El Proyecto de Ley de los Planes de empleo

Los autónomos rechazan el fondo público de pensiones aprobado por Escrivá porque les discrimina frente a los asalariados

El Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley los Planes de Pensiones de Empleo. Una iniciativa que los autónomos rechazan por la discriminación que sufren con respecto a los asalariados.

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José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Los autónomos rechazan el fondo público de pensiones aprobado por Escrivá porque les discrimina frente a los asalariados

Apenas 100.000 autónomos estarían dispuestos a apostar por el fondo público de pensiones que quiere poner en marcha el Gobierno, según cálculos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Una medida diseñada por el Ejecutivo para que todos los trabajadores, pero especialmente los autónomos, puedan complementar el importe de su pensión mediante un producto de ahorro con garantía pública a través de la solicitud de planes de empleo simplificados o colectivos. Sin embargo, las diferencias que existen entre el trato que reciben los trabajadores por cuenta propia frente a los trabajadores por cuenta ajena, hace que la iniciativa sea fiscalmente poco ventajosa para el colectivo.

El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta el Proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, sin el consenso de sindicaos y patronales que han rechazado la propuesta. Durante la rueda de prensa posterior, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, explicó que con la futura aprobación de esta normativa -que se tramitará por vía de urgencia - “se va a poder ofrecer un producto de coste reducido desde el punto de vista de las comisiones. Y, al mismo tiempo, vamos a hacer que el beneficio fiscal, hay una deducción el Impuesto sobre la RENTA (IRPF), se oriente y focalicen en las rentas bajas y medias”.

En este sentido, los autónomos que suscriban estos planes de empleo podrían optar en un futuro por una deducción total de 5.750 euros anuales en el IRPF. Un importe que se eleva a los 10.000 euros al año para los asalariados, que tienen tanto derecho a una deducción de 8.500 euros por los planes colectivos, como a otra de 1.5000 euros por los planes individuales. Es justamente en esta deducción dónde estaría el agravio comparativo para los autónomos.

Una “discriminación” para los autónomos

La fuerte diferencia en el tratamiento fiscal de los planes, en función de si el contribuyente es autónomo o es asalariado, ha llevado a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) a rechazar la propuesta. Su vicepresidenta, Celia Ferrero, aseguró que los futuros “planes de empleo van a tener muy poco éxito y creemos que ni 100.000 trabajadores autónomos se van a adherir a los mismos”.

A su juicio, “existe una clara discriminación de los trabajadores por cuenta propia, con respecto a los trabajadores por cuenta ajena. Ya que las aportaciones que podrán hacer los autónomos serán casi la mitad de las que puedan hacer los asalariados. Y, por tanto, las deducciones fiscales a las que podrán optar los autónomos serán inferiores a las de los asalariados”.

En este punto, Ferrero criticó que no sólo hay una diferencia respecto al trato que se le da a los autónomos frente a los asalariados en el Proyecto de Ley, sino que también hay otro agravio comparativo si se compara con el tratamiento que reciben las empresas. “Los autónomos no tendremos las bonificaciones de la cuota empresarial que sí que tendrán las empresas que apuesten por que sus trabajadores participen o se adhieran a estos planes” comentó la vicepresidenta de la Federación.

Según la referencia del Consejo de Ministros de este martes, “el proyecto de ley también incorpora incentivos para las empresas, de forma que las contribuciones empresariales al plan de pensiones no cotizarán a la Seguridad Social, con un límite de 115 euros al mes por trabajador (1.380 euros al año), lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador”. Una medida con la que no contarán los autónomos, como criticó Ferrero.

Las cuatro razones por las que a los autónomos no le gustan los Planes de Escrivá

La supuesta discriminación en el trato fiscal que reciben los autónomos vs las que obtienen los asalariados y empresas es sólo una de las cuatro razones por las que a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) no le gustan los futuros Planes de empleo público. La vicepresidenta de la Federación, Celia Ferrero, enumeró el resto de razones por las que no estaban de acuerdo con la medida:

En segundo lugar, se encuentra que la medida no cuenta con el respaldo de los agentes sociales. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no ha conseguido el consenso del diálogo social para poner en marcha el Proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo. Ferrero dijo que el Ejecutivo “no tiene el respaldo de los agentes sociales, ni de las organizaciones de autónomos que deberían promover estos planes. Con los cual es muy poco probable que tenga éxito”.

El tercer problema que ve Ferrero a los Planes de empleo es que “no tienen incentivos fiscales suficientes para que sean atractivos para la población y que alcancen el éxito”. Por último, comentó que ATA no está de acuerdo en cómo el Gobierno va a gestionar el fondo: “si el dinero que se va a aportar al fondo de pensiones públicas es de empresas, trabajadores y autónomos no tiene sentido que sean los funcionarios de los ministerios los que decidan qué se hace y dónde se invierte este dinero. Es un punto dónde la la Administración se ha reservado poder de veto” apuntó.

Por todo ello, Ferrero cree que “tanto los planes de empleo de promoción pública, como los planes simplificados para autónomos nacen prácticamente muertos”.

Los planes son “insuficientes”

La Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) siempre se ha mostrado reacia a la aprobación de estos planes de empleo públicos. En su último comunicado, emitido el martes tras la aprobación del Proyecto de Ley, su presidenta, Pilar González, explica que “es una ocasión perdida para la revisión estructural del sistema de pensiones". 

Según explican en un comunicado, si bien el objetivo de la normativa será promover la implantación de esquemas de ahorro colectivos en todas las empresas, mediante la implantación de “algunos incentivos en materia de cotizaciones sociales. Lamentablemente, dicho incentivos distan de ser relevantes. Los importes que resultan de la fórmula propuesta en el proyecto de ley son deducciones de la base de cotización, por lo que su efecto en los costes salariales es mucho menor. En opinión de la industria aseguradora, estas deducciones resultarán insuficientes para generalizar el ahorro en el ámbito de las relaciones laborales”.