El Gobierno pone a las pymes industriales condiciones para recibir ayudas: mantenerse durante tres años

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de la nueva Ley de Industria cuyo objetivo debe ser reforzar el papel de este sector en la estructura económica y social del país. Una de las medidas incluidas en esta ley es que las pymes que resulten beneficiarias de ayudas públicas deberán mantener la actividad, al menos, durante tres años. Tal y como confirmó a este diario el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en caso de que no puedan cumplir con este requisito, se verán obligadas a devolver la cuantía recibida.

Además, la Ley recoge un capítulo especial donde establece la obligación de la empresa o pyme, en determinadas circunstancias, de anticipar un cierre o la reducción de actividad que involucre una importante disminución de empleo.

Esta nueva ley es una reforma contemplada en el Plan de Recuperación y pretende modernizar el marco jurídico industrial al sustituir a la actual ley, que data de 1992. Aunque puede que sea un arma de doble filo para las pymes del sector.  La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró que esta ley busca potenciar la industria en España con un doble objetivo. “En primer lugar, la necesaria reactivación económica y social tras la pandemia y la guerra. En segundo lugar, la modernización de nuestro modelo productivo para abordar con éxito la doble transición digital y ecológica y lograr una mayor cohesión social y territorial”, destacó.

Las prioridades de la Ley de Industria podrían ser un arma de doble filo para las pymes necesitadas

Si bien es cierto que el Gobierno ha asegurado que esta nueva Ley persigue impulsar la industria española y ayudar a las empresas y pymes del sector, las medidas impulsadas por la misma podrían llegar a ser un arma de doble filo para las pymes más necesitadas. En concreto, la nueva Ley establece que la Administración General del Estado promoverá y desarrollará líneas de ayudas que favorezcan a la modernización, el desarrollo y la competitividad industrial.

Sin embargo, aquellos que resulten beneficiarios de las ayudas otorgadas tendrán una obligación añadida: deberán mantener la actividad productiva al menos durante cinco años en el caso de las empresas y de al menos tres años en el caso de las pymes.

Tal y como aclaró a este diario el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en caso de que estos no puedan cumplir con esta obligación y se vean obligados a cerrar durante el plazo establecido, tendrán que devolver la cuantía total de la subvención recibida.

Precisamente, una pyme solicita una ayuda del ministerio cuando no cuenta con los recursos necesarios para poner en marcha un proyecto industrial y nunca tiene garantizado ni su buen éxito ni la supervivencia de la empresa. También ha sorprendido esta norma porque también se va a vigilar la permanencia en el empleo de todos los trabajadores que en el momento de solicitar la subvención estaban en plantilla. Si la pyme que no puede aguantar, por ejemplo en un momento de crisis, se vería obligada, además de hacer frente a un cierre o a las indemnizaciones de sus empleados, a devolver las ayudas concedidas.

La Ley establece sanciones que podrían alcanzar los 100 millones de euros

Para el correcto cumplimiento de la Ley de Industria se ha establecido un régimen sancionador. Las infracciones serán calificadas como leves, graves y muy graves. En el caso de las infracciones leves, se sancionará con hasta 60.000 euros. En el caso de las infracciones graves, las multas podrán ascender a los seis millones de euros. Por último, en el caso de que se cometa una infracción considerada muy grave, las sanciones podrían llegar a alcanzar los 100 millones de euros.

Según queda reflejado en el anteproyecto de Ley, el plazo de prescripción de las infracciones previstas será de un año para las leves, tres para las graves y cinco para las muy graves, a contar desde su total consumación.

Medidas incluidas en la nueva Ley de Industria

Según explicó el Ministerio de Industria, se consideran dentro del ámbito de aplicación de la Ley las industrias manufactureras y actividades industriales dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, el aprovechamiento de subproductos y el tratamiento de residuos. También los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica, así como actividades de digitalización, utilización y manejo de la información, su interoperabilidad y protección, que estén relacionados con la actividad industrial.

La Ley, que aborda aspectos como la promoción industrial y la mejora de su competitividad, la reindustrialización o la digitalización industrial, establece una serie de prioridades y medidas, entre las que destacan las siguientes:

• Ordenación de los procesos de reindustrialización

Hay un capítulo especial en la ordenación de los procesos de reindustrialización donde se establece la obligación de la empresa, en determinadas circunstancias, de anticipar un cierre o la reducción de actividad que involucre una importante reducción de empleo. “Deben explorarse fórmulas para la prevención, corrección o mitigación de los efectos asociados. Para ello se dota a los diferentes actores implicados de un plazo para buscar una solución a través de una Mesa de Reindustrialización donde intervendrá a Administración General del Estado”, recoge el anteproyecto de Ley.

• Estructuras de gobernanza del ecosistema industrial español

Se refuerza la estructura de gobernanza con la creación del Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a la industria “para favorecer su crecimiento, resiliencia y competitividad”.

Además, se elaborará la Estrategia Española para el Impulso Industrial 2030, que será el documento que contendrá las líneas generales y las directrices básicas de la política industrial española y el Plan Estatal de Impulso Industrial.

• Desarrollo de los ecosistemas industriales e impulso de proyectos tractores y de interés general

La nueva ley pone la mirada en los ecosistemas industriales como polos de desarrollo industrial, “especialmente aquellos que tienen la consideración de estratégicos, promoviendo las medidas de apoyo a los mismos”.

La ley regula por primera vez los proyectos industriales de interés general, como aquellos que cumplan al menos dos de las tres condiciones siguientes: significativo volumen de inversión y empleo indefinido; proyectos dentro de ecosistemas industriales definidos o que pertenezcan a sectores considerados estratégicos por el Consejo de Seguridad Nacional; o alineados con los objetivos industriales de la UE e integrados en los mecanismos de financiación europea.

• Medidas para la protección e impulso de la competitividad industrial

Se reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía y medidas de acompañamiento para facilitar su descarbonización. Asimismo, se presta una especial atención a los programas de internacionalización que tengan como finalidad la introducción o la consolidación de las empresas industriales españolas en un ámbito internacional.

“Las Administraciones Públicas promoverán e implantarán, dentro de su ámbito competencial, medidas que contribuyan a la dotación de los servicios e infraestructuras necesarios para el fomento de áreas industriales. La promoción de suelo industrial se realizará preferentemente mediante consenso con los actores implicados en su desarrollo y gestión”, explicaron desde el Ministerio.

Además, la Ley introduce la figura de la refinanciación de préstamos para facilitar la devolución de los préstamos concedidos a las empresas y pymes en programas nacionales de ayudas públicas.

• Seguridad industrial

Las instalaciones, equipos y productos industriales, así como su utilización y funcionamiento deberán ajustarse a los requisitos reglamentarios de seguridad. En caso de riesgo grave e inminente, “la administración competente podrá acordar la paralización temporal, total o parcial, de la actividad o instalación causante del riesgo, requiriendo a los responsables para que corrijan las deficiencias o ajusten su funcionamiento a las normas reguladoras”.

La seguridad industrial tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o del funcionamiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso, almacenamiento o desecho de los productos industriales.

Los Reglamentos de Seguridad establecerán las instalaciones afectadas, las condiciones técnicas, requisitos de seguridad, medidas que deben adoptar los titulares, régimen de mantenimiento e inspecciones de las instalaciones o equipos, exigencia de seguros y, excepcionalmente, necesidad de autorización administrativa.