El Gobierno dice que sólo los autónomos con "negocios viables" podrán cobrar las futuras ayudas directas

El Gobierno ya está trabajando con Europa para reformar el marco legal español e introducir nuevos mecanismos que alivien "la carga financiera y refuercen la solvencia" de los autónomos y empresas afectados por la pandemia. Ahora bien, las nuevas ayudas directas anunciadas por Economía, que vendrán financiadas con parte los fondos europeos -y que podrían distribuirse en parte a través de las CCAA-, no llegarán a todos los negocios por igual.

Desde el Ejecutivo se estaría trabajando con otras entidades como el Banco de España o el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para poner en marcha nuevas ayudas directas que podrían venir en forma de cheques -que ya han implantado otros países como Alemania-, o incluso quitas de parte de los préstamos avalados por el Estado. Ahora bien, si algo tiene claro el Gobierno desde el primer momento es que no quiere que estas nuevas ayudas sirvan para mantener a empresas "artificialmente", por lo que exigirá que los negocios sean "viables" para poder beneficiarse de ellas.

La propia Vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, recalcó recientemente en su intervención en el Cercle d'Economia que "nuestro énfasis y prioridad es ver qué instrumentos pueden servir para reforzar la viabilidad a medio plazo" . Pero no para todos, si no para los negocios cuyo "desequilibrio patrimonial viene causado por la pandemia". Es más, desde el seno del Gobierno ya dan por sentado que habrá más empresas que no superen la crisis, pero "la prioridad no es retrasar el desencadenamiento de procesos concursales", sino "evitar un impacto estructural de la pandemia", dijo Calviño.

Las ayudas serán sólo para negocios afectados y viables

En este sentido, fuentes de Economía confirmaron a este diario que ya se está trabajando precisamente en estos últimos aspectos técnicos para concretar parámetros que permitan medir la viabilidad de las actividades. "Ahora mismo hay una mesa de trabajo en marcha perfilando los detalles de las ayudas, porque la disparidad de empresas, sus tipologías y tamaños es enorme. Cada una requerirá medidas diferentes. Pero lo que es seguro es que se abre un abanico importante a los negocios viables. La viabilidad va a ser un elemento importante". 

Según explicaron las mismas fuentes, habría un grupo formado con varias entidades como "el Banco de España, el Tesoro, el ICO  y las patronales bancarias que lo que están haciendo es analizar la situación de las empresas para ver qué características son las adecuadas y cómo se enfocan los parámetros". 

En otras palabras, el Ejecutivo es consciente de que los fondos de los que dispone son limitados y se niega a mantener artificialmente a empresas 'zombies', término que utilizan los economistas para referirse a los negocios que tienen unos beneficios que no son suficientes para cubrir sus propios gastos financieros. Esto significaría, a fin de cuentas, 'sacrificar' a algunas empresas que, a priori, no tienen posibilidades de sobrevivir para poder atender a aquellas que sí pueden recuperarse de esta crisis. 

Sin embargo, el requisito de ser "viable" para poder acceder a las nuevas ayudas ha suscitado dos debates entre los expertos y las organizaciones empresariales: el primero de carácter ético y el segundo técnico. Por un lado, ¿se debería dejar atrás a aquellos negocios, y las familias que dependen de ellos, que no tengan la capacidad suficiente para sobrevivir a una crisis porque ya venían lastrados de antes? Y, en segundo lugar ¿cómo se determinaría qué negocio es viable y cuál no?.

Detrás está la normativa europea de insolvencia

Para los economistas y abogados, "aunque pueda parecer chocante el hecho de no atender a aquellos que no tienen suficientes posibilidades de salir adelante a medio plazo, esta condición no es cosa del Gobierno español, sino de Europa, que es también quién está dando los fondos para financiar estas ayudas. La Unión Europea ya ha dejado claro, guste más o guste menos, que no se puede repetir la situación de la anterior crisis de 2008, en la que no se atendió a la viabilidad de las empresas y acabaron quebrando muchas que sí hubieran tenido posibilidades de salir adelante", explicó Luis Fernando Conde, economista y asociado al bufete AGM abogados en las áreas de Corporate Finance y Gestión de Crisis.

Concretamente, en lo que se estaría trabajando es en la adaptación de la normativa europea, fundamentalmente a través de la trasposición de la directiva europea de insolvencia 1023/2019, que justo lo que hace es trasladar toda la gestión de la insolvencia a los momentos más tempranos.

De hecho, en esta línea, el propio Consejo General de Economistas ha elaborado una herramienta que acaba de enviar al Ministerio de Economía para poder prestar ese servicio y que todos los negocios al pedir una subvención, licitar o pedir un préstamo, tengan que pasar algo así como un test de control de insolvencia. "Es parecido al scoring financiero, que detecta la posibilidad de insolvencia según la trayectoria que lleva la empresa, para decir con más de un 90% de fiabilidad si el negocio irá a la quiebra más pronto que tarde y si esas nuevas ayudas deberían enfocarse a aquellos que vayan utilizarlas para recuperarse de la crisis", explicó Juan Carlos Robles, Presidente del Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas (CGE).

Lo cierto es que, "desgraciadamente, hay negocios que, de por sí, no son viables. No por cuestiones temporales como el coronavirus, sino porque todo en su estructura les avoca al cierre. Conforme pase el tiempo, más se van a endeudar estos negocios, peor lo pasarán, y más van a arrastrar tanto a sus acreedores -pequeños autónomos en su mayoría- como a otras empresas que no han podido recibir fondos porque ellas sí lo han hecho", añadió Robles. 

¿Cómo se determina si un negocio es viable?

Aún con todo, el cambio de rumbo en las condiciones de estas ayudas ha suscitado preocupación en el tejido empresarial. Máxime cuando, hasta ahora, la 'nota de corte' para determinar si un negocio debería tener acceso a una ayuda o prestación era tan sólo que se hubiera visto muy perjudicado por la pandemia, teniendo que demostrar una caída de ingresos o actividad. 

Ahora, lo más importante será determinar la viabilidad  y esto va a ser complicado. Sobre todo preocupa cuál será la referencia que se tome para analizar el estado del negocio.  "Quiero pensar que se tomarán referencias de antes de la COVID-19, o las temporadas durante la crisis en las que haya habido actividad. A grandes rasgos entiendo que es un tema de análisis de riesgo financiero y que aquí van a tener que considerarse muchas cosas, pero las más importantes son: capacidad de generación de ingresos que tiene el negocio y capacidad para cubrir la deuda", explicó Luis Fernando Conde, economista y asociado al bufete AGM abogados en las áreas de Corporate Finance y Gestión de Crisis.

Capacidad de generar beneficios y que esos beneficios cubran la deuda

Estos dos puntos se podrían analizar a través de muchos factores como "el endeudamiento que tiene en términos de balance del negocio; qué tipos de deuda tiene, es decir, si son bancarias o con proveedores. Por supuesto, también habría que ver si no está en quiebra, es decir, con fondos propios negativos, que sería la primera señal de que no es viable; o que esté en una situación financiera que no pueda atender los pagos a corto plazo. Esto último, el llamado fondo de maniobra, es muy importante ya que determina si el negocio puede atender las deudas con lo que venda y cobre en los próximos meses", señaló Conde.

Además, en las cuentas de pérdidas y ganancias también se podrían analizar muchos rasgos, "como las ventas, el margen que tiene el negocio; si genera o no genera beneficio, si esos beneficios los ha reinvertido y qué parte de ellos se lo lleva la deuda financiera. Hay decenas de parámetros pero el más importante es la capacidad de generar beneficios de la empresa, eso sería la condición necesaria. Y la condición suficiente que, con esos beneficios, pueda cubrir su deuda", añadió el economista y asociado al bufete AGM abogados.

En todo caso, para Conde, aunque la falta de liquidez pueda ser temporal, lo que no suele ser temporal es la insolvencia de la empresa, "en términos de capacidad de generar recursos suficientes. Una empresa puede tener durante un año menores ventas, pero lo que entiendo que se quiere atacar es la permanencia de la empresa".

La solución: mejorar la ley de segunda oportunidad

De hecho, para los economistas, el problema ya no es que estos negocios "inviables" tengan problemas financieros, como no poder atender sus deudas de forma puntual, sino que tienen más gastos fijos que ingresos, por ejemplo. "Es un problema de estructura y negar ayudas a un negocio inviable no es dejarlo morir sino darle la eutanasia, porque no tiene ninguna posibilidad de salir adelante", explicó Juan Carlos Robles, presidente de REFOR del Consejo General de Economistas.

 Ahora bien, a estos "autónomos y sus familias, habrá que darles opciones, que pasarían por la mejora de la ley de segunda oportunidad y por prestaciones, que les mantengan a flote cuando no tengan sus negocios", añadió Robles.

Por ello, "lo que habría que hacer es permitir de una vez por todas que las deudas públicas se puedan exonerar. Mientras no haya exoneración de estos pasivos no va a ser posible que los autónomos accedan realmente a una segunda oportunidad. Al final, el grueso de la deuda de los trabajadores por cuenta propia suele ser con la Administración, ya que son empresas muy reducidas, cercanas y familiares, que prefieren dejar de pagar las tasas municipales, y las deudas al Tesoro o a Hacienda que a sus trabajadores y proveedores. Y esto es un problema porque esas deudas, a nivel práctico, siguen siendo casi imposibles de exonerar", concluyo el presidente de REFOR-CGE.