jueves. 05.08.2021

ULTIMATUM DE BRUSELAS

La Comisión Europea da dos meses a España para acabar con la morosidad pública o acudirá a los tribunales

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España tiene dos meses para corregir la morosidad pública antes de que la Comisión Europea lleve la causa a los tribunales. Según los juristas, se va a acelerar al puesta en marcha del régimen sancionador que los autónomos españoles llevan años exigiendo.

La Comisión Europea da dos meses a España para acabar con la morosidad pública o acudirá a los tribunales

La Comisión Europea ha lanzado un órdago a a España. El máximo órgano ejecutivo de la Unión Europea ha dado un plazo de dos meses al Gobierno de Pedro Sánchez para que tome medidas que reduzcan los periodos medios de pago que hay dentro de la Administración española y que superan, en la mayoría de los casos, los 30 días permitidos por la ley. De lo contrario, presentará una demanda ante los tribunales europeos. El toque de atención supone, según los juristas, un impulso a la puesta en marcha en España de un régimen sancionador que llevan años solicitando los autónomos, y que penalizará los retrasos en los pagos de las tres administraciones públicas: local, autonómica y nacional.

Si bien durante los últimos años se ha reducido la morosidad pública que sufren los autónomos, aún hay muchas comunidades autónomas, ayuntamientos y el propio Estado que continúan incumpliendo la Ley de Morosidad, y pagando a sus proveedores por encima de los 30 días establecidos. De hecho, se dan casos alarmantes de abonar facturas por encima de los 300 días , incluso, de los 600 días. Es por ello que la Comisión Europea le pide nuevamente a España (ya lo hizo en 2105) que tome sin más dilación cartas en el asunto. 

De esta manera, en el paquete de procedimientos de infracción de junio, la Comisión envía un dictamen motivado a nuestro país en el que si bien “reconoce los esfuerzos realizados por España en los últimos seis años para mejorar la puntualidad de los pagos de su sector público”, también se muestra “preocupada por los retrasos persistentes de las autoridades regionales y locales, ya que su puntualidad a la hora de pagar sigue sin ajustarse a las obligaciones de la Directiva”.

Además, la Comisión es firme y clara en cuanto a sus siguientes pasos si España no reacciona: “por último, España dispone ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión. En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir llevar al país ante el Tribunal de Justicia” advierten desde Bruselas.

Un régimen sancionador que no acaba de aprobarse en el Congreso

Para el abogado y socio del área de litigación y arbitraje de AGM Abogados, Miguel Noriega, el toque de atención de la Comisión Europea a España es muy importante, especialmente porque hay un régimen sancionador contra la morosidad sobre el que se está debatiendo en estos momentos en el Congreso de los Diputados. “Sin duda este toque de atención puede acelerar la puesta en marcha de un régimen sancionador contra la morosidad, porque puede ser una de las medidas que alegue España que se va a tomar al respecto”, comentó Noriega.

Es necesario recordar que organizaciones como la Asociación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) lleva años reclamando a los distintos gobiernos la puesta en macha de un régimen sancionador que obligue a cumplir la Ley de Morosidad. Esta norma se aprobó en el 2010 sin que se incluyera en ella un anexo con sanciones para todos aquellos, del sector privado y del público, que continúen abonando sus facturas por encima de los plazos que estipula la ley. Como dicen los expertos juristas, "es como si hubiera un Código de Circulación sin multas o una Ley Tributaria en donde Hacienda no pusiera sanciones a sus trasgresores". Es por este motivo que, tanto las grandes empresas como muchas administraciones públicas, continúan sin cumplir la Ley de Morosidad afectando a la liquidez de miles de autónomos que a veces tardan meses en cobrar sus facturas. ATA calculó que uno de cada cuatro autónomos que se ve obligado a cerrar su negocio es por culpa de la falta de liquidez que origina la morosidad.   

El Congreso de los Diputados lleva meses debatiendo un proyecto de reforma de la Ley de Morosidad para dotarle de un régimen sancionador, que penalizará a las administraciones públicas cuando abonen sus facturas en un plazo superior a 30 días, y a las empresas privadas que rebasen los 60 días. Pero lo cierto es que la aprobación de esta norma se ha retrasado más de lo esperado.

Según explicó el abogado, lo que ha hecho la Comisión Europea es darle un plazo de dos meses al Ejecutivo para que explique a Bruselas de qué manera va a abordar la morosidad pública y qué herramientas va a emplear para reducirla. Y, en función de las medidas que presente el Gobierno, pueden ocurrir dos cosas. La primera, si le complacen a la Comisión, España abordaría con carácter urgente las nuevas medidas en materia de morosidad. Y la segunda, sino le gustan “es llevar el tema ante el Tribunal Europeo, que emitirá una sentencia de obligado cumplimiento, que España no podrá eludir y tendrá que poner en marcha medidas sí o sí”. Según dijo Noriega, en estos momentos las administraciones españolas pagan a sus proveedores en un plazo medio a 77 días, cuando deberían ser 30.

A su modo de ver, “el Gobierno intentará acelerar lo que tiene en estos momentos entre manos y presentarlo para no llegar hasta los tribunales”. Y es ahí donde cobra importancia el régimen sancionador de la morosidad. “Yo creo que sin duda este toque de atención acelerará la entrada en vigor del régimen contra la morosidad”, incidió el abogado y socio del área de litigación y arbitraje de AGM Abogados.

Es el segundo toque de atención de la Comisión Europa a España

No es la primera vez que la Comisión Europea advierte a España para que tome medidas que reduzcan la morosidad pública. Ya en 2015 envió un dictamen motivado “por los retrasos excesivos en los pagos por parte de sus autoridades públicas”. Y ahora vuelve hacerlo para garantizar la correcta aplicación de la Directiva 2011/7 sobre morosidad de la Unión Europea en un contexto pandémico. 

La morosidad repercute negativamente en las empresas, ya que reduce su liquidez, les impiden crecer y dificulta su resiliencia y su capacidad para ser más ecológicas y digitales. En el contexto económico actual, incluso más que antes, las empresas y las pymes dependen de pagos periódicos para funcionar y mantener el empleo. La Directiva sobre morosidad obliga a las autoridades públicas a pagar sus facturas en un plazo de 30 días”, explicó la Comisión.

El Estado debe dar ejemplo

Para la Comisión Europea, pagar a tiempo a los pequeños negocios debe ser una obligación de todos los agentes, pero especialmente de los Estados: "las autoridades públicas tienen una «obligación especial» de pagar a sus proveedores a tiempo y servir de ejemplo en la lucha contra las malas prácticas de pago en el entorno empresarial”.

Se trata de una cuestión con la que coincidió especialmente el presidente del Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas (CGE), Juan Carlos Robles, quien valora positivamente el toque de atención de Europa a España sobre la morosidad pública. “Es un problema que tenemos en desde hace mucho tiempo. Y aunque está mal que las empresas privadas incumplan los plazos de pago, está aún peor que quien haga esto sea la propia Administración” dijo Robles. 

La morosidad es un problema para muchos pequeños negocios. “Conozco casos en los que un negocio, ha acabado abriendo un concurso de acreedores porque la Administración pública no le pagaba la licitación a la que había accedido”, comentó Robles.

Este experto considera que no sólo basta con que se impongan sanciones para frenar la morosidad pública que sufren los autónomos, sino que también es necesario que se limiten las capacidades de aquellos organismos públicos que sea morosos. “Habría que promover algún tipo de legislación en la que se apremie a aquellas entidades que cumplan con la norma, pero que también se limite la capacidad operativa a aquellos que no. No puede permitirse que las administración morosas sigan realizando gastos de inversión”, concluyó Robles.

La Comisión Europea da dos meses a España para acabar con la morosidad pública o acudirá a los tribunales