El Congreso rechaza que los autónomos se libren del impuesto al diesel
Ni siquiera se tomará en consideración. Sólo PP y Ciudadanos han votado sí a una Proposición No de Ley presentada en el Congreso para que los profesionales que necesiten su vehículo para desarrollar su actividad queden exentos de la subida del impuesto al gasoil anunciada por el Gobierno socialista.
Más de 200.000 profesionales autónomos sufrirán las consecuencias de la subida del impuesto al gasoil anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sólo Partido Popular y Ciudadanos han votado a favor de la toma en consideración de la Proposición No de Ley (PNL) que pretendía eximir a “todos los autónomos” de la subida del gasoil de entre 9 y 13 céntimos por litro.
La citada PNL presentada por el grupo Popular en el Congreso y que ha sido rechazada por los 175 votos en contra de la izquierda y los independentistas, instaba al Ejecutivo de Sánchez a aplazar el incremento de dicho impuesto “al menos, hasta que se produzca una transición ordenada de tecnologías”. Transcurrido este periodo se pedía que se garantizase que “todos los autónomos y profesionales, sin discriminación a ningún sector, y todos los colectivos "vulnerables” quedasen “excluidos del mismo”. Es decir, que el transporte ligero, los agentes comerciales, los visitadores médicos, las ambulancias… puedan beneficiarse de la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos tanto en su tramo estatal como en el autonómico, tal y como ya ocurre en el caso del transporte pesado (igual o superior a 7,5 toneladas), de viajeros y en los taxis provistos de autorización y taxímetro.
Se da la paradoja de que, la mayoría de los grupos parlamentarios -incluso el propio Josep Vendrell Gardeñes, portavoz de la Comisión de Transición Ecológica de Podemos-, han afirmado que la decisión adoptada por el Gobierno tiene carácter “recaudatorio”.
También han coincidido en lamentar que la medida del Gobierno no ha tenido en cuenta la opinión ni las quejas del colectivo de trabajadores por cuenta propia ni a otros de especial vulnerabilidad como los ciudadanos que residen en la áreas rurales. “No se ha pensado en los autónomos, ni tampoco en en la gente que vive en los pueblos y necesita su vehículo para desplazarse, ni en el sector de la automoción…”, ha aseverado Rodrigo Gómez García, portavoz adjunto de la comisión de Industria, Comercio y Turismo de Ciudadanos. Asimismo ha añadido que las medidas para la descarbonización han de ser planificadas y acompañarse de una dotación económica que facilite la transición a los sectores sensibles. “En Reino Unido se han destinado a este proceso 1.500 millones de libras, en Alemania 1.000 millones y en España este año apenas 70 millones de euros de los que 60 aún no se han ejecutado”.
La falta de consenso con los sectores afectados y la necesidad de diseñar una estrategia pactada para realizar la transición hacia un modelo de cero emisiones ha sido una de las carencias que Ferrán Bel Accensi, portavoz del Grupo Mixto ha achacado a la PNL. “Quizá se deba subir (el impuesto) pero dentro de una estrategia pactada, global y que no genere incertidumbre ni a los ciudadanos ni a un sector al que se perjudica de forma injustificada”, ha aseverado. De ahí la enmienda que su grupo ha presentado dicha Proposición No de Ley y que finalmente no ha sido aceptada por los populares.
Pese a que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez carece de “análisis serios y rigurosos que eviten efectos negativos” y “no se ha pensado en las consecuencias”, el PNV ha votado en contra de la proposición no de ley que hubiera eximido a los autónomos de la subida del impuesto. La razón que ha alegado Idoia Sagastizabal es que se desconoce la letra pequeña de la norma “y no nos parece serio pronunciarnos sobre un futurible”.
Por su parte, el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña ha afirmado que si bien es cierto que la política fiscal verde “es imprescinbible” para el proceso de descarbonización ésta ha de “modularse y acompañarse de un plan renove” que prime a las rentas bajas y tenga en cuenta a los sectores que emplean su vehículo a diario para trabajar.
Luces largas entre PP - PSOE
Teresa Palmer, portavoz de la Comisión de Hacienda y vocal de la comisión de Economía y Empresa del grupo parlamentario Popular, ha achacado al Gobierno el “gran timo” de una política fiscal que tiene consecuencias “muy graves” tanto en el colectivo de autónomos como en el sector de la automoción, que emplea a un 9% de la población en España y que es uno de los motores de la exportación. Palmer ha afeado que lo recaudado por este impuesto no se destine a impulsar la renovación del parque automovilístico, que con más de 12 años de media, es el más antiguo de Europa. “Las ayudas (que se recogen en la propuesta socialista) se postponen a 2020 y además sólo se destinará el 30% de lo recaudado”.
A este respecto, Pilar Lucio, portavoz socialista de la Comisión de Transición Ecológica, ha defendido que la iniciativa del Gobierno “da cumplimiento a las exigencias de la Unión Europea y la OCDE” y que “no tiene carácter recaudatorio sino disuasorio”. Además, ha tachado de “incongruente” la actual posición de los populares ya que la subida del diésel “ya fue planificada por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro”.
Más de 200.000 autónomos afectados
Los datos proporcionados por ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) señalan que el número de autónomos que emplean un vehículo diésel para desarrollar su actividad supera los 200.000. Entre ellos se encuentran los más de 20.000 agentes comerciales colegiados que recorren una media de 50.000 kilómetros al año y para los que el sobrecoste se elevará por encima de los cinco millones de euros, según calculan desde el Consejo General de Agentes Comerciales de España. De hecho, su recién reelegido presidente, Manuel Maestre, insiste en calificar de “golpe a la economía” el impacto de la subida del impuesto para el sector.
A ellos se añaden los profesionales que emplean vehículos de entre 3,5 y 7,5 toneladas de masa máxima autorizadas con los que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, selló en julio el compromiso de extender las bonificaciones que se aplican al transporte pesado. A este respecto, cabe recordar que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleva repitiendo un mismo mantra desde que se anunció la subida en torno a un 5% en el impuesto, “no afectará a los autónomos”.
Además de sobre los autónomos la espada de Damocles se cierne sobre el sector de la automoción por el aumento de un gravamen que aportará a las arcas 670 millones de euros, tal y como ha cifrado el propio Gobierno. En España se producen unos tres millones de vehículos al año, lo que nos coloca en segunda posición entre los mayores fabricantes de Europa, sólo por detrás de Alemania, y octavo en el mundo. De éstos el 42% son diésel.
El sector es también uno de los pilares para la sostenibilidad y generación de empleo, manteniendo un 9% entre directo e indirecto. Es por ello por lo que, desde el grupo parlamentario popular “no entendemos que se ponga en riesgo el futuro de 40.000 trabajadores y 17 fábricas que se mantienen gracias a la producción de vehículos diésel, además de todo el empleo generado por la industria auxiliar”.
