Arranca el debate en el Congreso sobre las sanciones a los morosos
El Congreso de los Diputados ha dado hoy un paso decisivo para aprobar el régimen sancionador de la Ley de Morosidad con multas que pueden superar los 800.000 euros para quién incumpla los plazos máximos de pago en las operaciones comerciales. La morosidad es una lacra que ha supuesto el cierre de más de 500.000 negocios en España.
Casi un año y medio ha tenido que esperar la Proposición de Ley de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales para ser debatida en las Cortes. Pasadas las 18:00 horas arrancaba en la Cámara Baja la ponencia que dará luz verde al texto definitivo que deberá establecer un régimen sancionador para las empresas que incumplan con los 60 días de plazo máximo de pago fijados por la Ley de Morosidad.
Es precisamente en la cuantía de las sanciones y en manos de quién ha de recaer las competencias sancionadoras dónde se encuentra el principal punto de fricción entre la Proposición de Ley que presentó Ciudadanos (C’s) en el Congreso, y la que el Partido Demócrata de Cataluña (PDeCAT), registró en el Senado, y que saldrán fusionadas de la ponencia.
El texto que presentó C’s en mayo del pasado año establece que las sanciones que se apliquen a las empresas morosas sean las mismas para todo el territorio nacional. Asimismo, diferencia entre multas leves, graves o muy graves, con distintas cuantías en función de si el grado es considerado mínimo, medio o máximo. En líneas generales los importes oscilan entre los 60 y los 2.045 euros para las primeras; entre los 2.046 y los 40.985 euros, en el caso de las grado medio; y desde los 40.986 hasta los 819.780 euros para las de máximo incumplimiento.
El PDeCAT, sin embargo, defiende que sean las comunidades autónomas sobre las que recaiga el brazo ejecutor. La propuesta del PDeCAT simplifica en tres categorías las infracciones, leves -con multas de hasta 6.000 euros-, graves – desde 6.001 hasta 30.000 euros- y muy graves -desde 30.001 hasta 900.000 euros-.
Bonificaciones
Desde Ciudadanos vienen defendiendo la flexibilidad un régimen sancionador “con el que no se pretende recaudar sino hacer que se cumpla la Ley”. De ahí la posibilidad de que los infractores tengan la posibilidad de beneficiarse de una serie de reducciones o bonificaciones que se aplicarán sobre las cuantías iniciales.
Punto este en el que también se habrá de llegar a un acuerdo. La formación naranja propone que las sanciones podrán ser objeto de reducciones de entre el 30% y el 70% si se acredita que se ha procedido a liquidar la factura en un plazo de seis días posteriores a la notificación de la sanción. Dichos porcentajes alcanzarán el 100% si se demuestra que las empresas son acreedoras de deudas por importe igual o superior a la contraída. Asimismo se establece un periodo de prescripción de uno a cuatro años.
Por su parte, el partido catalán, defiende que las bonificaciones se apliquen según el “periodo temporal en que se cometieran”. Estas serán del 100%, 80%, 50% y el 20% dependiendo de si se produjeron durante los seis primeros meses desde la entrada en vigor de la Ley, entre el sexto mes y el primer año, durante el segundo año o en el tercero, respectivamente.
Urgencia
En lo que sí están de acuerdo todos los grupos es que el régimen sancionador ha de estar listo cuanto antes. “El objetivo es que quede aprobado antes de final de año”, han confirmado fuentes que han participado en la ponencia. De hecho, esperan que para la próxima reunión fijada para el día 14 de noviembre “tengamos ya un único texto sobre el que debatir”.
Lo que tampoco parece que va a suponer un escollo de cara al debate es el Sistema Arbitral de Morosidad. Éste será el encargado de resolver, extrajudicialmente, las reclamaciones de las empresas por no pagar en tiempo y forma, así como sobre los intereses e indemnizaciones que se deriven de la infracción y estará compuesto por representantes de sectores empresariales, Administraciones Públicas y asociaciones multisectoriales de ámbito territorial, uno de los cuales deberá pertenecer a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
Más de 100 días
Según los datos de la Federación Nacional de Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) el periodo medio de pago entre empresas a cierre de 2017 se estableció en 71 días de media, siendo las grandes empresas las peor pagadoras superando los 110 días de media. Datos similares a los de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad que fijó en 77 días el periodo medio de pago del sector privado.
La morosidad cuesta 1.000 millones de euros cada trimestre a las empresas, siendo los principales perjudicados los autónomos y las pymes. De hecho, según los datos de la Comisión Europea, el 35% de los autónomos y las pequeñas empresas en España reconocen que ha de asumir costes financieros o administrativos adicionales. Otro 33% de ellas afirman que tienen problemas de liquidez.
Circunstancia que tiene mucho que ver con la posición de poder de las grandes empresas lleva al 42% de las mismas a aceptar periodos de pago por encima de lo que marcha la Ley, según un informe de Intrum.
