Montoro: "Ninguna actuación del Gobierno respecto a cualquier comunidad afectará negativamente a los proveedores"

Cristóbal Montoro es un ministro de Hacienda que suele cuadrar las cuentas. Tiene una imagen controvertida, suele ser el malo de la película, pero es ese jugador en el centro del campo con una labor sorda, ingrata pero eficaz, que todos los equipos campeones necesitan. Ha tenido un papel decisivo en la consecución de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, también para el 2018, le queda ahora un duro desafío como reformar la financiación autonómica con el conflicto catalán de por medio, y ha sido clave para la Ley de Medidas Urgentes de Apoyo al Trabajo Autónomo, con un presupuesto de 1.000 millones de euros, consciente de que queda todavía mucho camino que recorrer, para que los autónomos tengan un apoyo total. Ese camino lo esboza Cristóbal Montoro en esta entrevista a www.autonomosyemprendedor.es 

- La Ley de Medidas Urgentes supone una rebaja fiscal para los autónomos, ¿tiene previsto en un futuro próximo rebajas en el IRPF y en el IVA? Y si es así, ¿Cuándo?

- Tenemos que ir adaptando los cambios en la fiscalidad a la evoución de los ingresos y al cumplimiento de los objetivos de déficit público. La previsión es empezar mejorando la situación a las personas con rentas más bajas y a las familias, dos sectores que también fueron prioritarios en la reforma del IRPF de la X Legislatura. Por eso vamos a ampliar el número de personas exentas de pagar el IRPF y, además, habrá más colectivos que se beneficien de los ‘cheques familia’, por ejemplo las familias que tienen a su cargo a personas mayores. También hemos bajado este mismo año el IVA de los espectáculos en directo. Según avance la Legislatura, las rebajas fiscales se irán ampliando a más colectivos. 

La retención del FLA no va a afectar negativamente a los proveedores en Cataluña, ni de ninguna otra comunidad

- Las rebajas fiscales de la nueva Ley no incluye el gasto de carburante, ¿podría contemplarse esta desgravación en un futuro próximo?

- Hemos conseguido una buena ley para ayudar a los autónomos y para incentivar el emprendimiento, tanto por la rebaja fiscal que contiene como por las medidas de protección social o las mejoras en la cotización a la Seguridad Social. Creo que todos debemos celebrar esta norma que va a beneficiar a muchos autónomos y emprendedores. No podemos pensar en futuras desgravaciones cuando aún estamos terminando la tramitación de la actual ley.

- ¿Es cierto que una rebaja de impuestos supone un aumento de recaudación?

- No hay una regla general. Depende de muchos factores. Depende del momento, de las circunstancias económicas, de los impuestos que se rebajen… En última instancia, depende también de que haya un Gobierno que sepa manejar adecuadamente los resortes de la fiscalidad. No hace mucho años, el Gobierno socialista introdujo medidas fiscales que supuestamente eran de estímulo económico en plena recesión, y no sólo no consiguió mejorar la actividad económica, sino que, además, hundió la recaudación más de lo que ya había caído. En cambio, nuestra reforma fiscal bajó los impuestos y la recaudación no sólo se ha mantenido, sino que ha aumentado, porque hemos conseguido crecimiento económico y creación de empleo, de manera que la mejora de la actividad y del mercado laboral se ha traducido en una ampliación de las bases imponibles y un aumento de los ingresos tributarios y de los ingresos en general.

- ¿Debe mejorar el tratamiento fiscal de los autónomos societarios?

- Habrá que estudiarlo en su momento. El colectivo de los autónomos ha sido siempre una prioridad del Gobierno. Incluso cuando aprobamos la reforma fiscal adelantamos algunas de las ventajas a los autónomos para que pudieran mejorar su actividad económica; en esta legislatura una de las primeras medidas está encaminada a mejorar la fiscalidad y las condiciones de trabajo de los autónomos. Los autónomos societarios tienen sus peculiaridades y hay que analizarlas y tratarlas de una manera específica. Pero no se puede hacer todo a la vez. Vamos a seguir bajando los impuestos a lo largo de la Legislatura, pero analizando siempre el impacto que tiene cada medida en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y en la mejora de la actividad económica.

- ¿Cómo valora la propuesta del Comité de Expertos de ceder la potestad de subir o bajar el IVA a las comunidades autónomas?

- Las Comisiones de Expertos acaban de entregarnos sus conclusiones, y aún debemos analizarlas en profundidad, no solo el Gobierno sino también las demás instituciones afectadas, las comunidades autónomas y las entidades locales. Y también los grupos parlamentarios. Los expertos han hecho un gran trabajo y nos han ofrecido criterios técnicos para reformar el sistema. Pero la responsabilidad del nuevo modelo recae en nosotros, en los responsables políticos, tanto los del Gobierno de España como los que tienen responsabilidades en las administraciones territoriales, así como en los grupos parlamentarios. Confío en que todos estemos a la altura de las circunstancias y seamos capaces de pactar la reforma del sistema, de forma que se garantice a todas las Comunidades Autónomas una suficiencia de recursos para la prestación de sus competencias, y en especial de los servicios públicos fundamentales, sin olvidar que debe ser compatible con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

- Los aplazamientos en el pago del IVA son una gran ayuda para los autónomos. ¿Cree posible fijar de manera permanente esta medida para evitar las incertidumbres de todos los años?

- Esa es la idea. Precisamente para evitar esa incertidumbre, la Agencia Tributaria (AEAT) publicó en enero de este año una Instrucción, con vocación de permanencia en el tiempo. La Instrucción aclara esta cuestión y permite que los autónomos puedan seguir aplazando sus deudas por IVA hasta 30.000 euros, mediante un procedimiento automatizado sin necesidad de aportar garantías, ni de justificar el impago de las facturas, ni la existencia de dificultades transitorias de tesorería, como se exige para deudas de importe superior. 
Los trabajadores económicamente dependientes, a los que se les rescinde el contrato, perciben una indemnización que no está exenta en el IRPF como lo está en el caso de los asalariados.

Debemos proteger a los autónomos y a las pymes de los abusos de empresas más fuertes

- ¿Hacienda prevé acabar con esta discriminación?

- No existe tal discriminación. Solo están exentas del Impuesto las indemnizaciones por despido en la cuantía establecida con carácter obligatorio en la normativa laboral, pero nunca las establecidas en virtud de convenio, pacto o contrato. En el caso de los trabajadores económicamente dependientes no existe una cuantía obligatoria por ley que deban percibir, sino que siempre se establece en virtud de un pacto, convenio o contrato, por lo que, en coherencia con el tratamiento fiscal que se otorga a los trabajadores asalariados, estas indemnizaciones no pueden estar exentas.

- La nueva Ley de Contratos del Sector Público así como el proyecto de Régimen Sancionador incorporan medidas que limitan la posiblidad de que las administraciones inclumplan la Ley de Morosidad. ¿Cree que así se acabará con los amplios periodos de pago que persisten en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas?

- El periodo medio de pago ha disminuido extraordinariamente con las medidas que hemos ido introduciendo en los últimos años. La situación actual no tiene nada que ver con la del pasado. Hay que recordar que la deuda comercial de las Administraciones Públicas, la mayoría perteneciente a las comunidades autónomas, había crecido hasta alcanzar en 2011 los 35.000 millones de euros, y el periodo medio de pago llegó a situarse a comienzos de 2012 por encima de los 140 días. En el caso de las CCAA, la deuda comercial está en 6.126 millones de euros y el PMP está en 23,7 días en el mes de mayo, el último dato disponible. Esto supone que las Comunidades llevan seis meses consecutivos por debajo de los 30 días. En el caso de las Entidades Locales, sólo el 15% de las que presentan información tienen un el periodo Medio de Pago superior a 60 días. Si descontamos éstas, el resto tiene un PMP de 13,4 días. En cualquier caso, nuestro objetivo es que todas las administraciones públicas cumplan con el plazo establecido, y las medidas que hemos adoptado y las que podamos seguir tomando van a contribuir a acabar con esa morosidad. En este sentido, el texto que se ha votado en la Comisión de Hacienda del Congreso, aporta nuevos elementos para la lucha contra la morosidad y el control del cumplimiento de los plazos de pago. En concreto, el texto aprobado exige a los poderes adjudicadores la comprobación del cumplimiento de los plazos de pago, para determinados contratos, y prevé la posibilidad del pago directo a los subcontratistas, cuando así se haya incluido en los pliegos. Son nuevas medidas para la lucha contra la morosidad, que han recibido un amplio apoyo de todos los grupos parlamentarios en el Congreso. No obstante, habrá que esperar a la aprobación definitiva de la Ley, prevista para el mes de septiembre.

- ¿Qué supondrá la Ley de Contratatos del Sector Público para las pymes?; ¿tienen alguna previsión de cuánto se puede elevar la participación de éstas en los concursos públicos?

- El objetivo es hacer más accesible para las pequeñas y medianas empresas la contratación con la Administración Pública. Para eso, la ley introduce medidas para mejorar la transparencia en las licitaciones, al tiempo que se reducen las cargas administrativas y se fomenta la contratación electrónica. Esto hará que  las contrataciones sean más sencillas, menos costosas y más abiertas a una mayor competencia, en especial por parte de las pequeñas y medianas empresas, que en ocasiones se ven impedidas de acudir a determinadas licitaciones porque carecen de medios o de información suficientes para hacerlo. Se introducen también nuevas medidas para fomentar los lotes en las licitacoines. No obstante, como decía, debemos esperar a la aprobación definitiva de la Ley.

El ‘cheque familia’ se extenderá a las familias que tengan personas mayores a su cargo

- En el Congreso se ha aprobado una proposición para crear un régimen sancionador que penalice a las empresas privadas que pagan a sus proveedores a más de 60 días. ¿Qué sanciones cree usted que son necesarias para evitar la lacra de la morosidad? ¿Van a trabajar con las organizaciones de autónomos para fijar este régimen sancionador contra la morosidad en el sector privado?

- El Gobierno ha combatido la morosidad en el sector público, seguramente más que ningún otro gobierno, y ha conseguido importantes resultados. Y estamos actuando para conseguir los mismos resultados también frente a la morosidad en el sector privado. Por ejemplo, cuando abrimos la posibilidad de que el órgano contratante de una Administración pueda exigir como criterio de solvencia para poder acceder a una adjudicación el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores. Debemos proteger a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas de los abusos de empresas más fuertes que ponen en serios apuros la viabilidad de sus negocios. Hemos dialogado con los representantes del sector para buscar la mejor manera de acabar con la morosidad y lo vamos a seguir haciendo. Las sanciones pueden ser un medio, pero no el único, y debemos estudiar cómo se articula.

- ¿Cómo puede afectar a los autonómos proveedores de las administraciones catalanas la posible retención del FLA?

- Si por algo se caracteriza este Gobierno es por defender a los autónomos y pequeños empresarios proveedores de las Administraciones Públicas. La condicionalidad para el acceso a la liquidez ofrecida por el Estado incluía pagar las facturas de esos proveedores, a los que el propio Estado ha abonado directamente muchas de esas facturas estos años. El pago directo a proveedores ha sumado 94.813 millones de euros en toda España, de los que 23.008 millones de euros han sido para proveedores de servicios públicos de Cataluña. A partir de esta explicación, está claro que ninguna actuación que pueda adoptar el Gobierno respecto a cualquier comunidad va a afectar negativamente a los proveedores, sino todo lo contrario: se les va a seguir ayudando y protegiendo.