Los autónomos reclaman más dinero para formación
De cada 100 trabajadores que participan en cursos de formación para el empleo, sólo tres son autónomos. Además, sólo uno de cada 300 planes formativos están orientados específicamente para el colectivo. Sin embargo, en su artículo tercero, la Ley de Formación aprobada en septiembre de 2015 reconoce el “derecho individual a la formación y la garantía de igualdad en el acceso de los trabajadores, las empresas y los autónomos a una formación vinculada a las necesidades del mercado de trabajo”.
Esta sentencia presupone que cualquier trabajador por cuenta propia debe tener acceso a programas que mejoren su capacitación profesional. Ahora bien, para eso hace falta dinero, algo que desde hace cinco años escasea cada vez más si atendemos a que en este periodo el presupuesto destinado a la formación para los autónomos se ha reducido cerca de un 75%, de los 12 millones de la convocatoria de 2013 a los tres de las de los dos últimos años.
Aunque en la convocatoria de 2016, la Fundación Estatal para el Empleo (antigua Fundación Tripartita) fijó una partida de seis millones de euros en ella se incorporaba la parte correspondiente a la de 2015, que quedó vacía. Es decir, que la cuenta sale a tres millones de euros por año con los que, en palabras de José Luis Perea, responsable del área de Formación de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos), “es muy difícil mejorar la competitividad de los autónomos”. Concretamente, el número de beneficiarios apenas sería de 6.000 o 7.000, según el portavoz de ATA, o lo que en términos porcentuales viene a ser de entre el 2,5% y el 3% de los 3,23 millones de autónomos.
Tras la aprobación en el Consejo de Ministros extraordinario de ayer de un Real Decreto que -tras casi dos años de espera- desarrolla la Ley de Formación Profesional para el Empleo, los autónomos piden una mejora de las partidas económicas que venga determinada por la elaboración de un informe previo de la Dirección General del Trabajo Autónomo. Además, solicitan que éstas se repartan en función de la representatividad de las organizaciones en cada una de las comunidades autónomas. "La Ley no cambia la cuantía del presupuesto. Sólo abre las puertas a la participación de las organizaciones en el diseño de los programas", puntualiza Sebastián Reyna, director técnico de IFTA (Instituto para la Formación del Trabajo Autónomo) y ex secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).
Cabe destacar además que el dinero que se destina a la formación de los autónomos provienen de las cotizaciones de empresarios y trabajadores. Es decir, de la en palabras de Reyna "generosidad de los agentes sociales". A este respecto tanto ATA como UPTA se muestran favorables a que parte de la cotización de los autónomos se destine a financiar este tipo de programas diseñados ad hoc. “Resulta paradójico que los autónomos que tienen empleados paguen por formar a sus trabajadores, pero no puedan formarse ellos primero porque no hay dinero y segundo porque no hay cursos adaptados a sus necesidades”, apostilla Perea.
Otra de las soluciones es que la bolsa acumulada de los cotizantes por cese de actividad pase a financiar actuaciones para mejorar las competencias de los autónomos. A este respecto, cabe recordar que el 0,1% de quienes cotizan por el conocido como “paro de los autónomos” han de destinarse a la puesta en marcha de programas formativos que faciliten su reincorporación al mercado laboral y que desde que se puso en marcha en 2013 lleva acumulados cerca de siete millones de euros que aún “están sin tocar”. Misma situación que se da con los autónomos del mar, que por este concepto aportan a la caja de la Segurida Social un 0,7%.
Más participación y mejor diseño
Ni por horarios, ni por materias, ni muchas veces por medios y cualificación. Desde hace años, el colectivo representado mayoritariamente por ATA y UPTA demanda mayor participación en la “detección de necesidades, diseño, programación y difusión de la oferta formativa” para el empleo. Pues bien, la Ley de Medidas Urgentes para el Trabajo Autónomo, en su artículo 13, así lo reconoce.
La redacción no supone una novedad respecto a lo que determinó en su momento la citada Ley de Formación Profesional, que lleva cerca de dos años sin desarrollo reglamentario. Será a partir de este miércoles cuando el BOE (Boletín Oficial del Estado) empiece a llenar este vacío.
El artículo cinco da voz a los autónomos en el diseño del escenario plurianual del sistema, que indentificará los objetivos y competencias de atención prioritatiria (colectivos, sectores, etc…). El trabajo pasa también por elaborar propuestas que permitan la adaptación y mejora de las competencias de los trabajadores según las tendencias y novedades de los modelos económicos. Además, se reforzarán las actuaciones en sectores económicos motor de crecimiento y creación de empleo y aquellos en reconversión.
