Sábado. 15.12.2018

SE PIERDEN 40.000 PUESTOS DE TRABAJO CADA AÑO

Si compras falsificaciones estás destruyendo empleo

Si compras falsificaciones estás destruyendo empleo

La piratería cuesta casi 6.200 millones al comercio en España. Un coste abrumador que, en contra de lo que se puede pensar a priori, afecta más al pequeño comercio. El impacto de estas pérdidas se deja sentir, y mucho, en las arcas del Estado. Según las estimaciones de la CEC (Confederación Española de Comercio), sólo en IVA se dejan de ingresar cerca de 1.300 millones de euros. Pero lo más grave es el drama de la pérdida de empleo a la que se añade la merma de recaudación en cuotas sociales.

Si compras falsificaciones estás destruyendo empleo

“Es inaudito, una broma”, esta es la expresión que emplea Pedro Campos, presidente de la CEC (Confederación Española de Comercio) para calificar la proposición de despenalizar el 'top manta' -donde se venden la mayor parte de copias falsas- que el pasado mes de marzo presentó Podemos en el Congreso de los Diputados. Su indignación no es de extrañar. España es el segundo país europeo en el mercado de las falsificaciones, sólo por detrás de Italia. Éstas cuestan al comercio español 6.175 millones de euros, lo que en términos relativos significa un 9,3% del volumen total de ventas. Los datos se extraen del último informe de la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) publicados esta semana con motivo del Día Mundial contra las falsificaciones que se celebra cada 8 de junio.

“Cifras extraordinarias”, en palabras de Campos que suponen que las copias ilegales de productos hace que cada habitante deje de comprar por valor de 133 euros en los comercios. Cantidad que, en contra de paradigmas pretéritos, impacta más en el pequeño comercio, entre 55% y el 60% según la CEC. La razón de esto último es sencilla, el consumo de bienes piratas se da especialmente entre los ciudadanos de a pie y no entre aquellos con mayor poder adquisitivo.

El menoscabo de ventas repercute, a su vez, en la creación de empleo. La cantidades proporcionadas por EUDIPO refieren que cada año se pierden 40.000 empleos, entre los que se destruyen y se dejan de generar, a causa de las falsificaciones.

Por sectores el más afectado es textil y complementos, con más de 4.000 millones de euros en pérdidas. Muy por encima de medicamentos y cosméticos con mermas en el entorno de 1.000 millones de euros y de neumáticos y baterías (500 millones de euros). En este puntos Campos alerta del aumento de las ventas ilegales en el ámbito de la salud, donde hace referencia a la “irresponsabiliad” del comprador que “pone en peligro su propia vida”.

Agujero en la recaudación   

La sombra de la piratería es alargada e impacta de pleno en las arcas del Estado. Si tenemos en cuenta el 21% de IVA sobre los casi 6.200 millones de euros de pérdidas, Hacienda deja de recaudar unos 1.300 de euros cada año, según las estimaciones de la CEC. Cantidad a la que habría que sumar por un lado otros entre 900 y 950 millones de euros en concepto de otros impuestos.

Por otra parte, la caja de la Seguridad Social también se ve gravemente afectada. “Todo el empleo que se pierde a causa de esta lacra son cotizaciones que no llegan donde tiene que llegar. Actuar de forma contundente contra la piratería y las falsificaciones supondría una importante fuente de ingresos”, señala el Campos.

Cabe destacar que sólo el pequeño comercio supone más del 5% del PIB en España. “El comercio, y muy especialmente el pequeño, paga sus impuestos, cumple con las exigencias de las normativas municipales y, como es lógico, están sometidos a las inspecciones reglamentarias para garantizar la calidad y salubridad de los productos que comercializan”, insiste el presidente de la CEC. A este respecto, Campos abunda en la crítica hacía la proposición de la formación que lidera Pablo Iglesias, “es un absurdo que en un país democrático un partido político plantee una norma que permita que haya colectivos que no paguen impuestos. Hoy en día tal y como está concebido el 'top manta' no se puede legalizar”.

Con ello desde la CEC no se oponen al ejercicio de la venta ambulante, que tiene su propia regulación, está controlada y tributa como cualquier otra actividad. “Funciona y convivimos”, afirma.  

Liberalización y atención

Durante el próximo año y medio, la recién nombrada ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, tendrá la ardua labor de dar un paso adelante en la mejora de la situación del comercio en España.

Desde la CEC solicitan al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez “más atención”. En opinión de Campos en los últimos años se han priorizado las iniciativas para impulsar el comercio online, dejando en un segundo plano el negocio de tradicional, “hemos estado desatendidos. El Gobierno debe avanzar en iniciativas que den equilibrio entre todos los formatos y formas de distribución comercial”. Actuaciones que, por otra parte, deberían desarrollarse bajo el marco del “diálogo y el consenso” con los principales actores del sector (asociaciones de pequeños comerciantes, federaciones de autónomos,…).

Otro de los caballos de batalla será el desarrollo de una regulación que evite la competencia desleal de los nuevos negocios surgidos al amparo de la economía digital frente a la tienda de toda la vida, así como la revisión de la normativa que afecta a las grandes superficies. “No puede ser que en el comercio se permita la liberalización de todo”. Todo ello se completaría con campañas públicas de concienciación orientadas al consumidor con el objetivo de que “sepan cómo y dónde compran y sus repercusiones”, proponen desde la Confederación de Comercio.

En relación a las falsificaciones, Campos exige que se intensifiquen los controles y se destinen más medios. Según explica, los jueces no autorizan en primera instancia la destrucción de los productos falsificados que llegan en contenedores a todos los puertos de España. “¿Dónde van estos productos? ¿Dónde se almacenan?”, se pregunta. En su opinión lamenta que “muchas veces se ha de hacer la vista gorda porque la falta de espacio material en el que ubicarlos. Creo que este es un aspecto que se debe revisar a fondo”.  

Pese a todo, lo cierto es que en los últimos años el consumo de productos falsificados y, por ende, el daño que hace a la economía y el empleo de España, se ha reducido. Hecho en lo que han contribuido de forma decisiva las actuaciones de la Agencia Tributaria. Entre ellas la Operación Dragón de 2017, en la que participaron 370 funcionarios y que consiguió incrementar en un 189% el IVA de las sociedades afectadas, o la reciente Operación Sumatra, que ha destapado un fraude de siete millones de euros en la venta de productos electrónicos procedentes de China.

Si compras falsificaciones estás destruyendo empleo