El Gobierno espera poder aprobar el próximo martes el nuevo paquete de ayudas directas para los autónomos, aunque dependerá de varias circunstancias. Según fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, “aún se están analizando detalles porque las normas hay que dejarlas bien hechas, pero esperamos que podamos sacarlo adelante en el Consejo de Ministros del 9 de marzo”. 

Si bien aún no se conoce con exactitud a qué van a ir destinados esos 11.000 millones de euros que anunció el mes pasado el presidente de Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, adelantó en una entrevista concedida a la Cadena Ser el esquema que maneja el Ejecutivo para canalizar las ayudas al tejido productivo. Se dividirá en tres fondos distintos: ayudas directas para los negocios a través de las comunidades autónomas, medidas de reestructuración de deuda y una herramienta para recapitalizar a los pequeños negocios. 

Un esquema que también han confirmado fuentes oficiales del Ministerio a este diario digital, quienes también señalaron que “aún no se ha determinado que cuantía de los 11.000 millones se destinará a cada uno de esos tres fondos”. Lo que sí parece cada vez más claro es que la parte que se destine a ayudas directas se canalizarán a través de las comunidades autónomas

Los 11.000 millones se dividirán en tres fondos

Ayudas directas a través de las CCAA

Una de las medidas a las que se destinará el presupuesto anunciado por el Gobierno será la concesión de ayudas directas a los autónomos y empresas más afectados por las restricciones y limitaciones sanitarias que, en teoría, se asemejarían a las que otros países europeos ya han puesto en marcha en forma de cheques a fondo perdido. Estas cuantías se repartirán a través de las distintas comunidades autónomas, ya que, según adelantó Calviño, “las autonomías son los organismos mejor situados para desempeñar esta labor. Conocen de primera mano sus negocios y saben las consecuencias de sus decisiones”.

La vicepresidenta tercera señaló que el reparto de este tipo de ayudas “es algo que ya se están haciendo los gobiernos autonómicos. Las CCAA ya están ayudando a los empresarios directamente y, para ello, hemos transferido un volumen muy importante de recursos”.

Además de esta nueva partida, Calviño recordó que ya se están presentando los planes cuantificados en “aproximadamente 2.000 millones de euros que recibirán las comunidades del fondo europeo REACT-EU en 2022”. Está previsto que las autonomías reciban un total de 8.000 millones de este fondo en 2021 y los 2.000 restantes en 2022.

Medidas de reestructuración de deuda

Otro de los fondos se destinará a la implementación de medidas de reestructuración de deuda. Es decir, a aliviar, al menos, parte de la carga financiera de los autónomos y las pymes que solicitaron los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) avalados por el Estado.

Muchos de los profesionales que solicitaron préstamos a través de las líneas públicas van a tener dificultades a la hora de devolverlos debido al alargamiento de la crisis. Fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital explicaron que se está estudiando "liberar al colectivo de parte de esos préstamos". La ministra cifró en más de 120.000 millones de euros los créditos avalados por el sector público. "Son cantidades que muchos ciudadanos no pueden llegar ni a imaginar, pero estas cifras son ayudas que vamos a tener que financiar con nuestros impuestos, los de nuestros hijos y nuestros nietos"

Por otra parte, Calviño señaló que "en este momento no hacen falta más créditos, lo que tenemos que hacer es que seguir buscando los instrumentos más eficaces para llegar donde queremos". No sin antes alabar esta medida, catalogándola como "una de las claves para mantener la economía. Son buenas y hay que darlos, pero tenemos que asegurarnos que son eficaces".

Inyección de capital en pequeños negocios 

Por último, se destinará otra partida de los 11.000 millones de euros a "reforzar los balances y el capital de los pequeños negocios". Calviño explicó que, “al igual que existe este mecanismo para las grandes empresas, tenemos que crearlo para las pequeñas. Estamos trabajando en ver cómo podemos inyectar capital en las actividades con menos infraestructura”.

Para la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, “la prioridad es que cuando se vayan levantando las restricciones y las empresas recuperen su actividad puedan invertir en contratar y tener un músculo para enfrentarse a esa reapertura. No queremos que los negocios tengan que dedicar sus ingresos a pagar las deudas del pasado. Esta medida busca resolver la solvencia empresarial".

El Gobierno sigue considerado 'ayudas directas' todas las medidas

Una vez más la Calviño insistió en que "no puede ser que se esté considerando que lo que hemos estado haciendo no son ayudas directas". La vicepresidenta tercera recordó que para el Gobierno, "los ERTE, la prestación por cese de actividad para los autónomos, las moratorias en los pagos y las reducciones de los alquileres, son potentes ayudas directas que llevan casi un año a disposición del tejido productivo de nuestro país". Es decir, que para la ministra prácticamente todas las ayudas ya en marcha en España son "directas".

"Desde el primer momento tuvimos claro que aquí hay dos formas de dar ayudas directas a las empresas: o darle el dinero directamente al empresario y que él decida en qué lo gasta, o asumir desde el sector publico buena parte de sus costes, que eso es lo que hemos venido haciendo", explicó la ministra. Además, señaló que "en términos de PIB, España es el que país más ayuda están dando de Europa".

Aún así, Calviño reconoció que entiende que los empresarios no hayan dejado de pedir ayudas. "Está siendo un periodo muy largo y muy duro, por lo que entiendo que los negocios estén pidiendo más ayudas, al igual que las entidades financieras intenten que los costes sean asumidos por los contribuyentes públicos". No obstante, aseguró que el Gobierno está trabajando "por el interés general para que todas las ayudas vayan enfocadas hacia el objetivo prioritario: la creación de empleo".

Para los economistas las ayudas del Gobierno español no son directas

El Consejo General de Economistas de España no considera que ese tipo de ayudas a las que se ha referido la ministra sean "técnicamente directas". El presidente de la Comisión Financiera, Antonio Pedraza, aclaró que "aunque la interpretación de las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo es muy sutil, la  definición más exacta que se le puede aplicar es la de ayuda indirecta". 

La razón más sencilla que explicó el economista para determinar estas ayudas como indirectas es que "la ayuda no le llega directamente al beneficiario, sino que la recibe porque otra entidad la ha solicitado, pasando por intermediarios". Es decir, "que no es un tema absolutamente directo, ya que utiliza un canal intermedio". En el caso de los ERTE "el empleado recibe el importe, pero lo recibe porque esta en una empresa y esa empresa la necesita para sobrevivir. Por ello, tanto a la empresa como a sus empleados, esa ayuda le llega de una forma indirecta". 

De igual forma ocurre con la prestación por cese de actividad para los autónomos. La cuantía les llega a los trabajadores por cuenta propia pasa por sus mutuas colaboradoras y, además, los profesionales tendrán que tributar por estas prestaciones en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Además, tanto las moratorias de impuestos como préstamos ICO realmente lo que generan es una deuda que el autónomo debe devolver más adelante con lo que muchos expertos explican que no se puede calificar de ayudas, ni directas ni indirectas. Lo mismo sucedería con algunas prestaciones que han ido a cargo de las cotizaciones de los trabajadores autónomos.