El Gobierno destina 455 millones para ayudar a crecer a los pequeños negocios
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un paquete de ayudas por importe de 455,5 millones de euros para la mejora de la competitividad de las pymes. El plan abre líneas de financiación para la innovación y la digitalización, la internacionalización y la eficiencia energética.
Nueva inyección económica para autónomos y pymes. El antepenúltimo Consejo de Ministros, que se ha celebrado el primer día de campaña electoral, ha aprobado hoy un paquete de ayudas económicas por importe de 455,5 millones de euros destinadas a mejorar la competitividad de unos 2,8 millones de autónomos y pymes.
Éstas repartirán entre tres ejes. El primero de ellos, dotado con 98,5 millones de euros y gestionados por ENISA (Empresa Nacional de Innovación), se destinará a líneas de financiación para empresas tecnológicas. De estos 20,5 millones de euros irán a financiar a proyectos de jóvenes emprendedores. Según los cálculos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se espera que estas ayudas económicas tengan un impacto de 220 millones de euros de inversión inducida y que se creen un total de 1.600 empleos directos.
El segundo está orientado a impulsar y consolidar la internacionalización de los autónomos y las pymes. Para ello se transferirán 50 millones de euros al FIEM Pyme (Fondo para la Internacionalización de la Empresa), que financiará a los autónomos y pequeñas y medianas empresas que quieran exportar o internacionalizarse con créditos de hasta tres millones de euros.
Por último, se desarrollará un programa de ayudas a la eficiencia energética por importe de 307,6 millones de euros que dependerán del IDEA (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía).
Tal y como ha explicado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las ayudas se encuadran en el Marco Estratégico horizonte 2030 que “sitúa a la pyme en el centro de la agenda económica del Gobierno” y que tiene como objetivos “incrementar la competitividad” y acompañar a las empresas en su desarrollo “desde que se crean, durante su crecimiento y consolidación y hasta su internacionalización”.
Así, las 50 actuaciones que recoge el marco se agrupan en siete palancas orientadas a facilitar la segunda oportunidad, facilitar la captación de talento en las pymes, desarrollar un marco regulatorio con el que “eliminar las trabas al crecimiento empresarial”, fomentar el acceso a la contratación pública, impulsar fórmulas de financiación alternativas a la bancaria y reforzar mecanismos para reducir la morosidad, entre otras.
Bajo este marco estratégico se pretende dar continuidad y mejorar los últimos datos publicados por la DGIPYME (Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa). En marzo había 1.559.798 autónomos y 1.332.871 pymes. Ambas cifras son superiores a las de hace un año en un 1,58% y 1,20% respectivamente. A ello se añaden otras cifras que denotan la buena salud de los autónomos y las pequeñas empresas de España, que se consolidan cada vez más en el tiempo y están afrontando de forma satisfactoria el reto de ganar tamaño. Las micropyme de 1 a 9 trabajadores en plantilla aumentaban su número a un ritmo del 0,80%. Las pequeñas -de 10 a 50 empleados- y las medianas -de 50 a 249-, lo hacían al 3,62% y 5,22%.
Por otra parte, se da la circunstancia de que hoy la Comisión Europea ha facilitado los datos sobre la convocatoria de financiación de la Unión Europea para apoyar proyectos innovacores, con España con 46 proyectos seleccionados por un importe total de un importe total de 2,2 millones de euros ha resultado el país con mayor número de beneficiarios.
Desbloquear el régimen sancionador de la morosidad
Bajo el citado marco estratégico se integra el compromiso del Gobierno con el desarrollo de medidas de lucha contra la morosidad. Una lacra que cuesta a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas un montante de 1.000 millones de euros cada trimestre y que se cobra la vida de uno de cada cuatro negocios que cierra en España.
Así de repetir mandato en Moncloa, el Ejecutivo socialista se esforzará por desbloquear el régimen sancionador con multas de hasta un millón de euros para las empresas que incumplan con el plazo máximo de 60 días para el pago a proveedores. Éste permanece estancado en el Congreso de los Diputados desde mayo de 2017, cuando Ciudadanos presentó su Proposición de Ley. El marco estratégico recoge también el desarrollo de un sistema arbitral para alternativo a los tribunales con lo que se agilizarían los procedimientos de denuncia.
