miércoles. 27.10.2021

Bruselas da la razón a Montoro y deja a los proveedores sin cobrar 3.000 millones de intereses

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea alude a la voluntariedad en la renuncia.

Bruselas da la razón a Montoro y deja a los proveedores sin cobrar 3.000 millones de intereses

Una de cal y otra de arena. Si bien ayer la Comisión Europea abría un expediente a España por superar los 30 días de plazo máximo que fija la normativa europea para pagar a proveedores y, previa amenaza de multa, urgía a tomar medidas al respecto de aquí al mes de abril, esta misma mañana, el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) salía al rescate de Hacienda.

Montoro no tendrá que pagar los 3.000 millones de intereses de demora a los más de 200.000 autónomos y pequeñas empresas que se acogieron al Plan de Pago a Proveedores en 2012. El reglamento del Plan establecía que el pago del principal de deuda conllevaba, de facto, la extinción de los intereses de demora que se hubieran generado así como cualquier otro coste derivado de la reclamación de la misma. Apunte que se da de bruces con lo establecido en la normativa europea contra la morosidad que califica de “manifiestamente abusiva” cualquier cláususa o práctica que tengan que ver con plazos de pago, intereses y compensaciones e impidan a los acreedores ejercer sus plenos derechos de cobro.

Sin embargo la sentencia del TJUE, que responde a una demanda presentada por la murciana IOS factoring en 2014, desdice la norma y alude a la voluntariedad del proveedor, “situación distinta es el caso en el que, siendo exigibles los intereses de demora y los costes de cobro, el acreedor haciendo uso de su libertad y mediante acuerdo voluntario con el deudor, renuncia a ellos a cambio del pago inmediato del importe principal de la deuda". Asimismo, lanza balones fuera y devuelve la pelota a los tribunales españoles a quien les toca comprobar si “se podrían haber utilizado todas las vías de recurso efectivas para exigir el pago de la totalidad de la deuda, incluidos los intereses de demora y los costes de cobro".

Injustificable y sorprendente

 

La sentencia resulta “injustificable y sorprendente” para Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) quien, mediante un comunicado afirma que “no se tiene en cuenta la relación de posición de dominio entre cliente y proveedor”. Y añade “lo justo es que se exigiera a las Administraciones Públicas (AAPP) que pagaran de oficio los intereses de demora. No es comprensible que cuando los ciudadanos y las empresas liquidamos nuestros impuestos fuera de plazo tengamos que pagar intereses y que no ocurra lo mismo con las AAPP”.

Precisamente, en esta misma línea, de desarrollar un régimen sancionador que se aplique tanto al sector privado como a las administraciones morosas, se pronunciaba el presidente de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos), Lorenzo Amor, la pasada semana durante la presentación del Informe sobre morosidad 2016 en el colectivo de autónomos. “En España la Ley de Morosidad bate el récord de insumisos y aquí no pasa nada”, se lamentaba. En este sentido confiaba en el “sentido común” de los políticos de cara al establecimiento de sanciones que impliquen también a las administraciones que no paguen.

Ley de Contratos del Sector Público

 

También hoy en el Congreso se debatían las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Finalmente habrá que esperar como poco al día 23 para tener una idea de si el Gobierno da marcha atrás con la redacción del texto. Lo cual podría resultar algo más factible tras las advertencias de ayer de la Comisión Europea.

El texto deja abierta la posibilidad al “pacto entre las partes”, así como a que sea la Administración que licite quien decida si comprueba o no que el adjudicatario del contrato cumple con los plazos establecidos en la Ley de Morosidad. Asimismo, prohíbe la acción directa, es decir, el subcontratista no puede reclamar al cliente, en este caso la Administración, las posibles deudas.

A este respecto, Amor y Cañete coinciden en que de llevarse adelante tal y como está “se daría marcha atrás” y se volvería a dar vía libre a que las empresas se financiasen a costa de no pagar a sus proveedores. Todo ello podría traducirse en la destrucción de puestos de trabajo y el cierre de empresas.

Bruselas da la razón a Montoro y deja a los proveedores sin cobrar 3.000 millones de intereses