Domingo. 16.06.2019

PRETENDE AHORRAR 500 MILLONES DE EUROS

El Gobierno pretende revisar bonificaciones que afectan a los autónomos

El Gobierno pretende revisar bonificaciones que afectan a los autónomos

Tras publicarse el pasado mes de mayo la Actualización del Programa de Estabilidad 2019, el Gobierno manifestó su voluntad de "reoganizar" algunas bonificaciones y reducciones en las cuotas de los autónomos a la Seguridad Social. Son seis incentivos, entre ellos la tarifa plana, con los que pretende ahorrar 500 millones de euros anuales.

El Gobierno pretende revisar bonificaciones que afectan a los autónomos

El pasado mes de mayo el Gobierno publicó la Actualización del Programa de Estabilidad 2019. La tarea encargada por el Ejecutivo socialista al AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha dado como resultado un documento en el que se prevé un proceso de revisión de los gastos para este año. Con él, se pone la lupa en cuatro áreas, una de ellas, las bonificaciones y reducciones de las cuotas a la Seguridad Social.  

En el documento se pone de manifiesto la intención de “reorganizar” estos incentivos dirigidos a los autónomos y enmarcados en las políticas activas de empleo en marcha. El Gobierno pretende que esta revisión genere unos ingresos extra a la Seguridad Social de unos 500 millones anuales y que éstos ayuden a la sostenibilidad del sistema público.   

La revisión de estas ayudas a autónomos para el fomento de la empleabilidad podría poner punto y final a muchos incentivos implementados desde 2012 y que según el gobierno socialista no están siendo todo lo eficaces que deberían.  

Incentivos en el punto de mira 

En el documento publicado el pasado mes, el AIREF pone en el punto de mira seis bonificaciones y reducciones de las cuotas de los autónomos, algunas de ellas, muy utilizadas por los afiliados al RETA. El organismo de responsabilidad fiscal duda que estos incentivos estén cumpliendo su objetivo último que es fomentar la empleabilidad. Las ayudas a autónomos señaladas en el documento para su posible "reorganización" son:

  • Incentivos a la contratación de jóvenes menores de 30 años   
  • Incentivos a la contratación de mayores de 45 años    
  • Bonificaciones por contratar a mujeres con infrarrepresentación en determinadas profesiones y oficios  
  • Incentivos por la transformación de contratos temporales en indefinidos  
  • Tarifa plana de trabajadores autónomos  
  •  Reducciones al trabajo autónomo con carácter general y específico.  
  •  Incentivos a la contratación de personas con discapacidad.   

Estas ayudas compuestas por bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social, supusieron un gasto de 2.600 millones de euros en el presupuesto de 2018, según el documento.  Por eso, la AIREF considera que estos incentivos suponen “una minoración de los ingresos por cotizaciones sociales” y cree “ necesario conocer su efectividad para la consecución de sus objetivos, que no son otros que fomentar el empleo de determinados colectivos”. 

Respecto a este proyecto, el organismo de responsabilidad fiscal estima que la reorganización de los incentivos existentes podría llegar a tener un impacto anual de 500 millones de euros anuales desde 2020, lo que “ repercutirá positivamente en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.”. 

Ya se puso fin a otras ayudas a la contratación 

 A principios de año, el ejecutivo puso fin a buena parte de las ayudas a la contratación, aunque por una razón diferente. Desde el 1 de enero, los autónomos y negocios españoles vieron limitado el acceso a buena parte de las ayudas e incentivos a la contratación más utilizados como el contrato de apoyo a emprendedores, la bonificación a contratos a tiempo parcial con vinculación formativa o la reducción en la cuota empresarial de los contratos en prácticas. 

Estas ayudas a la contratación que nacieron en 2012 y 2013 con el fin de reactivar el empleo en nuestro país, suponían importantes ahorros para pequeños negocios. El descenso del desempleo por debajo del umbral del 15% junto con las idea de que muchas de estas bonificaciones contribuían a la precarización laboral, impulsaron al Gobierno socialista a derogarlas.

El Gobierno pretende revisar bonificaciones que afectan a los autónomos