Autónomos y pymes se ahorrarán 1.800 millones de euros con la eliminación de trabas

La tarjeta sanitaria como claro ejemplo de lo que Lorenzo Amor, presidente de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) no ha dudado en calificar de “disparidad administrativa”. O lo que es lo mismo, el caos normativo al que se enfrentan los autónomos, pequeñas empresas y ciudadanos en España.

Todo un lastre que limita la competitividad, el crecimiento y la generación de empleo de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas españolas. Durante su comparecencia en la Comisión para la evaluación y modernización del Estado Autonómico celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, Amor ha afirmado que de eliminarse las 101 trabas que se han detectado gracias al convenio que ATA firmó con el Ministerio de Hacienda y Función Pública hace casi cuatro años, los autónomos y las pequeñas empresas se ahorrarían 1.760 millones de euros.

Los últimos datos oficiales apuntan que, hasta 2016, se habrían suprimido medio centenar de trabas administrativas que han supuesto un ahorro de 1.000 millones de euros en la economía real. Tendencia que continuaría en 2017, año en el que presentaron 31 propuestas de eliminación y que, de ejecutarse, añadirían otros 450 millones de euros a la hucha.

No obstante y pese a los avances, el presidente de ATA ha insistido en que “esto es sólo la punta del iceberg” que deriva de la cesión de competencias a las autonomías. A día de hoy “no se han logrado agilizar muchos trámites e incluso, en muchos casos, como las bajas laborales de los autónomos se han entorpecido más”, ha señalado Amor. De hecho, sólo en 2017 se generaron más de 700.000 páginas de nuevas normas en los Boletines Oficiales de las comunidades autónomas, “algo inasumible si lo que se quiere es dar facilidades a los autónomos para que puedan desarrollar sus negocios”, ha sentenciado.

Para ATA, se requiere “caminar hacia una armonización fiscal” para facilitar el día a día de los autónomos y las pymes, mejorar su rentabilidad y su capacidad de creación. El presidente de la Federación ha afirmado que “la brecha fiscal que existe en España se debe a la potestad que tienen las comunidades autónomas a la hora de fijar los mínimos y máximos en el tramo autonómico de los grandes impuestos como el IRPF, así como en otros como Patrimonio, Sucesiones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD). Todo ello hacen que en nuestro país haya autónomos de primera y autónomos de segunda”. Punto este en el que Lorenzo Amor ha defendido la supresión del impuesto de sucesiones “se pierden muchos negocios porque los autónomos no pueden asumirlo”.

En España existen 83 tributos propios –de los que 11 se han declarado institucionales o no tienen efecto por existir uno estatal-. Cataluña con 18 encabeza el listado de las regiones con mayor presión fiscal. Frente a ello Madrid, que sólo cuenta con cuatro, siendo desde hace varios años la comunidad más liviana en términos impositivos.  A este respecto, Amor ha afirmado que superar las desigualdades fiscales requiere “revisar el sistema de financiación autonómica con el objetivo de que las Administraciones tengan dinero suficiente para soportar los costes de los servicios básicos (sanidad, educación, servicios sociales) y no se tengan que crear impuestos adicionales”. Revisión que, por otra parte, debería atender a parámetros como “la población (incluyendo la población flotante), la tasa de paro, la renta y la despoblación”.

Unidad de Mercado y protagonismo de los autónomos

Diseñar un sistema fiscal coherente, “combatir la disparidad normativa y homogeneizarla reconociendo las particularidades de cada una de las regiones” es, para el presidente de ATA, la síntesis de hacia dónde ha de virar el estado de las autonomías. Para ello, el presidente de la Federación ha reclamado que se de presencia al colectivo de autónomos en las mesas de diálogo social de cada una de las administraciones “es necesario para que se puedan desarrollar medidas que no den la espalda a los autónomos”.  

Entre la batería de propuestas que ha presentado ante los diputados, Amor ha puesto el acento en que se establezca un “tiempo máximo de 60 días las respuestas de las Administraciones a los administrados. Es fundamental. No puede ser que un autónomo tenga su negocio paralizado por estar esperando meses a que se le conceda o no una licencia, mientras que los autónomos tienen sólo 15 días para responder a los requerimientos de la Administración, subsanar errores o presentar documentación. Armonizar licencias tiene que ser algo muy simple”.

La anterior es una de las tantas cuestiones que pretendía resolver la Ley de Unidad de Mercado, aprobada en 2013. Sin embargo, poco se ha avanzado “la unidad de mercado debe ser una realidad. Un mismo servicio requiere diferentes trámites dependiendo de la CCAA. Las tasas, etiquetado, trámites son distintos. Es un retraso tremendo”, ha lamentado.   

Evitar duplicidades es otra de las claves para equiparar el actual modelo de autonomías “en el seno de la misma administración pública ofreciendo los mismos servicios un ayuntamiento y la comunidad autónoma”, ha destacado Amor. Asimismo, ha criticado la competencia desleal que se da tanto en las administraciones autonómicas como en las locales, en las que se ofrecen  servicios de asesoramiento, formación o gestión que realizan a su vez los autónomos.  “Están compitiendo en posición dominante. Sería necesario revisar qué cosas deben ser materia pública y cuáles entran en el ámbito de la empresa privada”.

Todo ello bajo el marco de la era digital. “Hay que aprovechar las posibilidades que nos ofrece la digitalización y las nuevas tecnologías para dar mayor acceso, agilizar los trámites y unificar los servicios básicos que requiere la apertura de un negocio”.