Los economistas piden reformar Ley de Segunda Oportunidad para frenar el impacto del coronavirus

Los autónomos están pasando un mal momento por la paralización económica que ha provocado el covid-19. Muchos de estos pequeños negocios están en riesgo. De hecho, las empresas que están en una situación más crítica son aquellas que tienen unos ingresos superiores a 6.000 euros e inferiores a 150.000 euros al año, segmento compuesto, mayoritariamente, por autónomos y micropymes.

El problema es que, de momento, las ayudas de las Administraciones para paliar el impacto de esta crisis llegan a cuenta gotas. Si bien es cierto que algunos trabajadores por cuenta propia ya pueden solicitar medidas de apoyo como la prestación por cese de actividad, los ERTES o el Plan Impulsa, estas medidas resultan insuficientes para la mayoría del colectivo, que sigue viendo en riesgo su actividad. Por este motivo, desde el Consejo General de Economistas de España consideran necesario ampliar la Ley de Segunda Oportunidad a las personas físicas, autónomos y emprendedores, para paliar los efectos derivados de la crisis del coronavirus. Y sobre todo para que muchos autónomos que se vean en la necesidad de cerrar sus negocios puedan volver a su actividad sin cargas.

La Ley de Segunda Oportunidad, vigente desde marzo de 2015, nació con el objetivo de que particulares y empresarios puedan solicitar un acuerdo de pago con sus acreedores, de tal manera que tenga la posibilidad de reemprender.

Bien por un acuerdo entre las partes o bien porque un juez condone la deuda, el autónomo podrá aliviar sus cargas financieras. Cualquier deudor puede acogerse a esta norma. También los autónomos, únicos emprendedores que comprometen la mayor parte de su patrimonio cuando se embarcan en un proyecto y para los que la segunda oportunidad puede ser la única manera de reflotar su actividad.

Si bien los expertos del Registro de Economistas Forenses (REFOR), órgano especializado del Consejo de Economistas, valoran positivamente las medidas introducidas por el Gobierno a raíz del Covid-19,  pero creen que la situación extraordinaria provocada por esta crisis "exige soluciones más profundas" que beneficien fundamentalmente a los pequeños negocios. Un colectivo que se esta viendo obligado a pedir créditos para asumir todos los gastos que tienen que asumir, aún cuando se han quedado sin ingresos, como ya informó este medio. Incluso algunos están dejando de ingresar entre el 65% y el 70% de su facturación habitual.

Reformar la segunda oportunidad para adaptarla a las circunstancias

Dadas las circunstancias actuales, para el presidente del Consejo, Valentín Pich, “sería favorable una regulación adicional que impulse la segunda oportunidad, pues los afectados más vulnerables son las personas físicas en situación desfavorecida, los autónomos y los pequeños emprendedores".

Alberto Velasco, secretario técnico de REFOR, explicó que esta ley es muy positiva para el colectivo pero  tiene demasiados requisitos, que impiden que muchos autónomos se acojan a ella. "Para poder acceder a la segunda oportunidad, primero hay que pasar por un proceso concursal, que es caro y lento; el autónomo necesita contratar a un abogado y la mayoría de las deudas con administraciones públicas no entran dentro del supuesto. Por estos motivos, esta ley necesita una reforma que la adapte a estos momentos tan excepcionales", señaló.

"Nuestra propuesta es que se pueda aplicar de urgencia a los autónomos que la necesiten, aunque se tenga que utilizar una graduación de gravedad para optar a ella, empezando por las personas más vulnerables. En definitiva, que se pueda solucionar extrajudicialmente y que sea menos formal para que pueda acceder todo el mundo", explicó Velasco

Por otro lado, el Consejo ha analizado las medidas introducidas en el Real Decreto Ley 8/2020 en el ámbito concursal. Los economistas del REFOR valoran positivamente estas medidas en lo referente a los concursos de acreedores pero las consideran insuficientes.

Dentro de estas normas, se establece la obligación de no declarar concurso de acreedores en dos meses tras la finalización del Estado de Alarma - previsto, actualmente, para el 11 de abril -. Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), explicó que con esta medida se pretende que los autónomos no puedan acogerse a la ley de segunda oportunidad, una vez retomen su actividad, después de haber recibido ayudas durante estos meses de paralización de la economía. "El problema es que muchos profesionales van a verse en la necesidad de acudir a esta ley", señala.

Pich explicó que, “con esta moratoria, se pretende evitar el posible colapso de la jurisdicción mercantil por posibles insolvencias”. Una medida que “puede haberse inspirado en el modelo alemán, donde se ha establecido una suspensión de los procedimientos concursales hasta el 30 de septiembre”, señaló el presidente de la entidad.

Por su parte, el presidente del REFOR, Alfred Albiol, comentó la posibilidad de asemejar la Ley de Segunda oportunidad a la Directiva de Insolvencia. Esta norma permite que una empresa pueda refinanciarse durante doce meses antes de tener que recurrir a un concurso de acreedores.

Es decir, si se aplicase esta reforma, los autónomos en dificultades dispondrían de una ampliación de ocho meses, que se sumarían a los cuatro meses actuales que permite la segunda oportunidad; con el fin de de que traten de lograr financiación sin que el negocio se declare en concurso. Según propone Albiol, la manera de implementarlo podría ser con ampliaciones de cuatro en cuatro meses hasta llegar al tope de 12 meses de la Directiva, "en función de cómo evolucionen los efectos del coronavirus".  

Propuestas del Consejo de Economistas

Por tanto, las principales propuestas hechas por el Consejo, a través del REFOR, en el marco concursal se resumirían en tres:

• Ampliación de la segunda oportunidad para autónomos y emprendedores hasta una determinada dimensión y adaptación a la situación de emergencia para que puedan acceder todos aquellos que lo necesiten.
• Potenciar los acuerdos de refinanciación para pequeños negocios. Este proceso sería el paso previo a un concurso de acreedores, de tal manera que el autónomo pudiese refinanciar sus deudas aplicando unas tasas más elevadas. "Actualmente, estos acuerdos están pensados para la mediana y gran empresa", señaló Alberto Velasco; por lo que "será necesaria la colaboración de los distintos agentes intervinientes"; como pueden ser las empresas, los acreedores, las entidades bancarias e el crédito público, entre otros.
• Potenciar otras soluciones relacionadas con el concurso de acreedores, como el acuerdo extrajudicial de pagos, poco utilizado por los pequeños negocios y que suponen otra alternativa a tener en consideración en la situación actual.