Sábado. 25.05.2019

SANCIONES DE HASTA UN MILLÓN DE EUROS

Ciudadanos acusa a PSOE y PP de paralizar el régimen sancionador de la Ley de Morosidad

Ciudadanos acusa a PSOE y PP de paralizar el régimen sancionador de la Morosidad

La formación naranja ha acusado al PSOE y al PP de poner la zancadilla y terminar impidiendo que saliera adelante el texto que debía establecer sanciones de hasta un millón de euros para aquellos que incumpliesen con los plazos máximos de pago establecidos por Ley de Morosidad.  

Ciudadanos acusa a PSOE y PP de paralizar el régimen sancionador de la Ley de Morosidad

El pasado diciembre el problema de morosidad parecía que podía tener una solución. Y es que todo indicaba a que -tras más de ocho años de espera-, la norma que debía fijar las sanciones contra una lacra que se ha cobrado la vida de cerca de 200.000 autónomos y empresas en los últimos 10 años vería por fin la luz a mediados de este mes de febrero. Sin embargo, dos meses después todo ha quedado en el sueño de los justos. “PSOE y PP han cedido a la presión de los lobbies y han paralizado el régimen de sancionador de la Ley de Morosidad”, así lo ha denunciado a Autónomos y Emprendedores Sergio del Campo, diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y ponente de la Comisión de Economía y Empresa.

Al parecer, por aquellas fechas, todos los grupos parlamentarios habían alcanzado un consenso para dar el visto bueno a un texto -el de la Ley de refuerzo de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales-  que tomaba como base la proposición gestada por la formación naranja en la Cámara Baja en la primavera de 2017. A éste se incorporaron algunas de las mejoras planteadas en otra proposición de Ley paralela registrada en el Senado por el PDeCAT. Este texto consensuado establecía sanciones de hasta un millón de euros para ciertos morosos recalcitrantes.

La sorpresa llegó en el último momento, cuando el partido socialista presentó una enmienda transaccional en la que se recuperaba el “pacto entre las partes”. Es decir, quería que se permitiera al comprador de un producto o al contratador de un servicio pactar con su proveedor periodos de pago más allá de los 60 días que fija la ley como máximo para el sector privado. La citada enmienda transaccional establecía un nuevo plazo de pago de 120 días (90 por encima de la legalidad). Además, abría la posibilidad a abonar las facturas mediante avales de carácter provisional. 

Ni Ciudadanos ni PDeCAT transigieron, explica del Campo. Al igual que tampoco lo hicieron otros grupos, entre ellos Podemos, socios del PSOE en el Gobierno. Si embargo, parece ser que el Partido Popular no se opuso a la enmienda del PSOE, según asegura Ciudadanos.

Sin acuerdo ni tiempo para seguir negociando por el adelanto electoral, la única vía que queda para sacar el régimen sancionador adelante es la del Real Decreto Ley. Algo que se antoja "difícil"  al portavoz de Ciudadanos. Cabe recordar que en los sendos acuerdos para la gobernabilidad que socialistas y populares firmaron con Ciudadanos se recogía el compromiso de poner en marcha un régimen con sanciones ejemplar para las empresas y agentes económicos que pagasen sus facturas a proveedores por encima de los 60 días legales.

Empeoramiento de la situación

Tal y como ha manifestado en varias ocasiones Lorenzo Amor, presidente de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) “pagar tarde sale gratis en España” y eso tiene su reflejo en los dilatados periodos medios de pago (PMP) que sufren los autónomos tanto por culpa de las administraciones como del sector privado. También el estudio sobre Morosidad 2018 elaborado por la PMcM asegura que estos periodos se incrementaron en cuatro días a cierre de 2018 (de 77 a 81), tras siete años consecutivos de caídas.

ATA viene analizando este problema desde hace años y siempre ha recordado que  pymes, microempresas y autónomos son los que abonan sus facturas en menos tiempo mientras que las grandes empresas tardan en pagar 95 días de media. En cuanto a la encuesta realizada por la plataforma, el 42% de los participantes coincidieron que las compañías de mayor tamaño pagan por encima de los 90 días, frente al conjunto de las pymes donde el porcentaje de morosos se reduce al 11%.

Por otro lado, la plataforma presentó una comparativa entre los datos de su informe y los ofrecidos por la Central de Balances de Banco de España (CBBE) -que integra las cifras del Registro Mercantil y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)-, donde se pone de manifiesto un desfase de más de 21 puntos porcentuales en el número de empresas que pagan fuera del plazo legal. Según explicaron, la causa que subyace es el uso del confirming (método de pago que permite cobrar facturas de forma anticipada a proveedores a cambio de una comisión que se queda la entidad financiera), “las empresas no lo recogen como deuda comercial pendiente de pago en sus balances”.

Sanciones de hasta un millón de euros

La morosidad no sólo afecta al autónomo, pequeño negocio o pyme que la padece. Sus efectos van mucho más allá y lastran la competitividad de la economía del país. Este mal se cobra la vida de 250.000 negocios al año en España, Portugal e Italia y de erradicarse se crearían 6,5 millones de empleos más en toda Europa. Y es que, según un informe de la Comisión Europea, los costes financieros asociados a la costumbre de pagar tarde y mal costaron a quienes lo padecieron cerca de 1.000 millones de euros el primer semestre del año pasado.

El borrador del régimen sancionador que se ha estado negociando en el Congreso durante casi dos años, tipifica tres tipos de sanciones, cada una de ellas con diferentes grados: leves, con multas de cuantías entre 60 y 3.000 euros; graves, con sanciones de entre  3.001 y 100.000 euros; y muy graves, que penalizan con entre 100.001 y un millón de euros a los morosos. Además la deuda con su acreedor se incrementará con los intereses de demora y la indemnización por coste de cobro correspondiente. Ahora bien, todo queda al albur de que se retome el diálogo entre los grupos, lo que ocurrirá como pronto a mediados de la primavera, con el arranque de la próxima legislatura.

Ciudadanos acusa a PSOE y PP de paralizar el régimen sancionador de la Ley de Morosidad