El Gobierno propone penalizar aún más a los autónomos y a las empresas cuando firmen contratos de corta duración
El Gobierno trasladó el pasado miércoles a los agentes sociales en el marco de la negociación para la reforma laboral un nuevo borrador que plantea incrementar los actuales recargos en las cotizaciones -que ya son del 40%- firme con sus trabajadores contratos de corta duración, según el borrador publicado por la agencia de noticias Europapress
A día de hoy, se considera contrato de corta duración todo aquel que dure cinco días o menos. Modalidad que, habitualmente, afecta a los autónomos y empresas estacionales o en sectores como la hostelería, el ocio nocturno o el comercio que tienen picos inesperados de la demanda y suelen necesitar de vez en cuando más personal para unos pocos días. De hecho, no es raro en muchos negocios coger a un 'extra' el fin de semana y darle de baja el mismo lunes.
Según el borrador que difundió Europapress y que confirmaron fuentes cercanas al Ejecutivo a este diario, se plantea endurecer los recargos regulados en el artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social, que ahora mismo prevén ya un aumento de un 40% más en la base de cotización por contingencias comunes para los contratos iguales o inferiores a cinco días.
De hecho, y aunque todavía no ha trascendido la cifra exacta de incremento que propone aplicar el Gobierno, fuentes cercanas al Ejecutivo apuntan que el planteamiento del Ejecutivo podría acabar duplicando o incluso triplicando la base de contingencias comunes cuando se despida a un trabajador transcurridos menos de cinco días desde la fecha del alta en la Seguridad Social.
Los autónomos podrían pagar en 2022 recargos superiores al 40% en contratos de menos de cinco días
Actualmente, según los expertos, más de un 25% de los nuevos contratos que se celebran en España son temporales y muchos de ellos duran cinco días o menos. De salir adelante el borrador que plantea el Gobierno y de ponerse en marcha la reforma laboral a lo largo de 2022, como pretende el Ministerio de Trabajo, los expertos aseguran que el próximo año podría acabar siendo inviable contratar a trabajadores para momentos puntuales.
Hoy en día, ya sale considerablemente más caro a nivel de cotizaciones tener a un trabajador menos de cinco días que mantenerlo durante un tiempo superior. El artículo 151 de la Ley General de Seguridad Social recoge desde el 1 de enero de 2019 que "en los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará en un 40 por ciento. Dicho incremento no será de aplicación a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios".
Así pues, en 2021, según la plataforma especializada SAGE, un autónomo que diera de alta a un trabajador y pactara, por ejemplo, por tres días un salario base de 175 euros, pagaría 45 euros de contingencias comunes más 16 euros de recargo. Si saliera adelante el borrador según lo dispuesto, el recargo podría llegar a superar los 90 euros.
Lejos de ser nueva esta propuesta, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció a finales del año pasado que estaba en estudio la introducción de una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja y alta en reiteradas ocasiones a sus trabajadores con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social.
La propuesta forma parte de el borrador enviado a Bruselas
Además, este punto ya se avanzó en el Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación que el Ejecutivo remitió a Bruselas. Concretamente, se trata de la reforma 4 del componente 23, que busca simplificar los contratos, " generalizar el control indefinido", o devolver la causalidad al contrato temporal, que a juicio del Gobierno se ha usado más de la cuenta en los últimos años.
Trabajo está centrado en la "reducción del exceso de temporalidad en los contratos". Entre las "reformas en el ámbito laboral y de pensiones" que el Ejecutivo envió a Bruselas para su aprobación a finales de enero, se dedica un apartado completo a la "Generalización del contrato indefinido, causalidad y simplificación de la contratación indefinida".
Esta reforma apunta como objetivo prioritario " reducir el exceso de temporalidad y la dualidad laboral que limitan el aumento de la productividad y el crecimiento potencial y dan lugar a precariedad laboral". Según indica el texto, esto se haría simplificando y reordenando "las modalidades de contratación laboral y generalizando la contratación indefinida", así como "devolviendo la causalidad al contrato temporal". También "revisando la aplicación del contrato fijo-discontinuo e introduciendo mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad". En definitiva, el Ejecutivo pretende "penalizar el uso excesivo de contratos de muy corta duración y atajar el fraude laboral".
El Ministerio de Trabajo ya ha intensificado este año -y lo seguirá haciendo- las actuaciones en línea con lo recogido en el Plan Director por un Trabajo Digno, que prioriza, entre otras cosas, la vigilancia en los negocios que abusan del uso de contratos temporales para extender el periodo de prueba y abaratar el coste de un posible despido.
De hecho, la inspección está atacando especialmente el uso fraudulento de la figura del autónomo -los falsos autónomos- y el uso de contratos temporales para empleados que, en realidad, cubren necesidades permanentes del negocio. Esto se hará, además de aumentando la vigilancia de la inspección, incrementando el número de cartas que se envían a los negocios -una 85.000, el 4% más-, con las que se les insta a que regularicen de motu propio la situación de sus empleados.
