Martes. 20.02.2018

SEGÚN RECONOCE HACIENDA

Las empresas públicas tardan hasta 484 días en pagar a sus proveedores

Según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, Valladolid Alta Velocidad o las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y del Segura encabezan la lista de los que más se retrasan en abonar sus facturas. En algún caso hasta 483 días.

Las empresas públicas tardan hasta 484 días en pagar a sus proveedores

De los más de dos centenares de entidades y organismos dependientes de la Administración Central, 21 de ellas incumplen con creces el periodo medio de pago a proveedores (PMP). Esto es más del 10%, según el último informe hecho público por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, correspondiente al mes de noviembre de 2017.

Los casos más sangrantes se dan por este orden: Consorcio de la Zona Franca de Cádiz que abona sus facturas a 483,48 días de media. Le siguen, Valladolid Alta Velocidad, con 464,21 días, y las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Segura con 339,48 y 219,70 días respectivamente. Es decir, superan de largo los 30 días de máximo en el caso de la Administración Pública y los 60 de las operaciones entre empresas establecido en la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad empresarial.

AyE pudo contactar con Enisa, dependiente del Ministerio de Economía, que el pasado año financió 605 proyectos empresariales y de innovación por importe de 69 millones de euros, y que paga a sus proveedores, según los datos de Hacienda, a 81,18 días de media. Fuentes de la entidad con las que ha hablado este diario se mostraron sorprendidas y negaron estos retrasos asegurando que abonan sus facturas en menos de 30 días. En la memoria de sostenibilidad anual de Enisa correspondiente al año 2016 (última disponible), la entidad señala que el plazo medio de pago es de 26 días.

Pero según el Ministerio de Hacienda y Función Pública esto no es así y las cifra de empresas públicas morosas podría incrementarse de conocerse los datos de otras 21 entidades como el Consorcio Alta Velocidad de Barcelona, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología o la Agencia Española para la Cooperación Internacional del Desarrollo de las que Hacienda no cuenta aún con datos.

También hay morosos en las entidades que integran los Fondos de la Seguridad Social y en aquellas empresas dependientes de la administración regional.  Entre las primeros, el Fogasa se lleva la palma con 147,88 días. En el segundo bloque se encuentran casos como el de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno-Doñana 21 Fundación Pública Andaluza, paga a más de 403 días o el de Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM), con cerca de 248.   

Cabe destacar, asimismo, que dichos PMP están calculados antes de que entre en vigor la modificación del método de cálculo de los mismos, aprobada vía Real Decreto el 22 de diciembre, que empezará a contar los días desde el momento de la entrada de la factura en el registro o de la aprobación de las certificaciones o documentos acreditativos de conformidad, en su caso, y no 30 días después como ocurre hasta ahora.    

Contratación pública y régimen sancionador

En aras de acabar con la lacra de la morosidad pública y privada que hasta el momento se ha cobrado la vida de más de medio millón de autónomos y pequeñas empresas, el Congreso de los Diputados aprobó, el pasado mes de junio, una Proposición de Ley presentada por Ciudadanos para intentar que exista un régimen sancionador a la Ley de Morosidad tal y cmo venían reivindicando las organizaciones de autónomos. La proposición prevé multas de hasta  819.780 euros, con un periodo de prescripción de entre uno y cuatro años y que podrán ser objeto de reducción por pronto pago o si, a su vez, son acreedoras de deudas por importe igual o superior a la contraída. Actualmente, dicha iniciativa aún se está trabajando en el Congreso para su próxima presentación y aprobación.

Pero se ha dado ya un paso adelante en noviembre de 2017 cuando obtuvo luz verde, de forma unánime, la Ley de Contratos del Sector Público. Precisamente el texto prohibe que las empresas que contraten con la Administración establezcan plazos de pago superiores a los 60 días y limita a 30 días periodo de comprobación de las facturas.

Desde ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos), su presidente, Lorenzo Amor, insiste en la urgencia de aprobar el Régimen Sancionador y concretamente “penalizar a las administraciones y empresas públicas incumplidoras".

Las empresas públicas tardan hasta 484 días en pagar a sus proveedores