La Autoridad Fiscal propone una renta mínima compatible con el trabajo autónomo

¿Renta mínima sí o no? La posición de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo de control creado en el 2013 por el Gobierno a instancia de la Unión Europea, es un sí condicionado. La institución que preside José Luis Escrivá presentó ayer el estudio Los programas de rentas mínimas en España en el que se analiza el impacto de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) propuesta por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para el Establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de  la Seguridad Social.

Para la Airef, esta prestación de 426 euros -equivalente al 80% del IPREM (Indicador Público de Rentas Múltiples)- sería viable siempre y cuando se modificasen “algunas debilidades desde el punto de vista de su eficacia, institucionalidad y eficiencia” que se han detectado en la propuesta inicial.

La Autoridad Fiscal propone hacer esta prestación para personas con dificultades económicas compatible con el empleo, a modo de complemento salarial, que se iría adecuando a los ingresos hasta que se alcanzase un salario considerado como suficiente. Asimismo, sería aplicable tanto a trabajos por cuenta ajena como por cuenta propia, “no hacemos distinciones”, puntualizan desde la Airef.

Hasta ahora, ayudas como la renta activa de inserción de 430,27 euros mensuales sólo permiten compatibilizar la ayuda con empleos asalariados a tiempo parcial. Otro ejemplo es el del extinguido Plan Prepara, para favorecer la inserción de parados de larga duración, que impedía expresamente cobrar la subvención y trabajar al mismo tiempo. De hecho, en el momento en el que el beneficiario se incorporaba al mercado laboral, aunque fuese a media jornada, la subvención se suspendía de forma automática. Incompatibilidades que, según la Airef, “desincentivan” el acceso al mercado laboral. En este sentido sugieren que, de ponerse en marcha la renta mínima, se tome como referencia el modelo que se aplica en el País Vasco donde se incentiva con hasta 100 euros a aquellos que compatibilizan la prestación con un empleo.

De cara a evitar los posibles fraudes que puedan producirse en el cobro de la prestación, el organismo sugiere que se establezca como requisito la inscripción en la Agencia Tributaria de los beneficiarios. Algo que, pese a la variabilidad de los ingresos, también “sería suficiente” para quienes compatibilizasen la prestación con un trabajo por cuenta propia.

La renta como requisito principal

Entre las lagunas de la ILP planteada por los sindicatos se encuentra el requisito de estar inscrito como demandante de empleo durante los 12 meses anteriores a la solicitud, lo que igualaría la prestación con el estatus de parado de larga duración. A este respecto, la Airef considera que la Iniciativa Legislativa Popular “está enfocada a rentas bajas y en menor medida a rentas medias” y que “pierde la focalización en el objetivo principal” que es el de reducir el nivel de pobreza severa. Por ello, proponen que sea la renta del hogar el requisito principal de acceso a la ayuda y eliminar los relativos a la situación laboral de los potenciales beneficiarios. Es decir, no sería necesario darse de alta en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

En términos de ingresos la pobreza severa, se refiere a rentas de 355 euros mensuales por individuo o de 746 euros mensuales para un hogar de dos adultos y dos niños (rentas inferiores al 30% de la mediana de renta disponible en el país). En España la tasa es de un 6,5%, la segunda más alta de la Unión Europea después de Rumanía.

Asimismo, la Airef plantea evitar discontinuidades en la cuantía de la prestación. Es decir, que no se interrumpa en el caso de encontrar un empleo como ocurría con el Plan Prepara. Esto no significa que la prestación se mantenga lineal, de hecho una de las opciones pasa por la reducción progresiva del importe según se incrementen los ingresos del hogar.

Compatible con otras prestaciones

Para mejorar la eficiencia en el plano institucional el organismo propone que se asegure que la renta mínima sea complementaria a otras políticas activas y a la prestación de  servicios sociales. Refiriéndose en concreto a la prestación no contributiva por hijo a cargo.

También se debería simplificar el maremagnum de programas rentas mínimas que existen entre las distintas administraciones, siendo la Seguridad Social el paraguas principal del que dependería la prestación. Desde la Airef destacan, además, que al eliminar duplicidades el coste fiscal de la renta mínima se reduciría en unos 2.000 millones de euros.

En relación a los programas que operan en las administraciones autonómicas, el estudio resalta las “disparidades relevantes” tanto en los niveles de gasto como en los de adecuación. Por ejemplo, en el País Vasco se destinan cerca de 200 euros per cápita en programas de rentas mínimas. Muy por encima de la media del resto de comunidades autónomas, de menos de 40 euros, y de Castilla la Mancha, que con menos de cinco euros, es la región que menos presupuesto destina a estas actuaciones.

3.500 millones de coste y reducir un 60% la pobreza severa

La propuesta de los sindicatos supone un gasto de más de 7.200 millones de euros -que, podría elevarse hasta los 9.800 millones de euros por el “efecto llamada”- Frente a ello, la idea que propone la Autoridad Fiscal reduce el coste hasta los 5.500 millones de euros a los que habría que restar los citados 2.000 millones de euros por reducción de duplicidades. En definitiva, el coste total del modelo de la Airef sería de 3.500 millones de euros en cualquiera de las dos alternativas que se detallan en el estudio.

Además de la eficiencia en el gasto, las modificaciones planteadas por el organismo que preside José Luis Escrivá llegarían a unos 700.000 de hogares más, reduciéndose la tasa de pobreza severa entre un 46% y un 60,4% -según la opción que se aplicase-, esto es entre 18 y 32 puntos por encima de lo que lo haría la iniciativa llevada al Congreso por Comisiones y UGT.

La primera opción es mantener una sola prestación con dos tramos, uno por debajo del 20% de la mediana renta, en el que la cuantía a percibir sería del 80% del IPREM para los beneficiarios del primer tramo a lo que se añadiría un complemento de 1.200 euros al año por hijo a cargo (con un máximo de tres). En el segundo de los tramos, que englobaría a quienes cuentan con ingresos de entre el 20% y el 60% por debajo de la mediana renta, sólo percibirían el complemento por hijo a cargo.

La segunda alternativa sería mantener también una sola prestación con dos tramos pero, en este caso, el primero de ellos sería de menos del 30% de la renta mediana y el segundo entre el 30% y el 60%. En esta opción, la ayuda sería decreciente en el primer tramo desde el 80% del IPREM hasta el 10% hasta alcanzar una renta suficiente. La cuantía del complemento por hijo sería de 1.680 euros al año para los beneficiarios del primer tramo y de 1.200 euros al año para los del segundo, que no percibirían renta adicional.