El Gobierno aprueba la ‘tasa Google’ para favorecer al pequeño comercio
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley que crea el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que grava a las grandes plataformas digitales y que beneficiará la competitividad de los autónomos y pequeños negocios del sector del comercio. También se ha aprobado el relativo a la tasa por transacciones financieras, cuya recaudación se destinará a pensiones y protección social.
España será el primer país de la Unión Europea en implantar la conocida como ‘tasa Google’. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
Este nuevo tributo, en palabras de la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno Isabel Celaá, “grava la actividad de plataformas que perjudican al pequeño comercio que paga sus impuestos”. El objetivo es que estos gigantes tecnológicos tributen donde tengan beneficios. Por lo general estas plataformas tienen su matriz en países como Irlanda o Luxemburgo, que cuentan con una fiscalidad privilegiada. Por ejemplo, en el caso irlandés el tipo del Impuesto de Sociedades es de un 12,5% mientras que en España éste se duplica hasta el 25% en el caso de las pequeñas empresas o negocios de autónomos societarios (23% si se aprueban los Presupuestos Generales para 2019).
En línea con lo que se está planteando en la Comisión Europea, la “tasa digital, no la llamemos tasa Google”, ha puntualizado Celaá, gravará con un tipo del 3% a las empresa con un volumen de facturación de 750 millones de euros a nivel mundial y de tres millones de euros en España. Asimismo, su liquidación será trimestral. Lo que no ha aclarado es si se aplicará con carácter retroactivo a todo el ejercicio una vez supere el trámite parlamentario que podría extenderse hasta bien entrada la primavera.
Además del volumen de ingresos, tres serán las condiciones que justificarán que tribute por este concepto: que sean plataformas digitales cuya actividad sean los servicios de intermediación en línea (Uber, Airbnb, Amazon, …); la venta de publicidad dirigida en línea; y la venta de datos generados a partir de la información facilitada por los usuarios.
Quedan fuera de este nuevo tributo las ventas de productos o servicios que se producen entre usuarios en las citadas plataformas, los proveedores que bien comercializan directamente sus productos vía web o bien no actúan como intermediarios. Tampoco se gravarán determinados servicios financieros.
En términos de recaudación las expectativas son “prudentes”. Hacienda espera recaudar un total de 1.200 millones de euros, 300 menos que las previsiones elaboradas por el equipo del anterior ministro del ramo, Cristóbal Montoro, impulsor de la medida.
Transacciones financieras
El otro proyecto de ley al que se ha dado el visto bueno en el Consejo de Ministros es el que gravará determinadas operaciones financieras. Algo en línea con la ‘tasa Tobin’ planteada por la Comisión Europea y que es considerada “conveniente” por 10 de los 28 países de la Unión. De hecho en Italia y en Francia ya estaría vigente.
Precisamente es este último modelo, el francés, el que se ha tomado como referencia para redactar el proyecto de ley que gravará con un 0,2% las adquisición de sociedades españolas cotizadas y, siempre y cuando su valor de cotización supere los 1.000 millones de euros. La compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas y la compra de deuda pública o privada quedarán exentas.
Las previsiones de ingresos que maneja el Ejecutivo elevan hasta 850 millones el volumen de recaudación de la nueva tasa. Dinero que se destinará “al sistema de pensiones y a la mejora de la protección social”, ha detallado Celaá.
