Gobierno y oposición estudian ‘quitas’ en las deudas con Hacienda y Seguridad Social
No hay marcha atrás. La reforma del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) es una realidad. Con el respaldo unánime de todos los grupos, el pasado día uno, Ciudadanos logró llevar adelante su solicitud de crear una subcomisión ad hoc cuyo objetivo es, en palabras de Sergio del Campo, portavoz de la formación naranja en el Congreso, “ir más allá de lo urgente”.
Entre las cuestiones prioritarias está la reforma de la Ley de Segunda Oportunidad. Según fuentes muy próximas al partido de Albert Rivera, el compromiso es “establecer un sistema de quitas en las deudas de los autónomos con Hacienda y Seguridad Social”. Con ello se dará respuesta a la demanda que viene siendo pronunciada por el colectivo desde la aprobación del texto el 27 de febrero de 2015. Asimismo se preve que se suprima el tope de cinco años para las exoneraciones.
Todo lo anterior vendrá acompañado del desarrollo de mecanismos que solucionen la lacra de la morosidad que padecen los autónomos. Bajándolo al ámbito del control y supervisión de las subcontrataciones en concursos y procedimientos públicas. Negro sobre blanco, el compromiso se concreta en realizar un análisis profundo del RETA, “en especial todo lo relativo a las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social y a las trabas administrativas”. Todo en aras de favorecer la “implantación, crecimiento y competitividad” de los trabajadores por cuenta propia.
Cotizar por los ingresos reales
Las anteriores no serán las únicas cuestiones que se pongan encima de la mesa de los parlamentarios durante los próximos seis meses. La viabilidad de que los autónomos coticen por sus ingresos reales protagonizará más de una jornada. A este respecto el presidente de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) es tajante “estamos totalmente en contra. Algunos quieren crear otro sistema de módulos con supuestos rendimientos netos”.
Esta posición se justifica desde la imposibilidad de conocer los ingresos reales del autónomo hasta pasados un mínimo de 18 meses desde el inicio de actividad. A ello se añade la particularidad tanto de los autónomos colaboradores, que no declaran ingresos. Como ocurre con los que son titulares de una sociedad, cuyas cuentas se corresponden con las de la misma y no con los rendimientos que perciben de forma individual.
Más allá de esta polémica, la subcomisión articulará un sistema que rebaje la presión de aquellos cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional (SMI). Así como de quienes desarrollan su actividad a tiempo parcial.
Por otra parte, y de forma paralela a la comisión del Pacto de Toledo, se desarrollarán fórmulas que permitan la compatibilización del cobro de la jubilación con el desarrollo de una actividad, el cómputo de toda la vida laboral en ‘la nómina’de los pensionistas autónomos y el fortalecimiento de las medidas de protección social, equiparándolas a las del régimen general.
