viernes. 22.11.2019

AUMENTÓ EL 17% EN UN AÑO

La bolsa de facturas pendientes de pago de las CCAA a sus proveedores ha crecido hasta los 5.000 millones

La bolsa de facturas pendientes de pago de las CCAA a sus proveedores ha crecido hasta los 5.000 millones
El importe que las diecisiete administraciones autonómicas deben a los autónomos y empresas que les prestan algún tipo de servicio o les proveen de bienes se ha incrementó en más de 700.000 euros entre junio de 2018 y el mismo mes de 2019. La bolsa de facturas pendientes ya acumula casi los 5.000 millones de euros.
La bolsa de facturas pendientes de pago de las CCAA a sus proveedores ha crecido hasta los 5.000 millones

Los gobiernos regionales parecen no corregir su conducta. Al contrario, hasta junio, acumularon una deuda con sus proveedores de 4.898,54 millones de euros, un 16,7% más que la del mismo periodo del año pasado (4.197,47 millones de euros). Esto significa que las comunidades autónomas (CCAA) han aumentado en 701 millones de euros en un año la bolsa de facturas pendiente de cobro de los autónomos y las empresas que les prestan sus servicios o proveen de bienes, según los datos del Informe Mensual de Plazos de Pago a Proveedores elaborado por el Ministerio de Hacienda. Asimismo, las cifras hechas públicas por el departamento que dirige en funciones María Jesús Montero dejan al descubierto que sólo pagan en 55% de las facturas frente a 62% de media que se abonaban más o menos puntualmente un año antes.

El dato se agrava si se tiene en cuenta que el importe de los pagos realizados a proveedores se redujo un 7,9% interanual, desplomándose desde los 4.546 millones de euros abonados el pasado ejercicio hasta los 4.186,53 millones de euros de este. En términos absolutos, la suma de las facturas pagadas por las autonomías a proveedores ha sido casi 360 millones euros inferior a la del año precedente.

El incremento de la deuda comercial de las comunidades autónomas se produce en un marco en el que el periodo medio de pago a proveedores también ha empeorado. Si bien, durante el primer semestre de 2018, el periodo medio de pago a proveedores era de 33,45 días, este año 2019 es de 33,51. A pesar de ello, seis comunidades autónomas (Cataluña, Canarias, Castilla y León, Navarra, Islas Baleares y Andalucía) han reducido el tiempo que tardan en abonar sus facturas.  

¿Por qué se produce el incremento de la deuda?

Según los expertos consultados, la razón podría tener que ver con la parálisis política que ha impedido aprobar los Presupuestos Generales del Estado y , a su vez, las trasferencias a las CCAA. Eso siempre acaba dejándose notar en la economía real ( la que mueven los autónomos y los pequeños negocios). Estos son los integrantes del último eslabón de la cadena y quienes acaban pagando las consecuencias en forma de morosidad.

Cada año, el Gobierno central ha de transferir a las comunidades autónomas los llamados anticipos o entregas a cuenta con las que se financian gran parte de los servicios públicos regionales. Entre ellos, muchos que son prestados por trabajadores por cuenta propia o pymes - por ejemplo, las cafeterías de organismos públicos, los proveedores de papelería y material de oficina, o los servicios de limpieza y mantenimiento). Estas cantidades provienen tanto de los impuestos cedidos total o parcialmente por la administración central a las autonomías,como pueden ser el impuesto de Sucesiones y Donaciones, el de Transmisiones Patrimoniales o el tramo autonómico del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), entre otros.

Realizar estas  transferencias requiere actualizar la cifra de ingresos públicos cada ejercicio. Algo que, a priori, sólo puede realizarse bajo el marco de los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, al no haberse aprobado las cuentas para este ejercicio, las entregas a cuenta permanecen congeladas.

Así pues, son 7.500 millones de euros -5.000 de pagos a cuenta y 2.500 por el desfase que se produjo tras la implantación del SII (Sistema Inmediato de Información) del IVA- los que no han llegado este año a las comunidades autónomas y, por tanto, a los proveedores de las mismas. Sin embargo, muchas de ellas ya habían renovado o formalizado nuevos contratos con proveedores y  elevado su gasto a principios del ejercicio de 2019, antes de que el Congreso tumbase los Presupuestos y se convocasen elecciones generales. De ahí que el importe de los pagos pendientes de 12 autonomías haya aumentado en el primer trimestre de 2019.

La situación podría empeorar

De continuar la inestabilidad política en España, tanto la deuda acumulada como los periodos medios de pago podrían aumentar aún más. El Gobierno en funciones es consciente de ello. María Jesús Montero, titular de Hacienda en funciones, reconoció durante la sesión plenaria celebrada en el Congreso de los Diputados el miércoles 11 de septiembre que de no poderse desbloquear las transferencias a las autonomías “podrían acabar elevándose los plazos de pago a proveedores”.

Es decir, al aumento del volumen de la deuda -que ya es un hecho- se sumaría un plus de tardanza en el cobro, lo que -al igual que ocurrió en la pasada crisis- acabaría ahogando a los miles de proveedores autónomos que trabajan para la administración. Pese a ello, no parece que en el corto plazo se vayan a tomar medidas  si tenemos en cuenta que en el citado pleno se rechazo -con 175 votos en contra, 147 a favor y 14 abstenciones- la proposición no de Ley presentada por el Partido Popular sobre financiación autonómica y con la que se instaba al Ejecutivo en funciones a “adoptar cuantas medidas sean necesarias para que las comunidades autónomas reciban, de manera urgente, los recursos financieros que les corresponden, incluyendo las entregas a cuenta de 2019 y la liquidación definitiva de 2017” así como a compensar los 2.500 millones de euros de desfase por el SII.  

En este punto, cabe recordar que en marzo de 2012 el ex- ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, puso en marcha la primera de las tres fases del Plan de Pago a Proveedores con el que se abonaron más de ocho millones de facturas cuya suma rondó los 42.000 millones de euros y que permanecían guardadas en los cajones de la administración. Algunas, incluso estaban giradas en las antiguas pesetas.

El Estado y cinco regiones reducen su deuda   

A pesar de todo lo anterior, cinco comunidades autónomas han reducido su deuda con respecto a los seis primeros meses de 2018. Estas son Extremadura, Canarias, País Vasco, Asturias e Islas Baleares. Llama especialmente la atención el caso de la región que preside Guillermo Fernández Vara, cuya deuda comercial con proveedores se ha reducido a más de la mitad, desde los 142,3 millones de euros hasta los 67,3 millones.

En la parte contraria de la tabla se encuentra el caso de la Región de Murcia y Madrid con incrementos de más del 85% (desde los 129,36 hasta los 240,3 millones de euros) y 59% (desde los 460,14 hasta los 735,3 millones de euros) respectivamente. Cataluña, por su parte, continúa en cabeza con una deuda a proveedores de 1.498,37 millones de euros, lo que supone cerca de 5.200 millones más que en junio del año pasado.

En el caso de la administración central y la Seguridad Social los datos son positivos. Ambas rebajaron el importe adeudado a los proveedores en un 9,19% (hasta los 595,32 millones de euros) y un 64,2% (hasta los 28,87 millones de euros) respectivamente en el último año. Y el importe abonado fue de un 42,36% (más de 1.000 millones de euros) y un 48,20% más (casi 87,1 millones).

Igualmente, las dos redujeron el periodo medio de pago. La primera en 13 días -desde 43,93 a 30,20- lo que la sitúa dentro del plazo máximo establecido por la Ley de Morosidad. En el caso de la Seguridad Social, que siempre ha estado entre las más cumplidoras, el citado periodo medio de pago cayó casi a la mitad, de los 23,72 a los 12,94 días.

Cuadro_PMP_Jun19

La bolsa de facturas pendientes de pago de las CCAA a sus proveedores ha crecido hasta los 5.000 millones