El Gobierno baraja que los autónomos finalmente puedan tener ayudas sociales sin necesidad de cerrar su negocio

Los autónomos podrían acceder a las ayudas sociales que puso en marcha el Gobierno para ayudar a los colectivos más vulnerables, sin necesidad de dar de baja su actividad. Hasta ahora, para optar a algunas ayudas como la moratoria hipotecaria o de los alquileres de locales, el bono social eléctrico o incluso el rescate de los planes de pensiones, se exigía que el autónomo cerrara el negocio y tramitara su baja censal en Hacienda. Condición que será modificada en los próximos días a petición de las organizaciones representativas del colectivo.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) llevaba días advirtiendo que, de persistir este requisito, el 95% de los trabajadores por cuenta propia -que se mantienen dados de alta- podrían quedarse fuera de estas ayudas sociales dirigidas a colectivos vulnerables, ya que para acceder necesitarían de una declaración de cese expedida por la Agencia Tributaria. Declaración que el autónomo sólo puede conseguir cerrando su negocio y dándose de baja.

El problema está en la propia definición que recoge la norma sobre lo que hay que cumplir para formar parte de ese "colectivo de personas vulnerables al que van dirigidas las ayudas" explicó Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Según Ferrero, para acreditar su situación de vulnerabilidad y poder acceder al bono eléctrico, o las moratorias -entre otras medidas sociales adoptadas por el Gobierno-, los autónomos “tienen que presentar un certificado emitido por la Agencia Tributaria de cese de actividad”. 

Es decir, que "no bastaría con acreditar pérdidas, sino que habría que cerrar el negocio, con todo lo que eso implica" añadió Ferrero. Además, tampoco podrían ser beneficiarios del cese de actividad extraordinario ya que, para acceder a esta prestación, deben estar dados de alta en la Seguridad Social.

Este requisito, "era demasiado restrictivo. Limitaba el acceso a muchos autónomos que de verdad están en situación de vulnerabilidad económica, a unas ayudas que les corresponderían y de las que, sin embargo, quedaban excluidos porque tienen que tramitar su baja censal" explicó Celia Ferrero. Según la vicepresidenta de la federación de autónomos, lo más seguro es que esto fuera sólo "un error en la redacción de la norma".

Error que, según ha podido saber este periódico, se enmendará en los próximos días. Se espera que en el siguiente Consejo de Ministros se modifiquen las clausulas que prevén este requisito de acceso a las diferentes ayudas en materia social. De este modo, los autónomos podrían seguir dados de alta y, a la vez, acceder a las diferentes medidas que les corresponden siempre que cumplan las demás condiciones establecidas como, por ejemplo, acreditar un descenso del 40% de su facturación, o bien que su actividad haya quedado suspendida por el Estado de Alarma.

Tres situaciones que demostrarían la condición de "colectivo vulnerable"

En principio, el Ministerio de Economía trasladará en el próximo Consejo de Ministros la necesidad de retocar los diferentes decretos por los que se establece, hasta ahora, la obligatoriedad para los autónomos de demostrar que están en situación de vulnerabilidad económica a través de una declaración de cese expedida por la Agencia Tributaria. 

De esta forma, se espera que baste con acreditar, al menos, una de las tres situaciones en las que se puede encontrar un autónomo afectado por la crisis del COVID-19 y que le otorgaría la consideración de vulnerable: que su actividad esté suspendida por decreto; tener un 40% o más de pérdidas o haberse visto obligado a cerrar permanentemente. 

Hasta ahora, sólo era posible acceder si se acreditaba la última de las tres situaciones. Es decir, si el autónomo había cerrado la persiana de forma permanente y había tramitado ya su baja censal.

"En el caso del rescate de pensiones, sólo pueden acceder de momento aquellos que hayan cerrado y se hayan dado de baja o bien los que tengan su actividad suspendida pero también un local para desarrollar su negocio. Si hemos solicitado desde ATA que se modifiquen estas condiciones es porque la finalidad de estas ayudas es apoyar a colectivos vulnerables y, paradójicamente, estaban dejando fuera a buena parte de los autónomos en situación de vulnerabilidad" comentó la vicepresidenta de ATA. 

La modificación podría llegar en el próximo consejo de ministros

La celeridad con la que se ha tenido que redactar la mayoría de normas que ahora mismo están en vigor ha dado pie a varios errores. Algunas de ellos, se han ido rectificando con el paso de los días, y es posible que el próximo miércoles, tras haberse celebrado el consejo de ministros y publicado las novedades en el BOE, se modifiquen los requisitos de las ayudas sociales para que los autónomos puedan acceder a ellas y mantener su alta en el RETA.

Según confirmaron fuentes ministeriales al diario La Razón, los técnicos que elaboraron esta norma estarían retocando ya su redacción para que no induzca a errores de interpretación y que todo quede claro .En definitiva, que los "autónomos que deseen pedir las ayudas lo puedan hacer sin tener que tramitar un cese de actividad total. Nuestro objetivo siempre ha sido que todo el mundo pueda acceder a las ayudas si las necesitan”.

Con esta nueva redacción se espera que los autónomos puedan también compaginar las ayudas con la prestación por cese de actividad extraordinario, de la que son beneficiarios ya cerca de un millón de trabajadores por cuenta propia.

Para la Federación es una buena noticia que el Gobierno rectifique. "Bienvenido sea este cambio que permitirá a los autónomos acceder a las ayudas sociales",comentó Lorenzo Amor, presidente de ATA, en sus redes sociales. Justamente había sido esta organización la que trasladó tanto a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; como al ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, dicho problema en las diferentes reuniones telemáticas mantenidas en las últimas semanas.

De hecho, “fue un error que detectamos al principio, cuando se publicó el Real Decreto-ley del 31 de marzo, y que se ha trasladado en las reuniones con ambos ministerios ” explicó la vicepresidenta de ATA.

Para evitar este tipo de discriminaciones jurídicas, desde la federación proponen que se cree un buzón de consultas de incidencias transversal entre todos los ministerios y específico para problemas del colectivo. Este buzón permitirá “que cuando se pasen cierto tipo de consultas, éstas acaben siendo vinculantes, como ocurre con las de la Agencia Tributaria".