El Gobierno sopesa impulsar el IVA de caja

Los autónomos no podrán hacer pagos en efectivo superiores a 1.000 euros

El acuerdo entre PSOE y Podemos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019 rebaja el límite de los pagos en efectivo entre empresas y profesionales a la cantidad de 1.000 euros. Los expertos consultados aseguran que será una "faena" para muchos pequeños negocios. El Gobierno además pretende darse un tiempo para “evaluar” si debe impulsar el régimen de IVA de caja en las facturas y propone bajar el impuesto de sociedades a quienes ingresen menos de un millón de euros al año.

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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras la firma del acuerdo.
Los autónomos no podrán hacer pagos en efectivo superiores a 1.000 euros

De conseguir sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019, una de las medidas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus socios de Podemos pondrán en marcha afectará y mucho a los autónomos. El Gobierno limitará los pagos en efectivo entre autónomos, profesionales y empresas a 1.000 euros. Esto significa una rebaja del 60% respecto al límite vigente de 2.500 euros fijado en 2012 por el anterior Gobierno del Partido Popular. La intención del Gobierno es que todas las transacciones permitan una "trazabilidad" para evitar "la economía sumergida". 

La redacción detalla que la limitación no afectará a los pagos que se realicen entre ciudadanos a título particular, ahora bien no aclara si se mantendrán las restricciones de 15.000 euros vigentes hasta ahora cuando el pagador es una persona física que justifique que su domicilio fiscal no está en España y no actúe como profesional o empresario así como si dichas limitaciones afectarán a los pagos e ingresos realizados entidades de crédito. El documento de 50 páginas tampoco explica si se endurecerán las sanciones actuales, que se corresponden con el del 25% de de la cantidad máxima establecida para los pagos en efectivo.

La lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal es uno de los puntos capitales en la hoja de ruta de Sánchez y su equipo. De hecho, pretenden recaudar 5.678 millones de euros con las 17 medidas fiscales y antifraude que se recogen en el acuerdo alcanzado a primera hora de la mañana entre el Gobierno y Unidos Podemos -aprobado después por el Consejo de Ministros- y que permitirá presentar la próxima semana en Bruselas los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año próximo.

Si bien el objetivo es contar con unas cuentas públicas, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “valientes y sostenibles” que cumplan con los compromisos de equilibrio presupuestario, limitar los pagos en efectivo entre los profesionales y empresas “es una enorme faena para muchos autónomos y pequeñas empresas”, explica Javier Santacruz Profesor de Finanzas Cuantitativas y Fundamentos de Análisis Económico. Además, tendrá como consecuencia la “elevación de los costes burocráticos y de la gestión de pagos” ya que las facturas por importes superiores deberán dividirse y diferirse el cobro en varios meses. Por ejemplo, si un autónomo realiza una reparación eléctrica en una empresa tecnológica por importe de 3.000 euros y el cliente decide abonar el coste en efectivo deberá emitir como mínimo tres facturas distintas que se cobrarán en tres meses.

De “engorro” califica la medida Adolfo Jiménez, presidente de Asefiget (Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios). Asimismo, considera que de cara a la lucha contra el fraude esto es “pecata minuta. Si quieren que desaparezca (el fraude) que se dejen de hipocresía y se obligue a que todos los pagos sean en efectivo y que vayan dónde tienen que ir a los paraísos fiscales”. Jiménez apunta otra realidad que se produce en el caso de los pagos en efectivos de los particulares a los autónomos. Para evitar problemas con el fisco, el dinero se ha de ingresar en los bancos, "nos obligan a trabajar con ellos y esto supone comisiones, gastos de gestión,... Y eso sin contar que los entes públicos no trabajan con todas las entidades".

Revisión del IVA de Caja y rebaja de sociedades

Tal y como ha explicado Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no todas las medidas se incorporarán en el proyecto de cuentas que se presentará la próxima semana en Bruselas. Es el caso de la evaluación y revisión del régimen de IVA de caja -una de las tres medidas que se recogen en el apartado dedicado a los autónomos-. “Tal y como está regulada la interpretación de la norma genera controversia”, explican fuentes socialistas. El  concepto de IVA de caja se refiere a que el autónomo no tendrá la obligación de abonar el impuesto a Hacienda hasta que efectivamente no haya cobrado la factura. El actual criterio de IVA devengo obliga al autónomo a ingresar trimestralmente en el Fisco el IVA de sus facturas aunque aún no haya cobrado su importe. 

Es por ello por lo que el punto 5.3 del acuerdo Gobierno – Podemos enuncia que se procederá a “evaluar, en el plazo de 4 meses, el actual régimen especial del criterio de caja en el IVA y proceder, en su caso, a su revisión para, dentro de los límites de la directiva armonizada, hacerlo atractivo para autónomos y pequeñas empresas y conseguir que sea un sistema efectivo de diferimiento del ingreso del IVA hasta el cobro de sus facturas”.

A falta de conocer los detalles los expertos apuntan posibles soluciones. Según Santacruz el problema está en “la simetría. Ni pagas ni te puedes deducir”. Esto es, el autónomo, profesional o pyme que se acoja a dicho régimen no abonará el IVA hasta el cobro efectivo de la factura, ahora bien, tampoco puede el cliente deducirse el importe de aquellas que no ha abonado. Circunstancia que favorece que las grandes empresas empleasen su posición de poder, amenazando incluso a sus proveedores que optaron por acogerse al régimen de IVA de Caja de rescindir sus contratos y dejar de trabajar con ellos.

“Todo viene de las grandes empresas. Se financian a coste cero incumpliendo los plazos de pago”, asevera el presidente de Asefigest. “Por tanto, para que el régimen de IVA de Caja funcione lo primero que hay que hacer es desarrollar un régimen sancionador ejemplar que obligue a cumplir la Ley de Morosidad”.

Santacruz, por su parte, añade que “la base para que funcione es que todo aquel que ejerza una actividad profesional tenga que darse de alta en el SII (Suministro Inmediato de Información del IVA) y que se diseñe un modelo de factura única que permita a Hacienda su control en tiempo real”.

En la misma línea se pronuncia Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros (FEF) supone que “el anuncio es muy bonito” pero que modificar el sistema es “complejo”. Asimismo, de poder llevarse a cabo “lo primero sería simplificar los procedimientos al máximo”.

Otros dos de los compromisos que afectan al IVA son la rebaja del 10% al 4% de los productos de higiene femenina y la reducción del 21% al 10% de los servicios veterinarios.

Por otra parte, microempresas y pymes que facturen menos de un millón de euros se verán beneficiados de la rebaja de dos puntos en el Impuesto de Sociedades, del 25% al 23%. “No subiremos los impuestos ni a las pymes ni a los autónomos. El gran tejido productivo de este país podrá beneficiarse de estas rebajas fiscales y del esfuerzo que este Gobierno pide a las grandes corporaciones”, ha concluido la titular de Hacienda.