sábado. 06.06.2020

LA LEGISLACIÓN OBLIGA A CERRAR EL NEGOCIO

ATA denuncia que el 95% de los autónomos no tendrán ayudas sociales para afrontar el Estado de Alarma

ATA denuncia que el 95% de los autónomos no tendrán ayudas sociales para afrontar el Estado de Alarma

Las ayudas de carácter social implementadas por el Gobierno para ayudar a los autónomos en situación de vulnerabilidad, obliga a presentar un documento expedido por la Agencia Tributaria que debe certificar el cierre del negocio. La situación ha sido denunciada por ATA.

 

ATA denuncia que el 95% de los autónomos no tendrán ayudas sociales para afrontar el Estado de Alarma

Tener que cerrar el negocio, para poder solicitar una ayuda. El Gobierno está obligando a los trabajadores por cuenta propia a cursar su baja o, mejor dicho, a cerrar su negocio para acceder a todas aquellas ayudas que tienen un carácter social, como son la moratoria hipotecaria, el rescate del plan de pensiones, el aplazamiento del alquiler o el bono social eléctrico, entre otras medidas. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha comunicado este problema al Gobierno en recientes reuniones.

La razón por la que el Ejecutivo está obligando a los autónomos a darse de baja está en la propia definición que hace de lo que “son autónomos en situación de vulnerabilidad” explicó Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Según Ferrero, los trabajadores autónomos para acreditar su situación de vulnerabilidad y poder acceder alguna de las ayudas en materia social adoptadas por el Ejecutivo “tienen que presentar – obligatoriamente – un certificado emitido por la Agencia Tributaria de cese de actividad”.

Es decir, “que para acceder a las ayudas sociales, como la moratoria hipotecaria de locales o de viviendas particular, para las ayudas en los suministros, la suspensión de créditos e, incluso, para la recuperación del plan de pensiones, el Gobierno te está pidiendo la acreditación de la baja real, ordinaria y censal. Es decir, que el autónomo haya cerrado su negocio”.

Se trata de un requisito que no sólo afecta a todas a todas las medidas puestas en vigor a través del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, sino también a todas aquellas en los que los beneficiarios de la misma sean autónomos en situación de vulnerabilidad, como la moratoria del pago de alquiler de locales, que fue aprobada esta semana en el Consejo de Ministros.

El 95% de los autónomos queda excluido de las ayudas sociales

Si para acreditar la situación de vulnerabilidad económica se obliga a los autónomos a cerrar el negocio y certificarlo ante Hacienda, no pueden ser beneficiarios del cese de actividad extraordinaria ya que, en este caso continúan estando de alta en la Seguridad Socia, es decir, sólo tienen "suspendida" la actividad y no han cerrado definitivamente. “La AEAT no interviene en ningún momento en el proceso de concesión de la prestación por Cese de Actividad (extraordinario, ni ordinario). Ésto es competencia del Ministerio de Seguridad Social e Inclusión, y de la Mutuas” dijo la vicepresidenta de ATA.

Por lo que, los autónomos que soliciten las ayudas en materia social (para desahucios, actividades, créditos, hipotecas, bono social, suministros y plan de pensiones) tienen que haber solicitado el cese de actividad ordinario. Es decir, no está dirigido tampoco al millón de trabajadores por cuenta propia que ya son beneficiarios del cese de actividad extraordinario. Por tanto, se trata de una medida que excluye, según los cálculos de ATA, al 95% de los trabajadores autónomos que en este momento mantienen su negocio aunque, la mayoría, sin ingresos.

Cesar en la actividad para acceder a una ayuda no tiene, para Ferrero, “ningún sentido. Y más cuando eso conlleva la pérdida de titularidad de todos los contratos”. Es decir, “si son bienes afectos a la actividad (como puede ser desde un camón hipotecado, hasta el alquiler de un local), en el momento en el que me doy de baja de la actividad, pierdo la titularidad de esos negocios como autónomo”. Lo que sería un sinsentido es solicitar una moratoria para el pago de la hipoteca de un local y tener que renunciar a la licencia administrativa de apertura porque se obliga a cerrar definitivamente el negocio, explican desde ATA.

El Gobierno ya lo sabe, ATA lo denunció

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) trasladó tanto a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; como al ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, este problema en las diferentes reuniones telematica mantenidas en las últimas semanas.

De hecho, “fue un problema que detectamos al principio, cuando se publicó el Real Decreto-ley del 31 de marzo, y que que se ha trasladado en las reuniones con ambos ministerios y que hay que solventar” dijo Ferrero. Quien reveló que los ministros, Díaz y Escrivá, se comprometieron a que lo “iban a mirar”.

Este tipo de situaciones de discriminación jurídica, es la razón por la que desde ATA defienden la creación de un buzón de consultas de incidencias transversal entre todos los ministerios que tenga competencia de autónomos. Según Ferrero este buzón permitirá “que cuando se pasen cierto tipo de consultas, éstas acaben siendo vinculantes, como ocurre con las de la Agencia Tributaria, de tal forma que tenga un rango jurídico”.

ATA denuncia que el 95% de los autónomos no tendrán ayudas sociales para afrontar el Estado de Alarma