jueves. 18.07.2019

CUBRIRÍA EL DÉFICIT PÚBLICO Y EL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La economía sumergida roba 200.000 millones de euros de ingresos al Estado

Antonio Garamendi, presidente de CEOE, durante la Asamblea General
Antonio Garamendi, presidente de CEOE, durante la Asamblea General

El presidente,de CEOE,  Antonio Garamendi, destacó durante la Asamblea anual de esta organización que la economía sumergida representa en España más del 22% del PIB, lo que nos sitúa en el nivel más alto de fraude al Estado entre los países de la OCDE.

La economía sumergida roba 200.000 millones de euros de ingresos al Estado

No cumplir con las obligaciones laborales, fiscales y sociales resta 200.000 millones de euros de ingresos para el Estado. Así lo expresó claramente el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, durante la Asamblea General celebrada ayer jueves. “La economía sumergida representa más del 22% del PIB español. Son 200.000 millones de euros que no llegan a las arcas del Estado”, afirmó.

Garamendi tomó como referencia un estudio reciente elaborado por Foment de Treball, organización integrada en CEOE  que representa a los empresarios catalanes, que coloca a España entre los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) donde esta lacra tiene mayor incidencia. De hecho, con un 22,7% de economía sumergida sería el quinto país con los niveles más altos, por detrás de México (28,4%), Turquía (27,3%), Italia (26,8%) y Grecia (26,8%). Y estaría entre ocho y once puntos por encima de algunos de sus socios europeos como Reino Unido (11,7%), Alemania (13,3%) o Francia (14%). También superaría a Irlanda, país en el que a pesar de que las empresas tienen un tratamiento fiscal más favorable, la economía sumergida tendría una presencia del 14,7%.

Acabar con la economía sumergida y luchar contra el fraude fiscal es, para el presidente de la CEOE, uno de retos más importantes que tiene que afrontar España a corto plazo, ya que permitiría sanear las cuentas públicas e incrementar, a su vez, el gasto del Estado. Es más, de conseguir cortar de raíz esta lacra, se rescatarían 200.000 millones de euros ingresos que permitirían tapar el agujero de 19.000 millones de euros que soporta la Seguridad Social y todo el déficit del conjunto de las Administraciones públicas que, en 2018, fue del 2,5% y que según las previsiones cerrará entre el 2,2% y 2,3% este año.

Esta tesis coincide con la expresada en el informe de Foment del Treball que preside Josep Sánchez Llibre. “Únicamente con la lucha contra el fraude podremos llegar a alcanzar los niveles europeos de ingresos. Evitaría subir la fiscalidad. Nadie puede pensar en aumentar el gasto público, salvo que se ataque a esas bolsas de economía sumergida, pues los contribuyentes declarantes ya aportan al erario público como cualquier contribuyente europeo”, dijo Sánchez Llibre

A este respecto, Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), que se incorporó a la patronal el pasado mes de enero, explicó que la economía sumergida “es un problema tanto para los autónomos y los empresarios como para las arcas de Hacienda y Seguridad Social porque, al final, siempre acaban pagando quienes sí están creando empleo en este país”. Para Amor, “se castiga más a quienes están en los registros y pagan religiosamente sus impuestos y cotizaciones que a aquellos que están en la sombra ejerciendo una atividad de forma irregular”.

Mejorar la fiscalidad y reducir trabas

Durante la Asamblea, Garamendi mostró su preocupación por la situación de la fiscalidad en España que “rompe la competitividad de las empresas”. En este sentido, puso el acento en la elevada presión fiscal que soportan las empresas española que representa un 10,5% de media frente al 9,3% de promedio en la Unión Europea (UE). También se lamentó del coste que suponen las cotizaciones sociales para los empleadores, un 30% frente al 25% de media en los todavía 28 países de la UE.  

En opinión del presidente de la  patronal, las empresas españolas están en mejor posición que el resto para afrontar el ciclo de desaceleración económica en el que nos adentramos y que se ve marcado por la “guerra tecnológica” entre China y Estados Unidos, el frenazo en el crecimiento de Alemania y Francia y en el Brexit. Ahora bien, seguir creciendo a ritmos de entre el 2% y el 3% sólo será posible “si hacemos los deberes”, dijo Garamendi. Esto implica aumentar la inversión en I+D+i -que en España es de apenas el 1,3% frente al 2% de la Unión Europea y el 3% del resto del mundo-, apostar por la formación como herramienta “clave” de competitividad -especialmente la Formación Profesional Dual y continua, dejando en ambos casos la gobernanza en manos de las empresas-, realizar una transición ecológica “sin demagogias” y que se gestione de forma ordenada, e impulsar la inversión en el sector industrial.

Además de lo anterior, los empresarios piden al futuro Gobierno “estabilidad regulatoria y homogénea. Con los mismos principios y las mismas reglas para todos”. Esto es, eliminar trabas a los autónomos y a las pymes, simplificar y modernizar la actual legislación y avanzar en la unidad de mercado. Como dato a tener en cuenta el pasado año se publicaron 588 normas de distinto rango a nivel estatal, un 14% más que en 2017, según los datos aportados por la propia patronal.

Ni revertir la reforma ni gobernar vía Real Decreto

En el plano laboral, Garamendi quiso dejar las cosas claras. Si bien destacó que los datos del paro del mes de junio en lo que toca al Régimen General “son buenos”, también dijo que ésto ha sido “gracias a las reformas que se han hecho en años anteriores”. En definitiva, CEOE propone continuar en la línea de dotar de flexibilidad y seguridad al mercado de trabajo.

Para el presidente de la patronal cualquier modificación que se realice en el mercado laboral debe pasar por el diálogo social que es “la mayor infraestructura del país”. En este punto criticó la política del decretazo que se ha realizado en los últimos meses. “No se puede gobernar vía Real Decreto que, lo que han hecho, ha sido regular mal. Los reales decretos son contratos de adhesión que no nos dejan ser actores ni aportar soluciones que sean útiles para las empresas, la economía y el empleo”, dijo.

En este sentido apuntó al caos que ha generado la nueva normativa sobre el registro horario. Sin  “20 líneas de normativa que no pueden definir todo un mercado laboral”. En este punto, Garamendi quiso dejar claro que las empresas son las primeras que defienden que se cumpla con la normativa y que son contrarias a cualquier abuso que se pueda producir en el ámbito laboral, “nadie está diciendo que no se paguen las horas extra”, sentenció.  

Por otra parte, el presidente de CEOE pidió al Gobierno “responsabilidad, estabilidad y moderación”. Además, en declaraciones posteriores a los periodistas no descartó la repetición de las elecciones generales en noviembre, “igual es mejor esperar a noviembre y tener un país más tranquilo, que tener un país más inestable a corto plazo”.

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ATA tendrá más presencia

A nivel interno, son varios los cambios en la nueva etapa de la patronal que pasa de tener cuatro a diez vicepresidentes, cuyos nombres se conocerán en septiembre. Además de las nuevas altas en la organización que van desde organizaciones como la Liga de Fútbol Profesional, la Confederación de Autoescuelas, la Asociación de Formación y Empresas o la Asociación de Productores Audiovisuales, lo más relevante fue la ratificación de la integración de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA aprobada en la junta de abril. ATA además  triplica el número de vocalías con las que contaba hasta ahora.

La asociación, pasará de tener seis vocales a 18. Para Garamendi “ATA es un elemento fundamental en nuestro club” y puso mucho énfasis en el trabajo conjunto que realizarán a partir de ahora grandes, medianos y pequeños empresarios junto con los autónomos, "CEOE es la casa de todos". Por su parte el presidente de ATA, que agradeció las palabras y la confianza del presidente de CEOE, aseguró en declaraciones a Autónomos y Emprendedores que “aportaremos nuestro granito de arena y trabajaremos todos juntos para mejorar y defender a los empresarios y los autónomos de España”.

En relación a la cada vez mayor presencia de los autónomos en el ámbito empresarial, Amor ha querido aclarar que la integración de ATA en CEOE no significa que vayan a compartir mesa de negociación con sindicatos y patronal. “La situación no cambia. Las organizaciones de autónomos tendremos nuestra mesa de trabajo propia como hasta ahora. Cada uno defenderá los intereses de los colectivos a los que representan en sus mesas de trabajo específicas”.

La economía sumergida roba 200.000 millones de euros de ingresos al Estado