Proyecto de ley concursal aprobado por el Gobierno

Los autónomos con deudas podrían lograr quitas de 1.000 euros con Hacienda y otros 1.000 euros con Seguridad Social

El Gobierno aprobó este martes el proyecto de ley concursal que, por primera vez, prevé que los autónomos y negocios que tengan deudas con la Administración puedan obtener quitas de hasta 1.000 euros con Hacienda y otros 1.000 con Seguridad Social. 

 

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Los autónomos con deudas podrían lograr quitas de 1.000 euros con Hacienda y otros 1.000 euros con Seguridad Social
Los autónomos con deudas podrían lograr quitas de 1.000 euros con Hacienda y otros 1.000 euros con Seguridad Social

El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de ley concursal que, si bien todavía tendrá que superar el filtro parlamentario, podría dar salida a varias medidas históricas para el colectivo de autónomos y microempresas. Se espera que el Congreso dé luz verde a la norma dentro del primer semestre de 2022 y, desde ese momento, los trabajadores por cuenta propia podrían optar por primera vez a condonaciones de sus deudas por valor de hasta 2.000 euros con Seguridad Social y Hacienda. Aunque no es lo que pedían los autónomos, este límite ya supone un avance.

Concretamente, y según avanzó la ministra de Justicia Pilar LLop, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el proyecto de ley concursal, que es fruto de la trasposición de la directiva europea de insolvencia tiene como objetivo que ningún negocio viable "tenga que bajar la persiana" por tener dificultades económicas puntuales e incluye "tres puntos clave". 

Por un lado, la reestructuración temprana -mediante un sistema de alertas preventivas- de las empresas viables, por otro la necesidad de incrementar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración de insolvencia y, por último, la reestructuración de deuda.la posibilidad de una exoneración de deudas para deudores de buena fe, aún cuando el acreedor sea la Administración. 

El problema que llevan años denunciando las organizaciones representativas de los autónomos es que, por más que se pueda acceder a condonaciones de deudas que tengan los pequeños negocios con sus proveedores, mientras no se puedan librarse del crédito con Seguridad Social y Hacienda, la Ley de Segunda oportunidad no será eficaz, porque la mayor cantidad de deuda que suele acumular el colectivo en situaciones previas al concurso es, precisamente con la Administración. 

El Gobierno propone permitir 1.000 euros de quitas con Seguridad Social y otros 1.000 con Hacienda

De hecho, la ministra aseguró tras su intervención a las preguntas de los periodistas ser "consciente de la polémica que hay respecto a la exoneración del crédito público. Si bien es cierto que la directiva no contempla expresamente la afectación del crédito público, tampoco lo excluye. Hemos entendido que sí se tiene que incluir pero se ha limitado en el texto normativo a unas cantidades de 1.000 euros de deudas con la Seguridad Social y otros 1.000 euros de deudas con Hacienda"

Si bien es cierto, tal y como apuntó la propia ministra de Justicia, que el proyecto de ley todavía tiene que pasar por filtro parlamentario, diferentes expertos consultados por este diario aseguran que el hecho de que el Ejecutivo haya propuesto un límite de exoneración de crédito público es, de por sí, un gran avance ya que estas quitas que está proponiendo la Administración son, a fin de cuentas, relativas a deudas con la Administración.

En todo caso e independientemente de la norma que se apruebe finalmente tras pasar el proyecto por el Congreso, la clave de esta nueva ley concursal -y también de las condonaciones de crédito público- estará en la viabilidad de la actividad económica: "No se trata de mantener las constantes vitales, de mantener en funcionamiento a cualquier empresa, a cualquier coste, bajo cualquier precio, lo que se conoce como 'zombificacion' de las empresas, sino de mantener el funcionamiento de empresas que son realmente viables, es decir, aquellas cuyo valor en funcionamiento es superior al valor de liquidación", dijo la ministra de Justicia, Pilar LLop. 

Alertas de insolvencia temprana y simplificación de trámites

La ministra explicó que también se han acometido reformas no contempladas en la directiva comunitaria pero que son necesarias para proteger a las microempresas. En este sentido, el texto del proyecto de ley introduce la figura de los planes de reestructuración empresarial, un instrumento preconcursal dirigido a evitar la insolvencia o a superarla, que incentiva una actuación temprana. Los indicadores de alerta temprana avisarán a las empresas para que, antes de alcanzar problemas financieros, acudan a los procedimientos preconcursales.

Además, incidió en que los autónomos  podrán acceder a una plataforma telemática de liquidación que simplificará trámites, abaratará costes y establecerá un procedimiento específico para las microempresas, que permitirá su reestructuración sin que tengan que acudir a un notario o a un auditor.

En la misma línea se regula una nueva figura, la de experto en restructuración, que mediará en las negociaciones de los planes de reestructuración y que acompañará a los deudores con poca experiencia en aquellos casos en los que se llegue a los tribunales.

Hasta ahora, la única forma de condonar deudas públicas era ir a juicio 

La condonación de deudas con la Administración es una de las reclamaciones históricas del colectivo de trabajadores por cuenta propia ya que, en muchos casos, el mayor importe adeudado que tienen los autónomos es precisamente con Seguridad Social y Hacienda.

Si bien es cierto que los autónomos ya podrían quedar exentos de afrontar sus deudas con Hacienda y Seguridad Social en caso de que su negocio sea insolvente, hasta el momento, la única forma de cancelar estas deudas es acudiendo a juicio

Gracias a una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, en la que dictó que las deudas con la Administración también deben ser exoneradas, los jueces de lo Mercantil están fallando en esa misma línea y consideran que las deudas fiscales o en materia de cotizaciones no deben tener un privilegio especial en los procedimientos concursales de la Ley de Segunda Oportunidad. El hecho de que los jueces estén dando la razón a los negocios insolventes respecto a sus deudas con Hacienda y la Seguridad es lo que ha impulsado al Gobierno a considerar la posibilidad de incluir la exoneración en la reforma que está elaborando de esta norma.

El problema de lograr la condonación acudiendo a tribunales es el elevado coste y el tiempo que conlleva. Para ir a juicio, la persona física debe contratar a un abogado e incluso en muchos casos también a un asistente del mismo. Además, antes de eso ha tenido que pasar por un concurso de acreedores donde ha debido pagar a un notario y un mediador 

Ésta es la principal razón por la que la mayoría de trabajadores por cuenta propia, hasta la fecha, daban por perdida la exoneración de sus pagos con la Administración, al no tener el suficiente capital para hacer frente a todos los gastos que supone elevar a juicio su caso