martes. 16.07.2019

Empleo mantendrá la Tarifa Plana para los autónomos

Empleo estudiará junto con los agentes sociales eliminar las bonificaciones y reducciones cuyos efectos sean nulos para la creación de empleo.
Empleo mantendrá la Tarifa Plana para los autónomos

Toda ayuda era poca en época de crisis. Los más de 3.000 millones de euros que la Seguridad Social destina anualmente a bonificaciones y reducciones sociales se verán reducidos en los próximos meses. Ahora bien, el colectivo de autónomos puede respirar tranquilo, al menos por el momento. Fuentes próximas al Ministerio de Empleo han afirmado que “la Tarifa Plana no se tocará. Prueba de ello es el compromiso de ampliar la medida que se recoge en la Ley de Medidas Urgentes para el Trabajo Autónomo”.

Con ello el Gobierno pasa por alto las recomendaciones de algunos expertos, como el Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, Manuel Lagares, que durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo afirmó que “hay que reducir los regímenes especiales porque la mejor Tarifa Plana es la rebaja de las cuotas”. Lo que sí podría variar es la forma en la que se financia. Así lo apuntaba esta mañana la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su intervención en un debate sobre el sistema público de pensiones, organizado por el diario económico Cinco Días, en el que ha ratificado la voluntad del Gobierno de transformar algunas reducciones en bonificaciones y “revisar” estas últimas.

Actualmente la Tarifa Plana de autónomos se integra dentro del conjunto de reducciones de cuotas a la Seguridad Social, que son financiadas por el Sistema. De producirse la conversión a bonificación el coste pasaría a ser asumido por el Estado vía presupuestos del SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal).

Sin embargo, otras -tanto reducciones como bonificaciones- no correrán la misma suerte y pasarán a los anales de la historia de la recuperación económica en España. Tomás Burgos, segundo de a bordo de Báñez en materia de Seguridad Social, explicaba que “tanto unas como otras, han ayudado a la creación de empleo pero ahora el compromiso es que el Sistema se vaya desprendiendo de ellas con el mayor nivel de acuerdo y de análisis”. En esta línea, durante los próximos meses y según detallaron las citadas fuentes de Empleo “valoraremos junto a los interlocutores sociales qué medidas han generado empleo y cuáles han tenido un efecto nulo; esas son las que se descartarán”.

En relación al impacto económico y sólo con la conversión de las reducciones en bonificaciones, según las estimaciones de la Seguridad Social se recuperarían en torno a 1.900 millones de euros anuales.

Envejecimiento activo

Además del trasvase de fuentes de financiación, solventar las cuentas del Sistema, requiere de la puesta en marcha de otras medidas que favorezcan la entrada de nuevos cotizantes al Sistema y la mejora de los ingresos de quienes ya están.

Una de ellas, defendida casi por unanimidad ha sido el envejecimiento activo. O lo que es lo mismo compatibilizar el cobro de la pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad, en el caso de los autónomos, o el cobro del salario, en el de los trabajadores por cuenta ajena. Tanto Fátima Báñez, como el portavoz de Economía de Ciudadano en el Congreso, Toni Roldán, coincidían en que hay que dotar de mayor “flexibilidad” al sistema permitiendo a quien así lo decida alargar su vida laboral, más aún cuando desde 2011 la esperanza de vida se ha incrementado en torno a un año, hasta los 83 años de media.

Tesis que de forma llana también ha respaldado el sociólogo de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) Luis Garrido, “a la gente que se le jubila a los 65 años es como si le cortasen un pedazo”. A este respecto, la voz de la discordia la ponía Octavio Granado, ex secretario de Estado de la Seguridad Social durante la época de Zapatero quien justificaba su postura en base al perjuicio que puede ocasionar sobre el empleo juvenil. Garrido le contestaba “me da grima que no dejen trabajar a un jubilado”.

Decidir qué prestaciones se financian con los recursos de la Seguridad Social y cuáles pasan a depender de presupuestos -tal y como ya ocurre con el complemento a mínimo o con las prestaciones por maternidad-, es otro de los temas sobre los que se tendrá que poner negro sobre blanco en los próximos meses, de cara a ir tapando el agujero del sistema. “Se nos plantea un reto de financiación importante”, ha explicado el secretario de Estado de Seguridad Social, quien proseguía “hay que pensar si se quieren recorrer nuevos caminos con la separación de fuentes”.

Por otra parte, y de cara mejorar los ingresos, desde Empleo proponen definir la correlación entre el porcentaje de solidaridad y el de contributividad. Esto pasa por destopar las bases máximas. Ahora bien “cualquier incremento que se produzca sobre éstas tiene que acompañarse de un incremento en la pensión máxima” con el objetivo de que el Sistema no pierda su carácter de solidario.

En lo que toca a los autónomos tanto Báñez como Burgos han reiterado lo imperativo de avanzar en equiparar, en la medida de lo posible, el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) con el Régimen General. Algo que resulta paradójico si atendemos a los incrementos en las bases de cotización de los autónomos societarios y que se recogían en la Orden publicada el pasado sábado. A este respecto las mimas fuentes de Empleo, no descartan que dar marcha atrás con la medida pero “se necesita una norma con rango de Ley”. Misma cirunstancia que podría darse con el incremento de la base mínima que colgaría de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Conducta reformista permanente

Dar la vuelta al sistema de la Seguridad Social no depende, por tanto, de una sóla receta. “No existe una solución definitiva. Se necesita una conducta reformista permanente que se adapte a la propia evolución de la sociedad”, destacaba Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social.

Peña ha tocado dos de los temas que deben copar el debate sobre el futuro del las pensiones, el primero es el relativo al “pánico demográfico”. De aquí a 2040 el número de pensionistas habrá crecido hasta los 15 millones (casi seis más que ahora) y el gasto en prestaciones supondrá el 18,5% del PIB. El segundo “la robotización, la digitalización y la economía colaborativa. Hay que pensar en que va a destruir empleo y pensar cómo reaccionar ante ello”. Afirmación esta última que también desechaba Garrido “en las últimas décadas la tecnología no deja de crecer , al igual que el empleo que tampoco está disminuyendo en ninguna parte del mundo”.

Solucionar la dualidad del mercado de trabajo, evitando el abuso de la temporalidad, mejorar el nivel de empleo y la productividad, incentivar la natalidad, regular las jubilaciones anticipadas, impulsar los programas de formación cualificada (tanto profesional como desde la base) o luchar contra el fraude, serán otros de los temas a debatir bajo el marco del diálogo social y el consenso político.

Lo público por encima de todo

Defender el sistema público de pensiones ha sido causa común entre todos los ponentes. Entre ellos el ex presidente del Gobierno, Felipe González. “Hay que mantener la dignidad del sistema”, sentenciaba. Así pese a que necesariamente vamos hacia un sistema mixto “donde cobrarán peso las aportaciones voluntarias, el sistema público debe ser quien garantice las pensiones”.

González, no obstante, se ha mostrado preocupado por la situación de un fondo de reserva en el que apenas quedan 15.000 millones. A este respecto Báñez, que coincidía con el ex presidente en que “los sistemas privados deben ser complementarios”, pedía un ejercicio de “confianza país” y aseveraba que las pensiones son una prioridad para el Gobierno. Por ello si es necesario se emplearán todas las herramientas necesarias para pagarlas, entre ellas la emisión de deuda “no es la primera vez que se recurre a la deuda pública y al crédito”.

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