Se destinarán 1.000 millones de euros

Cataluña es la que más dinero se lleva de la Ley de Autónomos

Según las estimaciones de ATA, se destinarán 165 millones de euros del presupuesto total de la Ley de autónomos a Cataluña. Le sigue Andalucía con 160 millones y, de lejos, Madrid con 120 millones. Ceuta, Melilla y la Rioja se colocan como farolillos rojos, entre las tres apenas superan los 10 millones de euros. 

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Cataluña es la que más dinero se lleva de la Ley de Autónomos

Cataluña será la que se lleve el trozo más grande del pastel de 1.000 millones de euros con los que se financiarán la veintena de medidas de la Ley de Reformas Urgentes para el Trabajo Autónomo. Según las estimaciones de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos), serán aproximadamente 165 millones de euros los que beneficiarán al colectivo de autónomos y emprendedores catalanes. Un 16,5% del presupuesto total.

Entre las razones que justifican la cifra se encuentra las nuevas afiliaciones al RETA (Régimen General de Trabajadores Autónomos). Desde enero los emprendedores se vienen beneficiando de la extensión de seis a doce meses de la Tarifa Plana, algo que es denominador común en el resto de comunidades. De hecho, en términos generales, ésta será la medida con mayor desembolso inicial por parte del Estado, entre 500 y 600 millones de euros, tal y como recogen los cálculos de Hacienda.

Le sigue en la lista Andalucía, que acaparará otro 16% del total de la partida. En términos absolutos en torno a 160 millones de euros.  

Pese a que Madrid es la región que registró el mayor crecimiento de autónomos el pasado año -ocho de cada diez nuevos afiliados al RETA pertenecían a esta comunidad- y a que es donde la losa de la presión fiscal que sufre el colectivo es menor, las previsiones apuntan a que sólo le corresponderá el 12% del presupuesto, unos 120 millones de euros.

Además del impacto, que a efectos de reparto, se deriven de las altas de nuevos autónomos en 2018 -cifrados desde la Federación que preside Lorenzo Amor en 65.000 para toda España- lo cierto es que las cantidades que irán a parar a cada una de las comunidades autónomas se corresponden con el censo total de autónomos. Así, y aunque el desafío secesionista puso en un brete al colectivo durante el segundo semestre de 2017, Cataluña continúa encabezando el número de afiliados al RETA, 546.923 según los registros de la Seguridad Social del mes de febrero. Las siguientes son Andalucía y Madrid, con 514.817 y 390.950 trabajadores por cuenta propia.

No es de extrañar por tanto, que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como La Rioja, Cantabria y Navarra, donde se encuentra la menor afiliación de autónomos, sean también a las que llegue menos dinero. Entre las cinco sólo suman 52 millones de euros.

Xarxa Emprèn

Los presupuestos de 2017 de la Generalitat de Cataluña (prorrogados esta año) destinaron cerca de 46,5 millones de euros a programas para el fomento del emprendimiento y el desarrollo empresarial. Cantidad bastante inferior a la de la Comunidad de Madrid que invirtió 71,28 millones de euros en actuaciones de apoyo a los autónomos y la economía social.  

No obstante, desde las Consejerías de Empleo y de Economía y Hacienda se han puesto en marcha una serie de iniciativas cuyo objetivo es favorecer el autoempleo en Cataluña. Es el caso de Xarxa Emprèn, un programa de acompañamiento para quienes deciden montar su propio negocio. Formación, mediación para acceder a financiación, asesoramiento y segunda oportunidad, son algunos de los servicios que se ofrecen a través de esta red público - privada en la que participan más de 150 entidades y 500 técnicos.

La Generalitat ofrece también un abanico de ayudas “en forma de garantía” de cara a financiar tanto los gastos de inversión como de circulante por importes mínimos de 10.000 euros y un máximo de 100.000 euros. Por otra parte, los autónomos que residen en la comunidad pueden acogerse al programa Consolida’t, de diagnóstico, formación y asesoramiento para la consolidación y crecimiento empresarial, así como solicitar una subvención para contratar a un menor de 30 años acogido al Plan de Garantía Juvenil.