Díaz se da un "breve" plazo para subir el SMI lo que podría afectar también a la cuota de los autónomos
El Gobierno ligó la subida de los tipos de las cotizaciones de los autónomos y de las bases mínimas a la revalorización de los salarios. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció que el incremento del SMI podría producirse "en breve".
Los autónomos tienen aún pendiente de un hilo una posible subida de la cuota. En estos momentos, el incremento de los tipos y de las bases mínimas de cotización se encuentran congelados a expensas de que se produzca un acuerdo sobre la elevación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Gobierno quiere el SMI alcance el 60% del salario medio en España (entre 1.000 y 1.200 euros), una circunstancia que podría producirse próximamente porque, como avanzó la ministra de Trabajo y Economía Social, y futura vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, se espera tener “en breve” un acuerdo de la Comisión habilitada que está tratando este tema.
Ambas cuestiones, la subida del SMI, de las bases mínimas y de los tipos que se aplican a esas bases de cotización de los autónomos, quedaron ligadas en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero. En concreto, la norma establece, por un lado, en la disposición transitoria cuarta que "mientras no se lleve a cabo la subida del salario mínimo interprofesional para el año 2021 no será de aplicación" la subida de los tipos por cese de actividad y contingencias profesionales de 0,3% que recoge el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, y que iba a suponer un incremento de entre tres y 12 euros más al mes la cuota de autónomos. Asimismo, y por otro lado, en la disposición adicional quinta se regula que se mantendrán las bases mínimas de cotización vigentes a 31 de diciembre de 2019 hasta alcanzar dicho acuerdo del SMI. Ambas cuestiones quedan supeditadas entonces al acuerdo con las organizaciones de autónomos y a la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Y esto último podría producirse más pronto de lo esperado.
La elevación del SMI hasta alcanzar el 60% del sueldo medio forma parte del acuerdo del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que es a su vez una de las recomendaciones de la Carta Social Europea. Al Ejecutivo le hubiera gustado haber dado luz verde a este incremento el año pasado, pero no se consiguió llegar a un acuerdo con los agentes sociales (patronal y sindicatos) sobre la cuantía exacta, ya que los interlocutores defienden diferentes cifras que varían entre los 1.000 euros y 1.200 euros. Para conseguir llegar a un punto en común, el pasado 28 de enero se creó una Comisión Asesora del Ministerio de Trabajo y Economía Social, compuesta siete profesores, un representante de las patronales CEOE y Cepyme, un representante de los sindicados CCOO y UGT; uno del Ministerio de Trabajo y Economía Social, uno del Ministerio de Hacienda y otro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital. En total, 14 miembros para abordar el desafío de incrementar el SMI hasta el 60% del sueldo medio entre este 2021 y el 2023 y establecer una cifra.
Una mesa de trabajo que lleva operando poco más de un mes y que podría tener pronto un resultado. Así lo expresó la ministra de Trabajo y Economía Social, y futura vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el Congreso de los Diputados este lunes. En ella aseguró que la Comisión de expertos sobre el SMI se había creado hace poco tiempo, “tenía un plazo de tres meses y espero que, en breves, podamos tener un resultado desplegado”.
La subida del SMI y los autónomos
Que la Comisión Asesora del Ministerio de Trabajo y Economía Social determine pronto cuál será la revalorización del SMI es una circunstancia que afecta directamente a los trabajadores por cuenta propia debido a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero. A través de esta norma ambos avances quedaron ligados.
En el documento explica la unión existente entre la subida de los tipos, las bases mínimas, y el SMI: "cuando exista acuerdo social sobre el incremento salarial, ello deba tener su reflejo en las cotizaciones, con el fin de no agravar el perjuicio que una medida de esta naturaleza ocasionaría al sistema de Seguridad Social, que se nutre fundamentalmente de las cotizaciones de los empresarios y trabajadores".
De esta forma el Gobierno cumplía el pasado enero con el compromiso alcanzado entre el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y las organizaciones de autónomos (como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos -ATA- ) para no subir la cuota a los autónomos en estos momentos de crisis económica. Pero dejaba la decisión de este incremento a una nueva negociación con las organizaciones de autónomos, poniendo como horizonte la subida del SMI.
Hay que tener en cuenta que el pasado mes de octubre, la Tesorería General de la Seguridad Social avisó a los trabajadores por cuenta propia de una subida en los tipos de cotización por contingencias profesionales y por cese de actividad para cumplir con lo que contempla el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre. Era un incremento que debía haberse aplicado a la entrada de 2020 pero, debido a la emergencia sanitaria, acabó posponiéndose. De este modo, el pasado mes de octubre se llevó a cabo un aumento en el tipo de cotización por cese de actividad del 0,7% al 0,8% y por contingencias profesionales del 0,9% a un 1,1%. La misma norma aprobada en 2018 preveía un nuevo incremento de los tipos en 2021. Este año debería haberse aplicado una subida del 0,3% por cese de actividad y contingencias profesionales. Y que hubiera supuesto un aumento de entre tres y 12 euros más al mes la cuota.
No obstante, y gracias a la negociación de las organizaciones de autónomos como ATA, esta subida se congeló. Sin embargo el Gobierno se aseguró que se posponía hasta que se acordara el nuevo incremento del SMI al igual que el incremento de las bases mínimas de cotización de los afiliados al RETA.
La ‘Ley rider’ se podría extender al resto de falsos autónomos
Durante su intervención en la Comisión, Yolanda Díaz enumeró algunas de las medias acordadas e implementadas por el Ministerio que dirige. En este sentido, mencionó la reciente decisión tomada con los interlocutores para determinar que los repartidores de plataformas digitales son asalariados, y no trabajadores autónomos como defendían las propias aplicaciones.
Sobre la decisión tomada Díaz subrayó que “no es suficiente”. Dando a entender que el problema de los trabajadores que operan como falsos autónomos, y no como asalariados, no es exclusivo de estas plataformas y que la decisión acordada debería aplicarse a otros sectores. Sin embargo, también reconoció que “es un tema lo suficientemente complejo para que lo meditemos y lo reflexionemos” dijo Díaz. Que añadió que “es bueno y conveniente que nos demos un reposo, los tiempos van a ritmos brutales y en poco tiempo, podremos ampliar el zoom para saber bien el alcance de estas nuevas realidades”.
Para la titular de Trabajo, los cambios y novedades en las relaciones laborales deben partir de una premisa crucial: “todo se reduce a que no es elegible la naturaleza jurídica de la relación laboral. No se es lo que uno quiera”.
Una próxima reforma de las subcontratas
La ministra de Trabajo y Economía Social también adelantó cómo estaban trabajando en la reforma laboral. Ya que la derogación de la Ley 3/2012, de 6 de julio, es también uno de los acuerdos del Gobierno de coalición. En lo que respecta a este asunto, adelantó que de las 17 reformas en materia laboral enviadas a Bruselas, cuatro ya estaban casi listas. Éstas tienen que ver concretamente con la negociación colectiva, las subcontratas, la temporalidad de los contratos de trabajo o las políticas activas de empleo.
En este sentido, aseguró que la cuestión no está en “derogar o no” la anterior reforma laboral, sino en articular mecanismos para atajar el problema del paro y la precariedad laboral. Para ello, quiere desarrollar un Estatuto del Trabajo del XXI: “es un gran reto y debe ser la gran obra legislativa que debemos llevar conjuntamente a cabo. Intentando dar respuesta a todas la manifestaciones en las que el trabajo toma forma en la actualidad […] Su cobertura debe extenderse al conjunto de las actividades y debe incorporar al trabajo autónomo y a las actividades de la economía social, que son esenciales y distintas para nuestra economía.”
