Aún cuatro CCAA no se han sumado al convenio

El Congreso aprueba ampliar el número de autónomos que cobrarán los 7.000 millones en ayudas directas

El Congreso dio el visto bueno el pasado jueves a las dos modificaciones en el Real Decreto que regula las ayudas directas, y que deberían permitir a más autónomos acceder a las subvenciones. Sin embargo, cuatro CCAA siguen sin firmar el convenio. 
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Nadia Calviño, vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
El Congreso aprueba ampliar el número de autónomos que cobrarán los 7.000 millones en ayudas directas

Luz verde a las dos modificaciones que introdujo el Gobierno a finales de abril para permitir que más autónomos puedan cobrar las famosas ayudas directas. El Congreso de los diputados convalidó el pasado jueves el Real Decreto-ley 6/2021 que añadía dos importantes cambios a la normativa que regula estas subvenciones: permitir a las comunidades autónomas añadir nuevos sectores beneficiarios, según su propio criterio, y flexibilizar, si lo consideran necesario, el requisito de no haber registrado pérdidas en 2019 para poder cobrar las ayudas. Era un requisito imprescindible para que estas iniciativas se pudieran poner en marcha

Como ya avanzó este diario, el Gobierno ha decidido delegar en las comunidades autónomas la decisión de incorporar nuevos sectores afectados por la crisis de la pandemia a estas ayudas "en áreas que se hayan visto especialmente afectadas en su territorio", explicó la  la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. 

Así mismo, según explicó la portavoz del Ejecutivo, se ha introducido una modificación en esta norma para que las autonomías también puedan tener potestad para flexibilizar la regla de no haber tenido pérdidas en 2019 como requisito para cobrar las ayudas: "las comunidades autónomas podrán otorgar ayudas directas a empresas viables que en 2019 pudieron registrar pérdidas por causas excepcionales que se produjeran en su territorio", dijo Montero. 

Ahora bien ambos cambios -la posibilidad de ampliar los sectores y de eliminar la condición de no tener un resultado negativo en 2019- estaban vigentes con la aprobación del Real Decreto del Gobierno, pero a la espera de pasar el filtro parlamentario, para que el Congreso les diera el visto bueno. 

Aprobadas las dos modificaciones en el decreto de las ayudas directas

Así ha sido finalmente. "El Gobierno lo que hizo fue un Real Decreto, que tiene que someterse al Congreso en 15 días para que se lleve a cabo su ratificación. Si el Congreso lo rechaza el decreto deja de estar en vigor. En caso de que lo apruebe, que es lo que ha ocurrido en esta ocasión, las medidas vigentes en esos 15 días pasarán a ser permanentes. Además, se ha aprobado también su tramitación como proyecto de ley", explicó Miguel Ángel Castellón, diputado del grupo popular en el Parlamento. 

De este modo, ya es definitivo y las comunidades autónomas podrán modular a su criterio estos dos requisitos -que son los principales- para conceder las ayudas a más o menos beneficiarios, en función de las particularidades de los distintos sectores en su territorio.  

Con la convalidación de estos dos cambios por el Congreso y, por tanto habiendo superado este decreto el filtro parlamentario, las autonomías podrán, en primer lugar, ampliar el número de sectores beneficiarios en el territorio. El Gobierno ya identificó casi un centenar de sectores afectados, en base a criterios objetivos como, por ejemplo, el porcentaje de trabajadores en ERTE y su grado de reincorporación. Sin embargo, al tener las CCAA características específicas, que requieren una respuesta personalizada, también ellas podrán añadir otros nuevos. 

Sería el caso, según ejemplificó en su momento el Gobierno, de "los sectores como el del calzado o el del vino que, en algunos territorios se han visto muy afectados y que, a partir de la firma del convenio establecido por el Ministerio de Hacienda, las autonomías podrán incorporar para su protección". 

Además, los cambios convalidados también afectarían a otra de las condiciones que generaron más polémica desde un primer momento, que es la de no haber tenido resultados negativos en 2019 para poder cobrar las ayudas directas. "Igualmente esta norma recoge que las CCAA podrán otorgar ayudas directas a empresas viables que en 2019 pudieron registrar pérdidas por causas excepcionales que se produjeron en su territorio. Es un cambio normativo que permite, por ejemplo, que las empresas que se vieron afectadas por la quiebra de Thomas Cook, sobre todo en las Islas Canarias y Baleares, puedan también optar a las ayudas y por tanto se puedan beneficiar especialmente en el sector turístico de este paquete tan importante y en general de los sectores productivos", dijo en su momento María Jesús Montero, portavoz del Gobierno. 

Convalidación, pero los partidos recuerdan que las ayudas llegan tarde y que necesitan ajustes 

Si bien el Congreso dio el visto bueno a estas dos modificaciones del decreto de las ayudas directas, durante el debate, casi todos los grupos políticos recordaron que estas subvenciones llegan "tarde", y todavía quedarían muchos otros aspectos por modificar.

Es el caso del grupo popular, que votó a favor "porque, de las diez cosas que pedíamos se han introducido dos de ellas. Evidentemente no estamos completamente de acuerdo, pero una vez votado a favor y que se haya aprobado, podemos introducir nuestras demás enmiendas", dijo el diputado popular Miguel Ángel Castellón.

De hecho, al tramitarse como proyecto de ley, estos cambios pasarán a su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y ahí es donde ya se pueden introducir otras modificaciones por parte de los grupos parlamentarios. "Por eso, habitualmente todos votan a favor de su tramitación como proyecto de ley porque luego van a poder incluir alguna de sus peticiones", añadió Castellón.

Sólo quedan cuatro CCAA por firmar el convenio necesario para abrir la convocatoria

Hacienda envió el pasado 15 de abril el convenio de las nuevas ayudas directas a las CCAA para que lo firmaran y, así, poder empezar a hacer las transferencias de los fondos para su posterior reparto entre los autónomos más afectados por la crisis. 

Después de un mes de que el ministerio enviara el convenio, según confirmaron fuentes oficiales a este diario, todavía quedarían cuatro comunidades por firmar y remitir el documento a Hacienda: Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla. 

El Ejecutivo se comprometió a mediados de abril a ingresar los fondos a las autonomías tras recibir el convenio aceptado y firmado. Una vez devuelto el documento y recibida la transferencia, la comunidad ya podría abrir la convocatoria para que sus autónomos soliciten las ayudas directas. Esto significa que los quince gobiernos regionales que ya han aceptado los términos del contrato con la Administración central, ya podrán poner en marcha la convocatoria. 

No obstante, quedarían cuatro autonomías en las que los negocios tendrán que esperar, como mínimo, una semana más para solicitar el acceso a estas ayudas. Según pudo saber este diario, entre las principales causas que están demorando la firma de este convenio en estas cuatro comunidades estaría la negociación que se está manteniendo con las organizaciones sectoriales que se verán afectadas por su inclusión -o no- en el reparto de las ayudas. 

Las CCAA critican el "exceso de burocracia" para conceder las ayudas directas 

Así mismo, algunas de las autonomías que hace apenas unos días todavía no habían enviado el convenio firmado al Ejecutivo aseguraron a este digital que continuaban negociando con el Gobierno algunos puntos del documento en los que no están de acuerdo. 

Entre ellos, los más repetidos son la estricta burocracia y la ampliación de los beneficiarios que permite a las comunidades extender la lista fijada por el Gobierno pero, que a la vez, supone una carga más para ellas a la hora de evaluar y decidir qué actividades sí y cuáles no podrán cobrar el dinero.

El intercambio de la información tan exhaustiva no es una tarea fácil para los gobiernos regionales. "Recabar semanalmente semejante cantidad de documentos supondrá mucho tiempo y podría colapsar las administraciones. Es un procedimiento muy antiguo e impropio de una Administración que presume de que va a digitalizar España", dijo el Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty.