El Gobierno amplía hasta junio de 2021 el bono social eléctrico para los autónomos

El Gobierno aprobó el pasado martes en Consejo de Ministros extraordinario el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. Buena parte de las ayudas que puso en marcha el Ejecutivo a raíz de la crisis del coronavirus dejaban de estar en vigor el pasado 30 de septiembre y este decreto amplió algunas hasta el año que viene.  

Las más importantes fueron los ERTEs por fuerza mayor, que cubren todavía a más de medio millón de empleados y miles de negocios, o la prestación por cese de actividad. Ambas medidas se extendieron hasta el próximo 31 de enero. Sin embargo, no son las únicas que el Gobierno puso en marcha para proteger a autónomos y asalariados.

Las medidas enmarcadas en el denominado 'escudo social' también pueden afectar a algunos trabajadores por cuenta propia. Es el caso de la prohibición de corte de suministros; la prohibición de desahucios; las moratorias hipotecarias  y del alquiler y la ampliación de colectivos que pueden acceder al bono social eléctrico.

Precisamente esta ayuda dirigida a reducir los gastos en suministros de los trabajadores que se encuentren en una situación económica difícil, el bono social, también se extendió en el nuevo decreto, en este caso, hasta el próximo 30 de junio de 2021. Esta medida se puso en marcha en 2017 pero excluía a los empresarios. Sin embargo, a raíz de la crisis, el Gobierno la amplió al colectivo de autónomos de forma excepcional y, ahora, ha vuelto a extender la protección. Aunque, eso sí, con algunos requisitos que varias asociaciones de autónomos como ATA ya denunciaron en su momento que impedían el acceso efectivo a la mayoría de los trabajadores por cuenta propia. 

Los autónomos podrán acceder hasta junio de 2021

En este Real Decreto se incluyó a los autónomos dentro de los colectivos a los que el Gobierno se refiere como "vulnerables". Al ser considerados como tal podrán acogerse a un 25% de reducción en su factura de la luz, aunque sólo del hogar, ya que para acceder se exige que se den de baja en Hacienda -y cierren su negocio- y, por tanto, no podrían aplicar dicho descuento a la factura eléctrica del local comercial.

De este modo y hasta el próximo 30 de junio, el colectivo de trabajadores por cuenta propia seguirá formando parte de los perceptores del bono social de electricidad, al que podrán acogerse en función de determinados umbrales establecidos en el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y siempre que cesen en su actividad.

La reducción será del 25% de la factura y podrá ascender hasta el 30% si algún miembro de la unidad familiar tiene una discapacidad igual o superior al 33%, es víctima de violencia de género o víctima de terrorismo. También las familias numerosas y monoparentales y aquellas que cuenten con algún miembro dependiente. El descuento podría ascender incluso hasta el 40% si se acredita que el beneficiario forma parte de un colectivo vulnerable severo o en riesgo de exclusión social.

El Gobierno ya ha publicado el modelo de formulario de solicitud que se incluye en el propio real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entró en vigor el pasado miércoles.

Requisitos para acceder al bono social eléctrico

Según recoge la disposición sexta de la nueva norma, tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual los consumidores domésticos:

• Que se encuentren en situación de desempleo
• Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE),
• Hayan visto reducida su jornada por motivo de cuidados
• Que sean empresarios  y hayan tenido que afrontar éstas u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos.

Además, el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior al momento en que se presenta la solicitud del bono social completa, con toda la documentación requerida, no podrán alcanzar las siguientes cantidades: 

• 1,5 veces la doceava parte del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) -que son unos 537 euros al mes-  en 14 pagas, en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar;
• 2 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar;
•  2,5 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.

Los autónomos tienen que darse de baja en Hacienda

Para acreditar la condición de consumidor vulnerable definida en el apartado anterior y solicitar la percepción del bono social, el consumidor deberá remitir a un comercializador de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca en su página web, el modelo de solicitud y declaración responsable disponible en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto con la siguiente documentación acreditativa:

• En caso de ser trabajador por cuenta propia, mediante certificado de cese de actividad expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) o el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
•  Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme parte de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros para los que dicho documento sea obligatorio.
•  Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular del punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar.
• Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar.
• Declaración responsable del solicitante relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos 

Sólo 5.000 autónomos accedieron al descuento eléctrico

Desde la declaración del estado de alarma, más de 42.000 nuevos hogares han accedido al bono social eléctrico. Sin embargo, de estos beneficiarios, apenas 5.000 son autónomos.

El problema es que,  para acreditar la situación de vulnerabilidad económica exigida en todas las ayudas sociales -incluido el bono eléctrico- se obliga a los autónomos a cerrar el negocio y certificarlo ante Hacienda. 

Por lo que, los autónomos que soliciten las ayudas en materia social(para desahucios, actividades, créditos, hipotecas, bono social, suministros y plan de pensiones) no sólo tienen que presentar grandes caídas en su facturación, sino que además tienen que haber solicitado el cese de su actividad y haberse dado de baja. Se trata de una medida que excluye directamente, según los últimos cálculos de ATA, al 95% de los trabajadores autónomos que, a pesar de la crisis, mantienen abierto su negocio aunque, algunos, con muy pocos ingresos.