El Gobierno pide a la Comisión Europea que las ayudas directas puedan prorrogarse más allá de diciembre

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró en una entrevista en Onda Cero que el Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea más plazo para poder conceder las ayudas directas a los autónomos y pequeños negocios. Calviño afirmó además que el ritmo de ejecución de las ayudas a fondo perdido de 7.000 millones de euros está siendo “desigual” entre las diferentes regiones. Los autónomos se alegraron de esta solicitud porque entienden que solicitar más plazo podría suponer el primer paso para que el Gobierno modifique, como llevan pidiendo desde hace meses, el Real Decreto-Ley que regula estas ayudas y que está impidiendo a los negocios su acceso.

Hace más de medio año que el Gobierno anunció el paquete de 7.000 millones de euros en ayudas directas, que serviría para resarcir las pérdidas de miles de autónomos y empresas afectados por la pandemia. Sin embargo, tras siete meses desde que se aprobara el Real Decreto 5/2021 que regula las subvenciones, la mayoría de los sectores han denunciado que no están llegando. De hecho, se prevé que las ayudas a fondo perdido no alcancen a cubrir ni a tan si quiera 300.000 de los 3,3 millones de autónomos que hay en España, menos del 10%.

Preguntada por este problema en una entrevista concedida a Onda Cero, Calviño explicó que el paquete de ayudas directas fue aprobado y distribuido a las Comunidades Autónomas, que son las que se encargan de hacer llegar esos importes a los autónomos y pequeños negocios. “Es verdad. que el ritmo de ejecución de las CCAA está siendo muy desigual. Hay algunas que ya nos han anunciado que van a terminar de ejecutar en breve el presupuesto. Sin embargo, hay otras que van más rezagadas” dijo .

Precisamente, con ese objetivo de ayudar a las autonomías, “hemos pedido a la Comisión Europea que se extienda el marco extraordinario de ayudas públicas de respuesta a la Covid-19 -más allá del 31 de diciembre- . Para que nosotros podamos también ampliar el plazo y llegar no sólo a esas empresas que más lo necesitaban, que son probablemente las que han ido a las primeras convocatorias, sino llegar a un conjunto más amplio de empresas que también se han visto afectadas por la pandemia” afirmó la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

El problema de las ayudas directas no es el tiempo, son los requisitos

La noticia de que las comunidades autónomas podrían llegar a tener más tiempo para realizar nuevas convocatorias de ayudas directas ha sido muy buen recibida por los trabajadores autónomos. Ya que ello puede suponer la posibilidad de que, en en este nuevo horizonte temporal, el Gobierno modifique el Real Decreto 5/2021 y cambie las condiciones de acceso a las convocatoria. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, celebró las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno: “bienvenida sea la rectificación” escribió en su cuenta de Twitter.

Si bien también añadió que espera “que se reconsidere todo el Real Decreto-ley 5/2021 de ayudas directas a pymes y autónomos” y no solamente su plazo. Ya que su funcionamiento en estos momentos es, a su modo de ver, “un fracaso absoluto. Ni el 10% de los autónomos españoles se han podido acoger a estas ayudas”. Por último, anima al Gobierno en su tweet a “corregir” esta situación cuanto antes.

De hecho, las diferentes asociaciones sectoriales -que fueron consultadas por este diario para la elaboración de un artículo- denunciaron que el paquete de subvenciones no sólo ha llegado con lentitud a las comunidades autónomas, sino que, además, apenas si cubre una pequeña parte de los negocios afectados por la crisis.

Sólo se pueden pedir si tienes deudas pendientes

El problema que tienen la mayoría de los autónomos y pequeños negocios con las ayudas directas de 7.000 millones es que no todos los verdaderamente afectados, las están pudiendo solicitar. Todo surge a raíz de la publicación acelerada del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. Ésta es la norma que regula los criterios que deben seguir las CCAA para permitir el acceso de autónomos a los 7.000 millones de euros en ayudas. Se trata de una ley que ha sido interpretada por los funcionarios de las 17 administraciones autonómicas para abrir las convocatorias. Y, por norma general, las comunidades autónomos, siguiendo las normas del decreto,  han coincidido en limitar el acceso a los fondos a sólo los autónomos que presentasen deudas.

De esta manera, el dinero que se recibe de las ayudas sólo puede utilizarse para cubrir facturas pendientes de pago. Un criterio muy restrictivo de las ayudas y criticado por ATA, y también por Cepyme, que estimaron en un informe que más del 90% de los pequeños negocios no van a poder cobrar las ayudas directas a pesar de sufrir grandes caídas de ingresos.

Como ya avanzó este diario, esta condición aparecía literalmente recogida en el Real Decreto-ley 5/2021, lo que ha llevado a dejar fuera de las subvenciones a miles de autónomos, a pesar de que necesitan este dinero y llevan un año tirando de sus ahorros de toda una vida para no generar deudas con sus proveedores. De hecho, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, denunció por Twitter la falta de conocimiento sobre esta situación:

Es una pena q con todos los asesores y Ministros q tiene el Gobierno de España,nadie le explique al Presidente del Gobierno @sanchezcastejon que tal y como está diseñado el RD 5/2021,el 90% de autónomos y pequeñas empresas no pueden acceder a las ayudas directas de 7000 millones

— Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) September 4, 2021

Hay diferencias interpretativas entre las CCAA

Aunque la mayoría de las CCAA han optado por aplicar la ley, hay otras regiones que estarían permitiendo a sus trabajadores por cuenta propia sin deudas, pero con pérdidas contables, acceder a las ayudas. Una decisión arriesgada ya que no está reflejada literalmente en la normativa dado que Hacienda podría exigir su devolución. A finales de mes de julio la Comunidad de Madrid envió una carta al Gobierno para solicitar específicamente una aclaración.

La amplitud del criterio por parte del algunas regiones, como Valencia, Baleares o Canarias, surgió a raíz de un documento no oficial enviado el pasado abril por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a las CCAA, para resolver las principales dudas sobre el reparto de los fondos. Éste, según pudo confirmar este diario digital, se llamaría ‘Aclaraciones al Título I del Real Decreto-ley 5/2021’ y establecería cuatro conceptos para destinar las ayudas directas: al pago de deudas con proveedores, deudas de suministros, salarios y arrendamientos, deudas con acreedores financieros y no financieros, y pérdidas contables. Por lo tanto, los autónomos no tendrían, según recoge ese documento, que tener deudas o facturas pendientes de pagos para acceder a la subvención, sino que les bastaría con registrar pérdidas contables. Pero el problema es que esta documento no es oficial y no se refleja en el Real Decreto.

A raíz de las diferentes interpretativas entre las CCAA, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, envió una carta a la ministra Nadia Calviño para que aclarase la situación: “cualquier nueva normativa o interpretación de la actual que realice el Ministerio, de una convocatoria de ayudas tan vital para nuestra economía, autónomos y empresas, debe realizarse de forma pública y con todo el rigor que exige el principio constitucional de seguridad jurídica”.

El dinero se queda estancado

Mientras el Gobierno pide la ampliación de plazo para la concesión de las ayudas parte de los fondos se podrían quedar estancados. Andalucía, la única CCAA hasta el momento en recopilar en un informe el funcionamiento de las ayudas, expuso  en un estudio que a pesar de haber realizar tres veces la convocatoria, únicamente 33.531 autónomos andaluces pudieron acceder a la ayudas. Se trata de una cifra que no cubriría ni la mitad de los fondos, 1.109 millones de euros, que dispone esta comunidad para repartir entre los negocios afectados.