas características. Debido a los efectos de la anterior crisis económica, el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, puso en marcha entre 2012 y 2014 un plan de pago a proveedores con el que inyectó fondos a la Administración para saldar s cuentas pendientes con sus proveedores.  

Con esta inyección se abonaron al inicio, y en cuestión de días, casi cuatro millones de facturas pendientes de comunidades autónomas por un importe de más de 17.000 millones de euros a 7.598  autónomos persona física (el 33%), a 20.955  pymes (66%) y a 555 grandes empresas (el 1%).  Al mismo tiempo, se abonaron un total de casi dos millones de facturas pendientes de 3.774 entidades locales por un importe de más de 9.000 millones de euros de 106.283 proveedores de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. Es decir, entre las facturas de las CCAA y de los ayuntamientos, se saldaron más de 26.000 millones de euros en deudas a autónomos y pequeños negocios.

"Esto nos demuestra que se puede hacer, y que es cuestión de voluntad política. No deja de ser una contradicción que la Administración, que tendría que ser la que aporte soluciones a los problemas de los ciudadanos, sea precisamente la que se salta la ley y genere un problema de esta magnitud. Y más en una crisis económica como la actual y con un aviso tan claro por parte de la Comisión Europa a España de que corrija sus deudas y pague en el plazo legal a sus proveedores", dijo Miguel Noriega, abogado y socio del área de litigación y arbitraje del despacho AGM Abogados.

Es necesario recordar que organizaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) lleva años reclamando a los distintos gobiernos la puesta en macha de un régimen sancionador que obligue a cumplir la Ley de Morosidad. Esta norma se aprobó en el 2010 sin que se incluyera en ella un anexo con sanciones para todos aquellos, del sector privado y del público, que continúen abonando sus facturas por encima de los plazos que estipula la ley. Como dicen los expertos, "es como si hubiera un Código de Circulación sin multas o una Ley Tributaria en donde Hacienda no pusiera sanciones a sus trasgresores". Es por este motivo que, tanto las grandes empresas como muchas administraciones públicas, continúan sin cumplir la Ley de Morosidad afectando a la liquidez de miles de autónomos que a veces tardan meses en cobrar sus facturas.  

La Comisión Europea dio dos meses a España para reducir su periodo medio de pago

Entre tanto, cabe recordar también que, como avanzó este medio, la Comisión Europea dio a principios de junio un plazo de dos meses al Gobierno para que tomara medidas que reduzcan los periodos medios de pago que hay dentro de la Administración española. De lo contrario, presentará una demanda ante los tribunales europeos. El toque de atención supone, según los juristas, un impulso a la puesta en marcha en España de un régimen sancionador que llevan años solicitando los autónomos, y que penalizará los retrasos en los pagos de las tres administraciones públicas: local, autonómica y nacional.

En el paquete de procedimientos de infracción de junio, la Comisión envió un dictamen motivado a nuestro país en el que si bien “reconoce los esfuerzos realizados por España en los últimos seis años para mejorar la puntualidad de los pagos de su sector público”, también se muestra “preocupada por los retrasos persistentes de las autoridades regionales y locales, ya que su puntualidad a la hora de pagar sigue sin ajustarse a las obligaciones de la Directiva”

Además, la Comisión es firme y clara en cuanto a sus siguientes pasos si España no reacciona: “por último, España dispone ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión. En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir llevar al país ante el Tribunal de Justicia” advierten desde Bruselas.  

Para la Comisión Europea, pagar a tiempo a los pequeños negocios debe ser una obligación de todos los agentes, pero especialmente de los Estados: "las autoridades públicas tienen una «obligación especial» de pagar a sus proveedores a tiempo y servir de ejemplo en la lucha contra las malas prácticas de pago en el entorno empresarial”.

Se trata de una cuestión con la que coincidió especialmente el presidente del Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas (CGE), Juan Carlos Robles, quien valoró a principios de junio, positivamente el toque de atención de Europa a España sobre la morosidad pública. “Es un problema que tenemos en desde hace mucho tiempo. Y aunque está mal que las empresas privadas incumplan los plazos de pago, está aún peor que quien haga esto sea la propia Administración” dijo Robles. 

La morosidad es un problema para muchos pequeños negocios. “Conozco casos en los que un negocio, ha acabado abriendo un concurso de acreedores porque la Administración pública no le pagaba la licitación a la que había accedido”, comentó Robles.

Este experto consideró que también es necesario que se limiten las capacidades de aquellos organismos públicos que sea morosos. “Habría que promover algún tipo de legislación en la que se apremie a aquellas entidades que cumplan con la norma, pero que también se limite la capacidad operativa a aquellos que no. No puede permitirse que las administración morosas sigan realizando gastos de inversión”, concluyó Robles.

Las administraciones siguen acumulando deuda con sus proveedores y deben a los autónomos 4.700 millones en facturas