El Gobierno penalizará la jubilación anticipada e incentivará la demorada

Garantizar la solvencia del sistema público de pensiones y el poder adquisitivo de los pensionistas. Son los principales objetivos del Gobierno. Para conseguirlo, la Seguridad Social entiende que será necesario alargar la edad efectiva de jubilación y esto pasaría por penalizar más a aquellos que se retiren antes de tiempo y aumentar los beneficios de los trabajadores que retrasen su jubilación más allá de la edad legal.

Ambas estrategias se pondrán en marcha una vez recibidas las recomendaciones del Pacto de Toledo, y previo diálogo con los agentes sociales implicados. Así lo aseguró el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su primera comparecencia, el pasado jueves, en la comisión del Pacto de Toledo celebrada en el Congreso. 

En su intervención, el ministro se mostró preocupado por la "incertidumbre y desafección" que hay entre los ciudadanos y, especialmente, entre los pensionistas hacia nuestro sistema de Seguridad Social. Según Escrivá, "llevamos años trasladando, indebidamente, a los españoles la visión de que nuestro sistema de Seguridad Social no es solvente, que la jubilación de los Babyboomer va a generar un agujero insostenible a largo plazo".  

Si bien explicó que es cierto que, durante los últimos 25 años, se jubilaron 7 millones de personas, mientras que en los próximos 25 se prevé que lo hagan 11 millones, para el ministro de Seguridad Social, no hay suficientes motivos para alarmarse. Lo que sí es necesario es "un reajuste de la situación de ingresos y gastos de la tesorería"  y, para eso, el Ministerio tiene algunas estrategias preparadas. Fundamentalmente dos: incentivar la jubilación demorada y desincentivar la anticipada voluntaria. Receta que, según prometió el ministro, ayudaría a asegurar la solvencia del sistema público de pensiones y el poder adquisitivo de los pensionistas.

Penalizar más la jubilación anticipada

Tanto los autónomos como los asalariados tienen a su disposición una modalidad de jubilación que les permite retirarse del mercado laboral de forma anticipada y pasando a cobrar su pensión antes de tiempo, asumiendo una pequeña penalización sobre la prestación que les correspondería de entre un 6,5% y un 8% por año adelantado. Penalización que, para el Ministerio, es insuficiente. "En realidad, este desincentivo suele ser muy inferior al 8%, y hay margen de sobra para desincentivar todavía más" el retiro anticipado.

Desde el 2013, la Seguridad Social prevé la posibilidad de que un autónomo se jubile antes de tiempo. Si ese año, tiene dos años menos de la edad legal para jubilarse, es decir, 63 años y 10 meses; si ha cotizado un mínimo de 35 años, de los cuales dos fueron durante los últimos 15 años y si el importe de su pensión a percibir resulta superior a la cuantía de la pensión mínima que le correspondería al cumplimiento de los 65 años de edad,  podría solicitar la jubilación anticipada.  

Existen cuatro tramos de ‘penalización’ que se calculan siempre en función de los años que haya cotizado el solicitante.  

• El primer tramo corresponde a aquellos que tengan 38 años y seis meses cotizados, o menos, en el momento de la solicitud. A éstos, se les aplicará una reducción del 8% por año o un 2 % por cada trimestre que soliciten la pensión antes de tiempo. 

• El segundo tramo corresponde a aquellos que tengan una cotización de entre 38 años y seis meses y 41 años y seis meses en el momento de la solicitud. A estos, se les aplicará un  coeficiente reductor de 7.5%  por año anticipado y 1,87% por cada trimestre.   

• El tercer tramo corresponde a aquellos autónomos cuya cotización supera los 41 años y seis meses y es inferior a los 44 años y seis meses en el momento de la solicitud. En este caso, se les aplicará un coeficiente reductor del 7% a su pensión por cada año anticipado (y 1.75% por cada trimestre).  

• El cuarto tramo corresponde a los autónomos que hayan cotizado 44 años y seis meses o más. Para ellos, el coeficiente reductor será de un 6.5% sobre su prestación por cada año anticipado (1.675% por cada trimestre). 

Para que un autónomo sepa cuanto le quedará de pensión, el cálculo es sencillo. Deberá aplicar a la base reguladora el porcentaje general que le corresponda, en función de los años cotizados y el coeficiente reductor aplicable en su caso particular.  

Buena parte de los autónomos y asalariados podrían acceder a su jubilación anticipada, sin mayor problema, con coeficientes reductores de entre el 6,5% y el 7% por año adelantado. Más aún teniendo en cuenta que la mayoría de la  generación que en estos próximos años estará en edad de retirarse, los babyboomer, suele tener cotizados muchos más años de los necesarios para acceder a esta prestación, por su entrada -a veces muy temprana- al mercado laboral .

De hecho, según Escrivá, el uso de esta fórmula se ha incrementado demasiado en los últimos años. En sólo cinco, ha habido un crecimiento del 66% de trabajadores -autónomos y asalariados- que se retiraron antes de tiempo. De hecho, actualmente, serían casi 55.000 personas las que se están beneficiando de la jubilación anticipada voluntaria.   

La pretensión de Seguridad Social sería que, antes de que acabe este año, se saquen adelante normas que permitan incrementar las penalizaciones para esta modalidad de retiro, lo que, en consecuencia, haría que miles de autónomos y asalariados tuvieran que perder más cantidad de pensión por jubilarse, como máximo, dos años antes de lo que les correspondería. 

Sin embargo, estos desincentivos no perjudicarían tanto a las rentas bajas como a las altas. Según Escrivá, en el caso de las bases más altas de cotización, actualmente, no se aplica tal penalización, de modo que se crea un desincentivo regresivo. Esto es, se penaliza más a las bases bajas que a las  altas. De ahí que una de las prioridades sea endurecer las penalizaciones por acceder a la jubilación voluntaria anticipada, poniéndoselo más difícil a los trabajadores con salarios más altos que quieran abandonar el mercado laboral de forma temprana. Cuestión que, en todo caso, no afectaría a las jubilaciones anticipadas forzosas.

Pero los desincentivos no fueron las únicas medidas que adelantó el ministro en su comparecencia. Éstos irían también acompañados de otros incentivos. La estrategia no sólo sería poner trabas al abandono temprano y voluntario del mercado laboral, sino también aumentar los beneficios para aquellos que deseen alargar su jubilación respecto a la edad legal establecida en cada momento. 

Incentivar más la jubilación demorada

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, entraron en juego dos nuevas posibilidades. La primera es la jubilación activa, que ya es bien conocida por permitir al autónomo disfrutar de su pensión sin tener que dejar su actividad. La segunda no lo es tanto aunque, en algunos casos, puede llegar a ser incluso más beneficiosa.

Se llama complemento por jubilación demorada y bonifica económicamente, a través de la base de cotización, a los que decidan prolongar su vida laboral. 

Cada vez se viven más años y, frente a esto, la Seguridad Social tuvo que adaptarse. En nuestro país, salvo para algunos colectivos como los funcionarios - donde existe una edad de retiro forzoso-, la jubilación no es obligatoria. Tanto los autónomos como los asalariados pueden continuar trabajando, más allá de la edad en la que les correspondería jubilarse. 

A día de hoy, los autónomos -y asalariados- que decidan dejar su actividad más tarde de la edad mínima establecida, verán bonificada su pensión con aumentos de entre el 2% y el 4% en su base de cotización, por cada año completo que retrasen la retirada. Los incentivos, en este caso, variarán en función de los años que tenga cotizados el contribuyente a partir del momento en el que empiece la demora. 

• El 2% por cada año completo cotizado, desde la fecha en que se cumplió la edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento. Este incremento se aplica a aquellos contribuyentes que hayan acreditado una cotización de entre 15 y 25 años, al cumplir los 65 años y diez meses -en 2020-.
• El porcentaje ascenderá hasta el 2,75 % por cada año completo,  a partir de la edad mínima, cuando el interesado tuviera entre 25 y 37 años cotizados, al cumplir los 65 años y diez meses.
• Aquellos que acrediten más de 37 años cotizados al cumplir la edad mínima, verán incrementada su pensión en un 4 %, por cada año completo que prolonguen la retirada.

Sin embargo,varios expertos y diferentes asociaciones de trabajadores autónomos y sindicatos consideran que estas bonificaciones son poco atractivas y deberían ampliarse. Y, según parece, el Gobierno comparte su punto de vista. "Hay márgenes muy amplios de mejora en los incentivos de demora de la jubilación. Ya existen beneficios para  alargar la edad pero, la realidad es que tienen muy poca aplicación práctica y, en algunos casos, no generan los beneficios esperados" reconoció el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social.

De hecho, sólo unos 60.000 trabajadores se estarían beneficiando de esta modalidad de jubilación. De ellos, entorno a 50.000 son autónomos. "Por eso, debemos centrarnos en evaluar estos mecanismos positivos y en cómo cambiarlos para que generen los resultados esperados. Durante estos próximos años va a crecer el porcentaje de personas en edad de jubilación que, por la profesión que desempeñan o por su estado de salud, van a querer seguir activos en el mercado. A ellos hay que ofrecerles esquemas mejor diseñados que les generen incentivos reales para alargar su edad de jubilación" comentó Escrivá. 

Aunque aún está por ver en cuánto aumentarían estos incentivos, lo que sí adelantó el ministro es que por cada año que se retrase la edad efectiva de jubilación, "eliminaremos un 25% del problema entre el gasto en pensiones actual y el gasto futuro".

Además, también adelantó que su departamento pondrá en marcha una campaña de comunicación, para dar a conocer a la sociedad los beneficios que tendrá retrasar su edad de jubilación pues, "hasta ahora, estos incentivos han sido completamente desconocidos para la mayoría de los trabajadores". 

Estas dos "palancas", tanto el desincentivo de la jubilación anticipada como el incentivo de la demorada, serán claves en la futura reforma de las pensiones que llevará a cabo el Gobierno. El ministro de Seguridad Social también adelantó que su departamento está barajando la posibilidad de retirar los beneficios fiscales de los planes de pensión privados para dárselos a los planes de empleo entre trabajador y empresa, en los que ambas partes aportan para el ahorro.

 Concretamente, Escrivá se refirió a la necesidad de "desplazar la fiscalidad favorable de los planes de pensiones individuales hacia los planes de empleo procedentes de la negociación colectiva". Este beneficio fiscal sería progresivo -especialmente dirigido a las rentas bajas-, a diferencia de los actuales beneficios fiscales que se aplican a los planes privados que, habitualmente,  los utilizan personas con altos patrimonios, cuyo objetivo no es el de tener una pensión complementaria, sino simplemente beneficiarse de los incentivos fiscales sobre los ahorros que han generado. 

Cabe recordar que, hasta la fecha, Hacienda permite a los autónomos -y a los asalariados- descontar en su declaración de la renta, de manera directa, las aportaciones que hagan a un plan de pensiones. Los trabajadores por cuenta propia pueden restar directamente el dinero invertido de la base imponible y disfrutar de beneficios fiscales, a la vez que mejoran su jubilación. Pueden hacerlo hasta un importe de 8.000 euros o del 30% de sus rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas.

Los planes de pensiones tributan en la base general en el IRPF y, cuando se hace una aportación, en la siguiente declaración de la renta se podrá deducir esta cantidad hasta el límite mencionado. En otras palabras, Hacienda devuelve al contribuyente parte de lo que ha ahorrado, en función de su tipo impositivo. Aunque estos incentivos fiscales podrían tener los días contados.