ATA propone un sistema de quitas en las deudas con Hacienda y la Seguridad Social
La propuesta, que está encima de la mesa de la Subcomisión para la Reforma del RETA, se aplicaría sólo en la parte de recargos e intereses.
“La verdadera segunda oportunidad pasa por ahí”, así justifica Lorenzo Amor, presidente de ATA (Federación Española de Asociaciones de Trabajadores Autónomos), la propuesta que puso encima de la mesa durante su comparecencia en la Subcomisión para la Reforma del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) el pasado mes de noviembre.
En aras de lograr la equiparación de los derechos de los autónomos personas físicas, tanto con los asalariados como con los autónomos societarios, la Federación pide al Gobierno que se desarrolle un sistema de quitas en las deudas con Hacienda y Seguridad Social para quienes hayan quebrado y desarrollen su actividad de forma individual, es decir, sin estar bajo el paraguas de una SL, SA o cualquier otra fórmula jurídica.
Dichas quitas se aplicarían sobre los intereses y recargos generados que, a partir del próximo 1 de enero, con la entrada en vigor de la Ley de Reformas Urgentes para el Trabajo Autónomo, se reducirán del 20% actual al 10% si el abono se produce dentro del primer mes siguiente al vencimiento. La razón de excluir el principal del sistema de quitas es que “a los cinco años la deuda se duplica”, ha explicado Amor.
A este respecto Eusebio Granda, vicepresidente de Asefiget (Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Administrativos), discrepa “que se limite a los intereses de demora es aplicarlo sobre la menor de las deudas. Habría que aplicarlo sobre el total, empleando los mismos criterios que se establecen en la Ley Concursal”.
Quitar el cartel de arruinado
Para el presidente de ATA, poner en marcha esta medida supondría “quitar el cartel de arruinados a muchos autónomos”. Ahora bien, trasladarla sobre el papel no es algo sencillo, “habría que reformar la Ley de Segunda Oportunidad, que desde que se puso en marcha en 2015 no ha servido para nada”, ha incidido Amor.
Granda, por su parte califica de “complicado y poco ágil” el cambio legislativo. “Trasladarlo a la normativa tal y como está redactada actualmente es inviable. Hay que fijar unos principios claros, concisos y taxativos”.
El desarrollo habría de acompañarse de la puesta en marcha de un “mecanismo de supervisión por parte de la Agencia Tributaria de cara a evitar la picaresca”, ha añadido el vicepresidente de Asefiget.
En cuanto al impacto que tendría la activación de la iniciativa a nivel recaudatorio, Granda explica que “aunque se pueda perder un determinado volumen de ingresos, hay que tener en cuenta que se generaría un aumento de los cotizantes al RETA. Facilitaría la salida de la economía sumergida de muchos que, tras cerrar su negocio, trabajan de manera irregular”, ha especificado.
A este respecto, Amor, no cree “en absoluto” que se produjese un efecto rescate de autónomos que trabajan hoy a espaldas del sistema.
En relación con la valoración que han realizado los distintos grupos políticos sobre la iniciativa, las expectativas no son optimistas en exceso: “para cambiar el sistema hay que haberlo sentido en las carnes. Conocer lo que ocurre en la calle”, ha lamentado Amor, quien además ha insistido en que “ningún autónomo deja de pagar porque le apetece. Muchos han tenido que cerrar por este tipo de deudas y no sólo se les ha apartado sino que se les ha ahogado. El Gobierno debe facilitarles sistemas para que puedan reemprender”.
