Los economistas advierten que los fondos europeos para autónomos no llegarán si antes no se reforma la Ley Concursal

Que los autónomos puedan recibir los fondos europeos Next Generation está aún en manos del Gobierno. Así lo ha asegurado el Registro de Economistas Forenses (REFOR), dependiente del Consejo General de Economistas, cuyos expertos explicaron que "Europa ha condicionado el envío de esas ayudas a la entrada en vigor de la reforma de la Ley Concursal en España". Una reforma que preocupa mucho a estos profesionales porque "el plazo finaliza ocho meses, pero va con mucho retraso. Se trata de un proyecto muy extenso con varias modificaciones de un calado importante. No se trata solo de trasponer una directiva, sino de hacer que entren en vigor una serie de cambios en el sistema que requieren de preparación y tiempo", señaló el técnico del REFOR, Alberto Velasco.

Este "préstamo" con Europa "condicionaría la llegada del dinero de las ayudas a los pequeños negocios, por lo que el Ejecutivo tiene que darse prisa y cumplir con este requisito". Ya a finales de marzo de este año, el Gobierno solicitó la prórroga de un año para trasponer la Directiva Europea 2019/1023 sobre Insolvencia, plazo que llega a su fin el 17 de julio de 2022. Entre las medidas que deben implementarse a la Ley Concursal destaca la aplicación de mecanismos para la condonación o el establecimiento de ciertas quitas sobre las deudas que un negocio contrae con Hacienda y Seguridad Social; que sean estos dos organismos públicos los que detección y avisen a los trabajadores por cuenta propia cuando estén en situación de insolvencia; o que los autónomos no tengan que vender su negocio para para saldar sus deudas. No obstante, ya a pesar de que desde el pasado 25 de agosto finalizó ya no pueden presentarse alegaciones, a día de hoy sigue en fase de Anteproyecto y "no ha entrado ni siquiera en el Consejo de Estado", aseguró Velasco.

El Gobierno insistió en que el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal está muy avanzado, pero los expertos recordaron que "aún le falta mucho proceso legislativo por recorrer y aunque se tramite por la vía urgente, va a ser muy complicado que entren en vigor todos los cambios antes de julio". Hasta la fecha, ha pasado por consulta pública y por el Consejo Económico Social, pero le falta pasar por el Consejo de Estado y que este órgano consultivo emita su valoración, redactar el documento oficial del Anteproyecto y, cómo últimos pasos, acudir al Congreso y Senado, cumplir con todo el periodo de enmiendas, y volver a pasar por ambas cámaras.

¿Qué está en juego?

"El Gobierno tiene que entender la importancia de transponer la directiva europea y poner en vigor esa nueva Ley concursal, porque sino lo hace dentro del plazo los estará dejando a los autónomos y pequeños negocios sin unas ayudas vitales para su supervivencia". Así de rotundo se mostró el técnico de la REFOR respecto a las fechas y consecuencias que el Ejecutivo español debe tener marcadas en su calendario. Fue el pasado 26 de junio de 2019 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones; y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia). Se trata de una normativa intracomunitaria que obliga a los diferentes Estados miembros, entre ellos España, a poner en marcha una serie de mecanismos en materia de insolvencia empresarial, para prevenirla pero también para proteger al deudor "de buena fe".

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es la hoja de ruta que elaboró el Gobierno para salir de la crisis económica generada por la Covid-19. Un proyecto a largo plazo que contará con un amplio presupuesto que irá recibiendo España de los fondos del Plan Next Generation EU (el Fondo de Recuperación que ha creado la Comisión Europea para ayudar a los Estados miembros) en los próximos años, ligados estrechamente a la reforma de la Ley Concursal. De estos fondos, alrededor de 72.000 millones de euros serán desembolsados en forma de transferencias y el resto a través de préstamos.

Este apoyo europeo irá destinado en un 17% al emprendimiento y a la digitalización de los pequeños negocios. Así lo anunció el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. Sánchez explicó que el Plan de Recuperación cuenta con diez políticas tractoras -u objetivos-, a las que se destinarán estos fondos europeos, en función de su prioridad. Uno de ellos es la modernización y digitalización del tejido industrial, junto con el impulso de la Estrategia España Nación Emprendedora. Precisamente, la quinta política tractora es la que más afecta a los autónomos y es la que guía la modernización de todo nuestro sistema productivo desde los parámetros de digitalización. Al parecer, el  proyecto se centrará en especial en las pequeñas y medianas empresas,  "que son muy pequeñas, están muy atomizadas y tenemos que escalarlas para que puedan seguir exportando y ganando en competitividad”, dijo Sánchez. Una digitalización que en un principio no sólo estaría dirigida a los sectores más tecnológicos o industriales, sino también al turismo.

Ambos objetivos forman parte del quinto punto de los diez que tiene el Pan de Recuperación y al que tienen previsto dedicar “ni más, ni menos que el 17% del conjunto de fondos”, comentó el presidente del Gobierno. Esto serían unos 23.800 millones de euros. Se trata de uno de los porcentajes de destino de los fondos euros más altos y que más afectará a los autónomos. Así mismo, también afectarán directa o indirectamente a los autónomos otras políticas como los incentivos al empleo -que previsiblemente traerán nuevas bonificaciones para los empleadores-, los fondos para la sostenibilidad, para la reducción de la brecha de género o para el fomento de la industria cultural y del deporte.

El Anteproyecto no gusta a los expertos

El borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal que sacó a consulta pública este verano el Gobierno, no convenció a los entendidos en la materia. Ni los economistas, ni administradores concursales, ni tampoco la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) dio su visto bueno a una norma que a pesar de introducir importantes novedades para el colectivo, se quedaba corta en su objetivo de protegerle de la insolvencia. “Una de las claves de la transposición de la normativa europea en este Anteproyecto es la instauración del sistema de atención temprana para prevenir la quiebra empresarial. Sin embargo, el sistema es poco ambicioso” criticó la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero. Que comentó que en la reunión que mantendrían en un futuro con el Ministerio de Justicia le trasladaría el mecanismo europea de Early Warning, que ATA ha estado desarrollando estos años.

Precisamente, esta fue una de las mayores críticas que hizo también el Registro de Economistas Forenses (REFOR) –órgano especializado en materia de insolvencias del Consejo General de Economistas- al borrador, asegurando que les falta concreción en cuanto a los sistemas de detección temprana de insolvencia o un posicionamiento claro sobre si los autónomos podrán librarse o no, a través del concurso, de las deudas contraídas con Hacienda y Seguridad Social. Novedad que deberían haber incluido en base a la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019, en la que se avala que los trabajadores por cuenta propia puedan librase de las deudas contraídas con Hacienda y Seguridad Social, siempre que acuda a concurso.

Y por último, uno de los puntos más críticos de la reforma, fue la inclusión de un nuevo procedimiento de insolvencia único para autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores. Sin embargo, la propuesta no terminar de encajar puesto que elimina la intervención de los administradores concursales de los procesos. Lo que ha llevado a la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) a criticar duramente el documento y a denunciar la inseguridad jurídica a la que se verán sometidos los trabajadores autónomos. La vicepresidenta de ATA, coincidió en el perjuicio que supondría para los pequeños negocios la eliminación de la actuación de estos profesionales. “Nosotros lo que hemos defendido siempre es que fuese gratuito. Es evidente, que un autónomo que se encuentra en situación de concurso no puede pagar un profesional. Pero no se les puede quitar del proceso, porque el autónomo no tiene los conocimientos suficientes. Su figura debe estar subvencionada”.

Las claves que sí aprueban los economistas

Aun con todo, hay medidas que recoge la norma que sí tiene el visto bueno de los expertos y son las siguientes: 

• Se reconocen errores del sistema concursal español: lentitud, complejidad, elevado coste, etc. Que ahora se tratan de enmendar y mejorar.
• Se impulsan los Planes de Reestructuración (PR). Se sustituyen los acuerdos de refinanciación y los acuerdos extrajudiciales de pagos por los mismos.
• Se da una creciente importancia a otras actividades de los profesionales de la insolvencia en fases previas, como el “Experto en reestructuración”, si bien no define con claridad esta figura lo que genera cierta inseguridad jurídica y deja a los empresarios ante el riesgo de ser asistidos por profesionales sin la adecuada preparación para el correcto desempeño de una función tan crítica para su supervivencia.
• Se incluye un procedimiento especial para microempresas en el que prima la agilidad y la menor formalidad del procedimiento
• Incorpora a la legislación el sistema del Pre Pack (Venta de unidades productivas).
• Se incorpora el procedimiento electrónico y vistas telemáticas. La mediación será electrónica.