miércoles. 21.10.2020

SÓLO ADMITE LOS ERTES MIENTRAS DURE LA CRISIS DEL COVID-19

El Gobierno prohíbe los despidos por causas económicas o por fuerza mayor

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, durante la rueda de prensa.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, durante la rueda de prensa.
El Gobierno, impulsado por los sindicatos, ha decidido prohibir los despidos por causas económicas mientras dure la crisis del COVID-19. Obligará al mantenimiento de los contratos temporales. Los autónomos con trabajadores sólo podrán acogerse a los ERTE o al concurso de acreedores, en el peor de los casos.
El Gobierno prohíbe los despidos por causas económicas o por fuerza mayor

El Gobierno hizo caso a las centrales sindicales que se felicitaban por la medida adoptada en el último Consejo de Ministros y que prohibía los despidos de trabajadores por causa mayor, organizativa, técnica, de producción o económica. Los autónomos con trabajadores que no puedan hacer frente a los salarios y a los costes sociales de sus empleados, únicamente podrán solicitar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que, si bien se ha simplificado su papeleo, por otro lado se revisarán con lupa con el fin de que no haya fraudes, bajo la amenaza de tener que devolver ayudas y prestaciones por desempleo. La prohibición de despedir a los trabajadores no tiene carácter retroactivo y se aplicará desde el sábado 28 de marzo.

Así lo dijo en rueda de prensa la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aduciendo la necesidad de mantener los puestos de trabajo en el país. Según los sindicatos, a día de hoy, las empresas y los autónomos han despedido alrededor de un millón de trabajadores y han rescindido aproximadamente 750.000 contratos temporales motivados por el parón que está sufriendo la economía. UGT y CCOO habían solicitado a la ministra entorpecer estas extinciones de contratos mientras durase la crisis  porque aseguran que no son necesarias. A cambio pedían impulsar los ERTEs .

El Gobierno ha hecho caso a los sindicatos desoyendo la opinión de los empresarios y los autónomos que consideran gravísima esta decisión. Hay expertos juristas que se preguntan si esta medida atenta contra la libertad de empresa –libertad para contratar y libertad para despedir- que establece la Constitución  Para algunos de los que han sido consultados por este medio, si no se permiten los despidos en algunos negocios que ya estaban abocados a su cierre porque la crisis del COVID-19 les ha pillado en una mala situación, sólo les quedará una salida: el concurso de acreedores y que los sueldos de los trabajadores los pague el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

De esta opinión es el presidente de Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor: “prohibir despidos es una medida que va contra la libertad de empresa: Especialmente en estos momentos va a provocar que se hundan muchas empresas y empresarios en la miseria” Y añadió que “todos aquellos que no pueden presentar un ERTE por causas de fuerza mayor lo van a pasar aun peor de lo que ya lo están pasando. Van a abocar a muchos autónomos a iniciar concursos de acreedores para salvar la situación”.

Por otro lado, el Gobierno ha decidido, también a petición de los sindicatos, que los contratos temporales se mantengan mientras dure la crisis y que, en el caso de haber solicitado un ERTE, simplemente se vea suspendida su duración, continuando vigentes cuando termine el ERTE durante el tiempo que restase hasta su extinción por contrato. Esto significa que no podrán rescindirse y que, incluso, los que venzan a 31 de marzo quedan automáticamente prorrogados .

Sanciones si hay incorrecciones en los ERTEs 

Los ERTEs se extiende a las cooperativas y se mejorará la fórmula de solicitud entendiendo que están concedidos si a los cinco días de presentados si la Administración no ha contestado negativamente (silencio positivo). Pero, por el contrario, la ministra advirtió que “no se puede aprovechar el Covid-19 para despedir” por lo que que se revisarán  de oficio todos los ERTEs que se están aprobando para averiguar “si existe fraude”.

En ese caso, las empresas afectadas deberán devolver todo incluso las indemnizaciones al trabajador, entendiéndose por ello la prestación por desempleo. Es decir, que todos los expedientes se revisarán de oficio a posteriori: y, en el caso de detectar “falsedades e incorrecciones, incluyendo la falta de causa o la falta de necesidad del ERTE, el empresario podrá ser sancionado y deberá devolver a la entidad gestora las cuantías percibidas en concepto de desempleo por los trabajadores”, afirmó.

Reacción de las patronales

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) comparte con CEOE y Cepyme su preocupación por las medidas laborales aprobadas por el Gobierno. Unas medidas que, a su juicio, van a dañar a muchos autónomos y pequeñas empresas porque limitan su libertad de actuación y maniobra para salvar su empresa y el mayor número de empleos. ATA considera que "cuando podamos leer la letra pequeña de estas medidas hoy anunciadas vamos a tener aún más claro que sólo servirán para impedir poner las bases de la necesaria recuperación económica de España y como consecuencia veremos crecer el nivel de desempleo".

CEOE y Cepyme también criticaron duramente la decisión tomada por el Gobierno respecto a la prohibición de los despidos y aseguraron que estos van a impedir la rápida recuperación económica del país. Añadieron que  “serán perjudiciales para el equilibrio económico, la salud de las cuentas públicas, aumentando considerablemente el déficit, y reducirán de forma importante la confianza de los inversores, que son fundamentales para la estabilidad financiera”. CEOE y Cepyme se lamentaron además de que, “cuando un gran número de empresas, principalmente autónomos y pymes, están luchando para evitar el cierre en un contexto que ya anuncia recesión mundial, el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado”.

El Gobierno prohíbe los despidos por causas económicas o por fuerza mayor