El Banco de España advierte al Ejecutivo que los requisitos de las ayudas directas pueden dejar fuera a muchos autónomos

El Banco de España sigue advirtiendo al Gobierno del riesgo que todavía existe de que el endeudamiento de los autónomos y pequeñas empresas acabe convirtiéndose en un problema para su viabilidad. El paquete de 11.000 millones de euros que aprobó el Ejecutivo en marzo, que incluye ayudas directas o quitas, iba precisamente dirigido a apuntalar la solvencia de los negocios que, aún siendo viables, se hayan visto sobreendeudados a raíz de la crisis. 

Sin embargo, en su último informe anual, el Supervisor avisa que, si bien "el tamaño global del plan aprobado en marzo permitiría cubrir las necesidades de saneamiento de las empresas y de los empresarios individuales" en el escenario más favorable de recuperación, en el menos optimista podría dejar excluidos a algunos autónomos con negocios viables pero muy endeudados, que necesitarían también de estas medidas.  

Todo ello, a pesar de los dos últimos cambios aprobados por el Gobierno, que permiten a las comunidades introducir a nuevos potenciales beneficiarios de las ayudas bajo su propio criterio. Al parecer, estas modificaciones podrían no ser suficientes en el escenario más pesimista, donde la recuperación económica llegaría más tarde por posibles rebrotes del virus, pérdida de la eficacia de las vacunas y aumento de las restricciones en las actividades hasta 2023. 

Aunque el Supervisor valora la decisión del Gobierno de delegar en las autonomías la potestad para ampliar las ayudas a sectores clave en su territorio, continúa viendo riesgo en la perspectiva sectorial de este paquete, ya que los negocios viables pero golpeados por la crisis no siempre se encuentran entre los sectores más afectados por la pandemia, ni tampoco entre los sectores productivos con más peso en la comunidad.

Riesgo de que las ayudas no lleguen a negocios viables por los requisitos

El Banco de España reconoce en su informe anual que "la asignación de las ayudas directas se basa en criterios simples, lo que puede facilitar su implementación en un contexto de cierta urgencia". Pero, esta misma simplicidad en el diseño "podría reducir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos que se persiguen. En la medida en que los requisitos para optar a las ayudas se basan en criterios de pertenencia a determinados sectores y de caída de la facturación, existe el riesgo de que éstas no lleguen a todas las empresas (y empresarios individuales) que, siendo viables, se encuentren en una situación de exceso de endeudamiento". 

En la puesta a punto de las ayudas directas, el Ejecutivo ya avisó que no mantendría con fondos públicos a las denominadas 'empresas zombies', negocios abocados al cierre y que ya venían lastrados desde mucho antes de la crisis. Para evitar que las ayudas lleguen a autónomos y empresas "inviables" se establecieron tres filtros: la pertenencia a uno de los 95 epígrafes publicados por el Gobierno, una caída mínima de facturación del 30%, y la exigencia de haber cerrado 2019 con un resultado positivo.

La pertenencia a sectores y caída de facturación excluye a algunas empresas

El problema es que hay autónomos que, aún no hallándose "entre los sectores más afectados por la crisis", pueden ver aumentados "sus problemas de insolvencia. En buena medida, porque la situación de insolvencia analizada en los ejercicios anteriores no sólo depende de la caída de la facturación, sino también de la posición de partida antes de la crisis en relación con los niveles de rentabilidad y de endeudamiento".

Además, la detección de estos negocios viables pero afectados por la crisis sería incluso más difícil entre "las actividades de menor dimensión y de los empresarios individuales", debido a "su elevado número y al menor grado de información normalmente disponible sobre su situación y perspectivas económicas y financieras". 

Es más, el riesgo de establecer criterios sectoriales y de facturación para el acceso, advierte el Supervisor, también se puede dar a la inversa: es decir, que " suponga la asignación de recursos del programa a empresas y a autónomos que pueden no  hallarse en una situación clara de riesgo de insolvencia o endeudamiento insostenible", en detrimento de otros que sí los necesitan. 

También podría ser necesario aumentar la dotación de las ayudas

Así mismo, y aunque las condiciones de acceso a las ayudas se puedan modular por parte de las comunidades, la mayoría de territorios se verían de todos modos limitados por los fondos. Es decir, para aumentar el número de beneficiarios, flexibilizando los requisitos, las autonomías tendrían que reducir por fuerza la cuantía a percibir por cada uno de los beneficiarios, ya que el dinero del que disponen, hasta la fecha, no es ampliable.

Por tanto, "también es necesaria la flexibilidad en el volumen y en el uso de fondos comprometidos, para adaptarse a la propia evolución de la pandemia y a la eventual materialización de los riesgos", recomienda el Supervisor.

Esto sería especialmente importante en determinados escenarios en los que la relajación de las medidas restrictivas a las actividades no sea tanta como se espera ahora mismo y la recuperación económica termine siendo más lenta. Concretamente, el organismo remite a tres supuestos que realizó en su proyección macroeconómica de marzo para la salida de España de la crisis: uno más optimista, otro moderado y un último más severo.

Al parecer, los fondos asignados al plan podrían ser suficientes en la proyección más optimista, pero quedarse cortos en la más severa, ya que en este escenario, las vacunas perderían eficacia, las restricciones permanecerían hasta bien entrado el 2023, y serían muchos más los negocios en riesgo de insolvencia.

De hecho, el escenario severo contemplaría "una fuerte intensificación de la pandemia, con nuevas variantes del virus que implican también una menor eficacia de las vacunas, lo que llevaría a los gobiernos a mantener algunas medidas de contención hasta mediados de 2023 con descensos sustanciales y permanentes del potencial económico", apuntó el Banco de España.

Por este motivo, la eficacia final de estas medidas dependerá de "su aplicación efectiva y de su capacidad de adaptación, en cuanto a tamaño y diseño, a la evolución del impacto de la pandemia sobre la situación económica y financiera de las empresas".

La clave está en que las ayudas se repartan rápido

Independientemente de los criterios y fondos, el Supervisor advierte también que, para que las ayudas resulten una herramienta útil, "es particularmente relevante su ejecución rápida y homogénea, y que los mecanismos de reparto permitan focalizar selectivamente las ayudas precisamente en las empresas viables, pero con problemas de solvencia ".

No obstante, muchas comunidades, que son las encargadas en última instancia de repartir las ayudas directas entre sus autónomos, han criticado la sobrecarga de trabajo a la que han sido sometidas para gestionar estas subvenciones, que podría dilatar la gestión y pago del dinero. Algunas de las autonomías que hace apenas unos días todavía no habían enviado el convenio firmado al Ejecutivo aseguraron a este digital que continuaban negociando con el Gobierno algunos puntos del documento en los que no están de acuerdo. 

Entre ellos, los más repetidos son la estricta burocracia y la ampliación de los beneficiarios que permite a las comunidades extender la lista fijada por el Gobierno pero, que a la vez, supone una carga más para ellas a la hora de evaluar y decidir qué actividades sí y cuáles no podrán cobrar el dinero.

El intercambio de la información tan exhaustiva no es una tarea fácil para los gobiernos regionales. "Recabar semanalmente semejante cantidad de documentos supondrá mucho tiempo y podría colapsar las administraciones. Es un procedimiento muy antiguo e impropio de una Administración que presume de que va a digitalizar España", dijo el Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty.