jueves. 17.10.2019

Ciudadanos propone sanciones de más de 800.000 euros para las empresas y administraciones morosas

La Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad en Operaciones Comerciales presentada en el Congreso recoge también la puesta en marcha de un Observatorio Estatal de la Morosidad, así como de un buzón de denuncias.

Ciudadanos propone sanciones de más de 800.000 euros para las empresas y administraciones morosas

Sólo ha hecho falta un mes y diecisiete días para redactar lo que los autónomos y las pymes de España llevan esperando desde hace casi seis años. Ciudadanos presentaba esta mañana en el Congreso la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad en Operaciones Comerciales. Un documento de 21 páginas al que ha tenido acceso AyE y que recoge un régimen sancionador, tal y como ya anunció el propio Albert Rivera el pasado mes de marzo.

En su artículo de 26, la propuesta establece tres tipos de multas dependiendo de si estas son leves, graves o muy graves y, dentro de cada una de ellas, diferentes cuantías en función de si el grado es considerado mínimo, medio o máximo. Así, las sanciones que plantea la formación naranja oscilan entre los 60 y los 2.045 euros para las primeras; entre los 2.046 y los 40.985 euros, en el caso de las segundas; y desde los 40.986 hasta los 819.780 euros para las de máximo incumplimiento. Dichas sanciones podrán ser objeto de reducción por pronto pago o si, a su vez, son acreedoras de deudas por importe igual o superior a la contraída. En cuanto al periodo de prescripción, éste va de uno a cuatro años.

Sin afán recaudatorio

“Proponemos un régimen de sanciones flexible, en la línea de los europeos, con el que no se pretende recaudar sino hacer que se cumpla la Ley”, explicaba Toni Roldán, portavoz de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad de Ciudadanos en el Congreso, en rueda de prensa.

Las multas oscilan entre los 60 y los 819.780 euros según la gravedad de la infracción

Así, por su consideración, las sanciones leves quedan restringidas al pacto de plazos de pago que excluyan del cómputo los períodos de vacaciones. Se catalogan como graves superar en 20 días el plazo de pago legal, pactar cláusulas que determinen cuándo empieza a contar la fecha de pago o relativas a posibles represalias en caso de demora, no dejar constancia documental de la fecha de entrega de mercancías, pactar la renuncia al derecho de indemnización en caso de retraso en los pagos, no incorporar en la memoria de cuentas anuales los periodos medios de pago a proveedores (PMP) o reincidir en tres infracciones leves.

Por último, aquellas consideradas como muy graves serán superar en más de 60 días el periodo estipulado por ley, no colaborar con la inspección, la falsificación de facturas, albaranes y la información sobre el PMP en la memoria de las cuentas anuales o cometer dos infracciones graves.

En relación a los grados, se determinarán a partir de un procedimiento de comprobación en el que se valorará la existencia de intencionalidad, fraude, interés de ahorrarse costes financieros, capacidad y solvencia económica, tamaño de empresa, etc… Asimismo se estudiará el importe de la deuda. Si esta no excede los 6.000 euros el grado de la infracción será mínimo, entre 6.001 y 100.000 medio y superior a ésta última cuantía máximo.

Observatorio y buzón de denuncias

La proposición de ley incorpora varias de las demandas históricas tanto de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) como del colectivo de autónomos, encabezado por ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos), entre ellas la creación del Observatorio Estatal de la Morosidad. Éste dependerá del Ministerio de Hacienda y Función Pública y tendrá como funciones principales realizar informes sobre la morosidad, así como asesorar, evaluar y diseñar propuestas para luchar contra el incumplimiento de los plazos de pago en España.

En cuanto a su composición, tendrán presencia representantes de todos los estamentos institucionales (Estado, autonomías y entidades locales), así como organizaciones empresariales, de autónomos, Cámara de España y la PMcM. Órganismos y entidades que también participarán del Sistema Arbitral de Morosidad de carácter voluntario y gratuito que se prevé desarrollar.

Autónomos y pymes tendrán un buzón para denunciar a quienes no pagan sus facturas

Por otra parte, y también dependiendo de la cartera que ahora dirige Cristóbal Montoro, la Agencia Estatal de Administración Tributaria habilitará un Buzón de Lucha contra la Morosidad. Un buzón anónimo y cuyos efectos se amplían al ámbito de la contratación pública, ya que otra de las limitaciones que establece es la relativa a la adjudicación de contratos con la Administración.

Desde el momento en que la ley entre en vigor, las empresas privadas que comentan deberán documentar que cumplen religiosamente con los plazos de pago a proveedores establecidos por ley. Además, en caso de que hayan cometido en reiteradas ocasiones infracciónes calificadas como muy graves, no podrán contratar con el sector público.

Ni ICO, ni deducciones pero sí auditoría

La Proposición no deja cabo suelto y es mucho más estricta en el caso de los reincidentes de infracciones calificadas como muy graves. Así no podrán acceder a subvenciones ni deducciones y se les supenderán y no podrán acceder a los préstamos que tengan suscritos con el ICO (Instituto de Crédito Oficial).

En otro orden de cosas, la apuesta de Ciudadanos por la transparencia también queda plasmada en la Ley. Las empresas deberán incorporar en sus memorias de cuentas y publicar en su web a cuántos días pagan a sus proveedores. Esta información será contrastada y, en su caso, enmendada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

El sector público también deberá someterse a este control y tanto la Intervención General del Estado como las autonomías y las corporaciones locales deberán informar trimestralmente a Hacienda de cómo y a cuánto tiempo están abonando sus facturas.

La Administración Pública también tendrá que pagar

Desde ATA aplauden la llegada del texto y le dan el visto bueno, “la propuesta viene a corregir el récord de la ley española con mayor número de insumisos”, afirma Lorenzo Amor, presidente de la Federación. Amor ha puesto, además, el acento en la totalidad del ámbito que abarcan las sanciones, es decir, afectan también a aquellas administraciones que no paguen a tiempo a sus proveedores. “Ya era hora de que todos tengan el mismo tratamiento”, apostilla.

Además, la Ley invalidaría de pleno el Real Decreto Ley de Modificación de Plazos de Pago que Hacienda pretender remitir a Bruselas el próximo día 11 de mayo, ya que anula todos aquellos contratos en que exista un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios o fijen tipos de interés de demora inferiores al legal.

De forma más genérica, desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad , su presidente, Antoni Cañete, ha destacado el “potencial espectacular” del texto así como que desarrolla “un régimen de sanciones muy equilibrado que, sin duda, marcará un antes y un despúes en los índices de morosidad en España”.

Ciudadanos propone sanciones de más de 800.000 euros para las empresas y administraciones morosas