Tras dos años sin fondos, los autónomos dispondrán de financiación para formación

Nueve millones de euros. Esta es la cantidad con la que contarán los autónomos para formarse en tres años, hasta 2021. Tras dos años sin disponer de fondos, el Gobierno ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones para la formación de trabajadores ocupados, cuya cuantía se eleva a 350 millones de euros. De ellos, en torno a 300 millones se destinarán a formación sectorial, unos 20 millones irán a parar a  actuaciones formativas de carácter transversal -como por ejemplo cursos de habilidades empresariales, informática y programación o idiomas- y los 18 millones restantes se dividirán a partes iguales entre acciones destinadas a mejorar la cualificación de los 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia y las empresas de la economía social. Ahora bien, según explica el Ministerio de Trabajo en un comunicado "el importe de esta convocatoria se ejecutará en tres años: 140.000.000 euros en 2019 y 105.000.000 euros en cada uno de los ejercicios de 2020 y 2021". 

Pese a que la noticia ha sido bien recibida por las asociaciones de autónomos, son varias las dudas que se suscitan. “Acogemos con satisfacción esta convocatoria con la que se compensa, de alguna manera, la falta de oferta formativa pública de los dos últimos años. Sin embargo, creemos que las acciones formativas que se ofrecen no corresponden a las necesidades reales de formación de los autónomos”, explica José Luis Perea, vicepresidente y director del área de formación de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos).

Desde que en julio de 2015 se aprobase la Ley que sentaba a las organizaciones de autónomos en la mesa de diseño de los planes de formación para el empleo, junto con patronal y sindicatos, sólo ha habido buenas intenciones. “Desde las organizaciones no hemos hecho ningún estudio en profundidad de detección y programación de las necesidades formativas del colectivo, incumpliendo de forma reiterativa las funciones que nos asignaba la ley 30/2015. Seguimos ofreciendo más de lo mismo”, lamenta Perea.  

Entre las causas por las que el colectivo se encuentra en un limbo formativo está la propia configuración de las comisiones sectoriales (transporte, comercio, hostelería…), en las que no participan los autónomos. Sin embargo, sí se ven afectados en todos y cada uno de ellos. A este respecto, el director de formación de ATA, considera que “lo idóneo” es constituir una “comisión intersectorial” que se encargue de definir un modelo ad hoc que tenga en cuenta las particularidades del colectivo y plantee acciones que permitan a los profesionales trabajar y cualificarse en su sector. Con ello se aumentaría, además, el porcentaje de ejecución de las subvenciones que en muchas ocasiones no se llega a completar al 100% porque los cursos no responden a las necesidades de los trabajadores por cuenta propia. En este punto cabe destacar, por un lado, que el procedimiento para acceder a las subvenciones es el de concurrencia competitiva, y por otro, el pago de la subvención se difiere hasta la finalización del curso y posterior comprobación de dicha ejecución por parte de la administración. Todo ello limita el acceso de las pequeñas academias regentadas a su vez por autónomos, que son quienes mejor conocen las especificidades que requiere el colectivo.

Eduardo Abad Sabaris, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales de Trabajadores Autónomos), coincide con Perea “la formación es un mecanismo que aumenta la productividad de los autónomos y les dota de fortaleza y competitividad. Ahora bien, la propia heterogeneidad y atomización del colectivo obliga a diseñar planes que establezcan prioridades según el tipo de actividad y el lugar en el que se desarrolle.”

Cotizarán por formación a partir de enero

De cara a que la convocatoria del próximo año sea verdaderamente útil y permita que los autónomos mejoren sus competencias o adquieran otras nuevas, tanto ATA como UPTA piden al Gobierno “voluntad política”.

Más aún si cabe si se tiene en cuenta el acuerdo alcanzado entre las organizaciones de autónomos y el Ejecutivo a finales del pasado mes de noviembre y que recoge una de las demandas históricas del colectivo. A partir del mes de enero, sobre el tipo de cotización que pagan todos los autónomos, un 0,8% se destinará a la prestación por cese de actividad. De lo que se ingrese por este concepto el 12,5% se destinará a la formación del colectivo.

Hasta ahora ésta se financiaba con parte de lo recaudado por las cotizaciones de empresas y los asalariados, de las que se destinan un 0,6% y un 0,1% respectivamente a Formación  Profesional. Una “solidaridad” que desde 2014 ha reportado al colectivo entre doce y 3,5 millones de euros cada año.

Además, el 1% de la cuota de cotización de quienes tenían suscrito el cese de actividad se debería haber destinado a formar profesionales del Régimen de Autónomos. Desde que se aprobase esta medida se estima que se han recaudado unos nueve millones de euros que habrían ido a parar a las comunidades autónomas. Ahora bien, “nadie sabe dónde están. El Gobierno central pasa la pelota al autonómico y en el autonómico nos dicen desconocen dónde ha ido a parar el dinero”, afirma Abad.  

Otro misterio es el de la formación de los autónomos del mar. Desde el año 1977 el 0,7% de su base de cotización tiene como fin la formación, sin embargo no pueden beneficiarse de ésta. “Hay planes específicos que convoca el Instituto Social de la Marina, pero se da la paradoja de que no están homologados por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)”.