Los autónomos pagarán un 20% más a partir de octubre cuando cometan una infracción laboral

Otoño va a ser un mes complicado para los pequeños negocios por mil causas. Una de ellas será que a partir del próximo octubre los autónomos tendrán que enfrentarse a multas un 20% superiores si la Inspección de Trabajo les sanciona. Éstas variarán entre los 70 euros, en el caso de infracciones leves en su grado mínimo, y 225.000 euros, si fueran infracciones graves en su grado máximo. Una novedad en el comportamiento de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social que se empezará a aplicar en octubre y que se une al mecanismo automatizado de la emisión de actas de infracción, aprobado por el Gobierno esta semana, y que entrará en vigor en enero de 2022.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social lleva un tiempo preparando la intensificación y mejora de las actuaciones de los inspectores de trabajo. Y con la última normativa aprobada da un paso más en esa dirección de “dotar de mayor eficacia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como garantizar la efectividad y el carácter disuasorio de las sanciones” según un comunicado oficial. De esta forma, las novedades del Real Decreto 688/2021, de 3 de agosto, se unen y complementan otra reforma normativa aprobada recientemente y es la actualización de la cuantía de las sanciones por infracciones cometidas en materia laboral y que incrementa las multas para autónomos un 20% más a partir del próximo octubre.

“La actualización, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, se ha llevado a cabo mediante la modificación de la Ley sobre infracciones y sanciones en una disposición final de la Ley de trabajo a distancia 10/2021, de 9 de julio” según un comunicado del Ministerio, que explica que éstas no se habían actualizado desde 2007, “lo que había mermado la capacidad disuasoria de las infracciones”.

Las nuevas multas a las que se enfrentarán los autónomos en octubre

En estos momentos, las multas a las que se enfrentan los autónomos en materia laboral oscilan entre los 60 euros, en el caso de las más leves, hasta los 187.515 euros, en el caso de las más graves. Con el cambio ya aprobado y que entrará en vigor el próximo octubre, las cuantías ascenderán, tal y como costa en la Disposición final primera del la Ley de trabajo a distancia 10/2021, de 9 de julio, en:

• Las leves, en su grado mínimo, con multas de 70 a 150 euros; en su grado medio, de 151 a 370 euros; y en su grado máximo, de 371 a 750 euros.
• Las graves con multa, en su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros.
• Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.

La sanciones se podrán reducir por pronto pago un 40%

Si bien suben un 20% las sanciones en materia laboral para los trabajadores por cuenta propia, el nuevo Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno también contempla una reducción de las multas hasta el 40% por pronto pago. De esta manera, los autónomos que sean sancionados podrán reducir casi hasta la mitad el dinero de la sanción que deben abonar, siempre y cuando lo realicen pronto.

Se trata de una ventaja que no estará disponibles hasta el próximo 1 de enero de 2022.

La robotización de las multas empezará en enero

Todas estas novedades en el tratamiento de multas en materia laboral se unen a la que acaba de ser aprobada por el Gobierno esta semana. El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto 688/2021, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo. Norma a través de la cuál se robotiza la imposición de multas a los autónomos.

Según informaron desde el Gobierno, a partir del 1 de enero de 2022 “la Inspección podrá llevar a cabo una actividad administrativa automatizada en el procedimiento sancionador. Para ello recurrirá al análisis masivo de datos que permiten constatar la existencia de incumplimientos, especialmente en el ámbito de la Seguridad Social”. Un mecanismo de actuación parecido a lo que ocurre con los radares de tráfico y las multas que no termina de cuadrar a los inspectores.

La presidenta del Sindicado de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITS), Ana Ercoreca, se mostró contraria al nuevo sistema, ya que no requerirá la la intervención directa de ningún funcionario de la inspección. “Nosotros alegamos en su momento, que queríamos que el procedimiento fuera controlado, dirigido y supervisado tanto por un subinspector, como un inspector, que tuviera la competencia. Sin embargo, la norma no refleja esa petición y el acta que se le envíe al negocio va a ser visado por el sello de la Inspección, pero no por una persona".

Ercoreca aseguró que, tal y como está diseñado ahora mismo la automatización de la apertura de un expediente sancionador, no se cumplen con todas las garantías legales que este procedimiento requiere. “Creemos que tiene que ser firmado y visado por un inspector o un subinspector para controlar la imparcialidad y que el algoritmo ha funcionado correctamente, con independencia de que luego se someta a un proceso de auditoria. Pero debe revisarse antes de imponer la sanción, para cumplir con los principios de legalidad y seguridad jurídica”.

Los autónomos se verán más perjudicados por esta automatización

Según explicó la presienta del SITS, el nuevo sistema detectará las infracciones cruzando los datos y emitirá un acta de infracción de forma automatizada, bajo el sello de la Inspección de Trabajo. Luego se abrirá un proceso de alegaciones para que los autónomos y negocios multados puedan defenderse de esa multa. “Se dice que se abrirá un proceso de alegaciones y que será un funcionario el que las revise. Pero nosotros entendemos que la mano humana no sólo puede entrar en la fase de alegaciones, tiene que entrar antes, para garantizar la validez del procedimiento”. Y añadió que se está hablando de la robotización de un mecanismo sancionador y tiene que estar, por lo tanto, "regido por todos los principios inspiradores de un procedimiento penal: reciprocidad, seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y culpabilidad".

De lo contrario, la presidenta del Sindicado de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITS), Ana Ercoreca, predijo que el mecanismo iba a perjudicar mucho a los autónomos: “los pequeños negocios van a tener que contratar a alguien para hacer reclamar los posibles errores del procedimiento en la fase de alegaciones. Para evitar esta situación, creemos que es mejor que un funcionario que revise antes el procedimiento y no obligar a los autónomos a verse involucrados en un proceso de alegaciones". 

Asimismo, Ercoreca explicó en otro artículo, sobre el perjuicio de la utilización de bots para los autónomos en materia de inspección, que mientras que las grandes empresas suelen tener una infraestructura y capacidad económica para hacer frente a sus procedimientos administrativos, los pequeños negocios no cuentan con esta ventaja. “Asumen muchas veces sus obligaciones de manera personal, lo que implica que cometan fallos. Estamos hablando, por ejemplo, de autónomos que tienen un empleado y cuya relación con la Tesorería, no se puede comparar al control que hace una gran empresa” apuntó Ercoreca.

Falta determinar que tipo de actos serán multados automáticamente 
Por último, Ercoreca señaló que aún falta por conocer la parte más importante de este sistema y es el listado de todas aquellos fallos que pueden ser pertinentes de ser multados por este nuevo mecanismos sancionador. "El nuevo Real Decreto recoge que habrá una nueva resolución de la Dirección General de la Inspección que determinará los supuestos de infracción, que se harán a través de actas automatizadas. Pero creemos que es un asunto que deberían haberse detallado ya en esta norma", dijo. 

En este sentido, el Ministerio de Trabajo y Economía Social sólo revela un tipo de supuesto y es la comunicación de un alta en la Seguridad Social fuera del plazo establecido para ello. Errores y fallos que partir del próximo 1 de enero de 2022 serán multados de manera automática.