El Gobierno sólo eximirá de la cuota a los autónomos afectados por coronavirus que soliciten el cese de actividad

"A ingresos cero, cuota cero". Es el mensaje que lleva lanzando desde la semana pasada la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos  (ATA) y que ha sido secundada por todas las organizaciones de trabajadores por cuenta propia y empresarios, incluso el sindicato UGT, para que los autónomos afectados directa o indirectamente por el coronavirus queden exonerados de pagar sus cuotas a la Seguridad Social. Pero, finalmente, el Gobierno ha desoído este clamor. Es una de las conclusiones que se pudieron sacar respecto al futuro de autónomos, tras las palabras del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, posteriores al Consejo de Ministros del pasado martes.

Las asociaciones tenían la vista puesta en la celebración de este consejo. Se esperaba que el Gobierno aprobara para todos los autónomos una exoneración generalizada de las cotizaciones durante los dos próximos meses para paliar la caída de ingresos o el cierre temporal al que se han visto obligados cientos de miles de pequeños negocios españoles. Sin embargo, y tras la comparecencia de Sánchez ante los medios, sigue sin quedar claro cómo va hacer el Gobierno para que ningún autónomo o pyme se quede en el camino tras semanas o incluso meses de gravísma inactividad mientras dura el Estado de Alarma.

El Presidente abrió su comparecencia tras el Consejo de Ministros incidiendo en una idea: "esta crisis será temporal y no dejará a nadie desprotegido". Para ello, el Ejecutivo ha preparado un segundo plan de choque para paliar los daños ocasionados por el Covid-19 y que se articulará a través de un Real Decreto. Según Sánchez, este plan contará con "la  mayor movilización de recursos económicos de nuestra democracia, con una dotación de hasta 200.000 millones de euros públicos". Dicho decreto abordará cuatro áreas: "de apoyo a las familias, a los trabajadores, a las empresas y al sistema sanitario". Autónomos y asociaciones estaban expectantes a que el Gobierno anunciara algunas de las medidas que le habían solicitado para paliar de forma eficaz la caída de ingresos del colectivo.

Sin embargo, para Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), "el Gobierno ha dejado en la cuneta a los autónomos. No han entendido bien el clamor del colectivo. Que ha garantizado la prestación por cese de actividad, pues está muy bien, sólo faltaría que nos lo denegaran cuando hemos cotizado. Les hemos pedido que se suspendan las cuotas y cotizaciones durante dos meses, o más si el estado de alarma se prorroga, y no lo han hecho. ¿No defienden que debemos cotizar en función de nuestros ingresos? Pues a ingresos 0, cotización 0. Esto lo vamos a pelear". 

La contundencia era condición indispensable en este consejo, siendo que miles de autónomos y pequeños empresarios se han visto obligados a cerrar sus negocios y a paralizar sus ingresos mientras siguen afrontando sus gastos. No obstante, para ATA, este segundo plan económico, al igual que el primero, ha sido insuficiente. Tal y como sucedió la semana pasada con la aprobación de la moratoria de impuestos -a la que ya podían recurrir los autónomos-, las medidas parecen escasas.  "Lo que les habíamos pedido es que se suspendieran las cotizaciones, y no lo han hecho" concluyó el presidente de ATA. 

A pesar de las demandas de las organizaciones, finalmente, la exoneración de la cuota no será para todos los autónomos, sino que se vinculará a supuestos muy determinados. Según se extrae de las palabras de Sánchez -y a la espera de que salga el texto definitivo- sólo dejarán de pagar la cuota de autónomos aquellos profesionales que se acojan al Cese de Actividad o que hayan solicitado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Precisamente en estos dos supuestos, el Gobierno va a introducir algunas modificaciones por situaciones de "fuerza mayor", debido a la crisis generada por el Covid-19.

Se anuncia una prestación por Cese de actividad "extraordinaria"

La reforma de la prestación por cese de actividad es una demanda histórica del colectivo de autónomos. Si bien todos los afiliados al RETA cotizan desde hace un año por el más conocido como 'paro de los autónomos', lo cierto es que, todavía, el 40% de trabajadores por cuenta propia que lo solicitan siguen sin poder acceder de manera efectiva al cese porque se les deniega la prestación al no poder acreditar pérdidas. 

Esta situación que ya de por si es un problema en situaciones normales, en un contexto extraordinario como éste se convierte en un verdadero problema para aquellos que se pueden ver obligados a cerrar porque han estado en cuarentena, se les ha obligado a echar la persiana a sus negocios o han estado enfermos. Una prestación que podría ser su única fuente de ingresos.

Precisamente por este motivo, la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), junto a UATAE y UPTA -las otras dos asociaciones del colectivo con más representatividad - instaron al Gobierno, a través de un comunicado conjunto, a que garantizara, en esta situación de excepcionalidad, la prestación a todos aquellos autónomos "que se vean obligados al cierre de sus negocios y abandono de su actividad, ya sea por las decisiones adoptadas por los diferentes ejecutivos o por la falta de actividad. También para aquellos que deban permanecer en sus domicilios para el cuidado de hijos y/o dependientes, se propone el reconocimiento y concesión automáticos de la prestación por cese de actividad entendiendo la epidemia como "causa de fuerza mayor". 

Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido diferente a la que esperaba la mayoría del colectivo. En principio, se pondrá en marcha una nueva prestación económica de carácter extraordinario para compensar a autónomos afectados por la declaración del Estado de Alarma. De esta prestación "extraordinaria" se beneficiarían autónomos cuya actividad quede suspendida, es decir, aquellos que se hayan visto obligados a cerrar la persiana o los que hayan visto reducida su facturación en el mes anterior, al menos, en un 75%. Justo por esta última condición, según los expertos, se volvería al mismo problema que las asociaciones de autónomos llevan denunciando durante años.

Por tanto, la medida aprobada por el Gobierno tiene carácter "excepcional", su vigencia es de un mes, desde el 14 de marzo hasta que termine el Estado de Alarma y va dirigida a los autónomos que suspendan su actividad o a los que vean reducidos sus ingresos, al menos, un 75% en promedio al trimestre anterior. Para acogerse es necesario estar afiliado a la Seguridad Social, estar al corriente de haber pagado las cuotas. El autónomo cobrará el 70% de su base reguladora y la prestación, como en el caso de los asalariados afectados por el ERETE, no reducirá los meses a los que tiene derecho. 

Pero a los expertos la medida les suscita alguna pregunta: ¿cómo va a demostrar, por ejemplo, este requisito un autónomo que tribute por módulos? ¿ y uno que sea autónomo colaborador? ¿y uno en pluriactividad? El Fisco no exige a estos trabajadores por cuenta propia llevar un libro de ingresos y gastos, y esto supone que, por ejemplo, el profesional en estimación objetiva casi nunca va a poder justificar una de las siete condiciones básicas para acceder al cese de actividad: su nivel de pérdidas ante Hacienda.

Además, se da una situación un tanto particular. Según apuntaron los expertos, se podría dar una contradicción en el acceso a esta prestación extraordinaria: si se supone que esta prestación es por una situación de fuerza mayor generada por el coronavirus, ¿cómo va a demostrar un autónomo que las pérdidas ocasionadas en el mes pasado eran por el Covid-19? Recordemos que el mes pasado el contexto era de absoluta normalidad y, por tanto, los ingresos y posibles pérdidas que están obligados a demostrar los autónomos en el mes anterior no responderían a la crisis generada por esta epidemia.

Así pues, según los expertos, este cese de actividad extraordinario, a nivel efectivo, es posible que sólo beneficie a aquellos que el propio Gobierno ha obligado a cerrar por decreto. Pero, no hay que olvidar que hay otros cientos de negocios que han podido sufrir pérdidas por caída de las ventas. Éstos, de nuevo, tendrán que enfrentarse al mismo problema que había hasta ahora para solicitar la prestación por cese de actividad porque tendrá que demostrar el volumen de caída de ingresos que se requiere para el acceso. Desde ATA llevan años calificando esta situación de posible "fraude", ya que muchos autónomos nunca disfrutarán de esta prestación si tienen que cerrar su negocio o abandonar su actividad, a pesar de haber cotizado por ella.

Si bien el Gobierno parece haber desoído las demandas de los autónomos respecto a la suspensión de la cuota a todo el colectivo, parece que está claro -una vez más, a expensas de la publicación definitiva del Real Decreto- que aquellos que opten a la prestación por Cese de actividad no tendrán que pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social. Tampoco tendrán que pagarlas aquellos que recurran a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Ni las suyas ni las de sus trabajadores. 

Se exonera de cotizar a los autónomos que soliciten un ERTE

Otra de las medidas anunciadas por el Presidente del Gobierno durante su comparecencia es la flexibilización del ERTE. Al parecer, el Ejecutivo facilitará y mejorará la tramitación de estos expedientes, con el fin de librar durante el periodo de crisis a los autónomos y pymes del pago de las nóminas de sus empleados y, como novedad, de sus propias cotizaciones a la Seguridad Social. "Vamos a promover los ajustes temporales de plantilla, a través de la flexibilización de los ERTE, que van a beneficiar a todos los trabajadores". 

De esta forma, y con el objetivo de proteger el empleo, todos los autónomos con empleados a su cargo que se vean afectados por la crisis del coronavirus en su actividad podrán solicitar un ERTE. Para el Ejecutivo, ésta sería la mejor forma de evitar despidos masivos y que la crisis sea "temporal" reiteró Sánchez. La medida, según el Gobierno, "permitirá aliviar las cargas financieras de las empresas". Además, el Gobierno se comprometió a acelerar la aprobación de estos expedientes y reducir el periodo de tramitación y consultas.

Avales públicos de hasta 100.000 millones para negocios afectados

La última de las medidas anunciadas el pasado martes que afectará a autónomos y pequeños negocios es la puesta en marcha de avales bancarios por un valor de hasta 100.000 millones de euros para que los negocios afectados por el coronavirus puedan estar respaldados a la hora de solicitar financiación.

Según anunció Sánchez, el Gobierno va a proporcionar a los autónomos y empresas españolas "toda la liquidez que necesiten. No vamos a permitir que los problemas temporales puedan convertirse en problemas de solvencia. Por ello, hemos aprobado la creación de una línea de avales de garantías públicas por valor de 100.000 euros, lo que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones sumando al sector privado”. 

Por tanto, el Estado actuaría ante el banco como respaldo de estos préstamos que solicita el autónomo. Estos avales son clave para el sector financiero  y venían reclamándose por parte de las organizaciones desde que se empezó a restringir la actividad a las empresas como medida de contención frente al contagio por coronavirus.

A pesar de estas medidas, los expertos apuntan que el Gobierno español sigue a la cola de sus homónimos europeos en cuanto a ayudas a autónomos para paliar los efectos del Coronavirus. Francia anulará la cuota de autónomos y los impuestos a todo el colectivo e Italia destinará, especificamente, 3.000 millones de euros para proteger a los autónomos ante la inactividad fruto de la crisis por el Covid-19

España, a la cola en ayudas a autónomos afectados por el coronavirus

Además de España, otros países europeos ya se han puesto manos a la obra para hacer frente a la previsible crisis económica que vendrá seguida de la sanitaria.  Mientras que Italia ha destinado 25.000 millones de euros para hacer frente, Francia -cuyo número de contagios es mucho menor que el de España-  se ha comprometido a asumir el pago de los créditos bancarios contraídos.

En Francia, Macron anunció hace dos días algunas medidas para mitigar el impacto del coronavirus en la economía gala. El país destinará 300.000 millones de euros a salvar a las empresas. “Ninguna de ellas debe quebrar por el coronavirus” aseguró el presidente fránces. Entre las medidas que ha adoptado, a diferencia de España, está justamente la suspensión generalizada de todos los pagos de impuestos y cotizaciones sociales, las  facturas de agua, luz y gas, así como los alquileres.

En cuanto a Italia, destinará 3.300 millones para a todas las empresas con actividades manufactureras y comerciales con menos de quince empleados. Además, otros 3.000 millones de euros estarán destinados a los autónomos como protección ante la inactividad. 

Otras medidas para autónomos ya aprobadas por el Gobierno

• El aislamiento por coronavirus se considera accidente de trabajo

Por un lado, el Gobierno aprobó la semana pasada un Real Decreto ley para que los autónomos en aislamiento preventivo por coronavirus, se consideren en situación de baja laboral por accidente de trabajo, y no por enfermedad común, como señaló hace dos semanas la Seguridad Social. 

Este cambio en concreto supondría un 15% más de prestación para los autónomos que se vean en estas circunstancias y el cobro desde el primer día en vez del cuarto que es la demora que tendrían si se hubiera considerado baja por enfermedad. Y ésta no fue la única medida anunciada. También se está  barajando poner en marcha una moratoria de tres mensualidades consecutivas en las cotizaciones a la Seguridad Social tanto para empresas como para autónomos. Esta bonificación forma parte de la batería de medidas que solicitó la semana pasada la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) a la vicepresidenta económica del Gobierno para paliar el impacto económico que puede tener la epidemia del Covid-19 en los pequeños negocios. 

• Moratoria de impuestos

Los autónomos ya pueden aplazar hasta seis meses el pago de sus impuestos. Así lo aprobó el Gobierno el pasado viernes con la intención de paliar el impacto que supone el coronavirus en la actividad de "los sectores más vulnerables de la economía", en especial, los autónomos. Este decreto-ley permite retrasar el pago de hasta 30.000 euros en concepto de deudas tributarias que estén en periodo voluntario de pago desde este 13 de marzo hasta el 30 de mayo. 

Se podrán, por tanto, aplazar algunas obligaciones como las retenciones del IRPF, las cuotas repercutidas de IVA y los pagos fraccionados del impuesto sobre Sociedades. También la devolución en los préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y Pyme. La norma permite postergar el pago sin recargo durante tres meses. Es decir, el aplazamiento no conllevará intereses durante los primeros 90 días

Para Sánchez la medida permitirá inyectar unos 14.000 millones de euros de liquidez en nuestro sistema económico”. Sin embargo, ATA recuerda, en un comunicado, que la posibilidad de aplazamiento de deudas tributarias existe desde hace años y que los autónomos lo utilizan con normalidad desde la pasada crisis, por lo que no constituye una gran novedad. 

• Líneas de crédito ICO

Otro de los puntos del Plan Económico del Gobierno que podrían afectar a autónomos y pequeños negocios es la creación de una línea adicional de 400 millones de euros del ICO (Instituto de Crédito Oficial). Una iniciativa, que forma parte de la batería de medidas que la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) envío a la ministra de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, Nadia Calviño, aunque en el plan aprobado por el Gobierno la medida se dirigirá especialmente a los sectores del transporte y la hostelería. “El turismo es el sector al que, potencialmente, más le puede dañar la situación del coronavirus y, en especial, la incertidumbre” señaló el presidente en su comparecencia.

Medidas solicitadas por los autónomos

Los autónomos lo tienen claro. Las medidas que ha puesto el Gobierno en marcha hasta la fecha no son suficientes para garantizar que todos los negocios salgan adelante tras la crisis generada por el Covid-19.  Algunas de las propuestas que ya solicitó ATA al Ejecutivo, junto a otras asociaciones representativas y que todavía no se han puesto en marcha son: 

• En el caso de autónomos que se vean obligados a abandonar su actividad por cuidado de hijos o dependientes como consecuencia del cierre de los centros escolares y cuidado de dependientes, se propone la bonificación del 100% de la cuota de Seguridad Social.
•  Para aquellos autónomos infectados o en cuarentena, y por tanto en situación de baja asimilada a Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional, demandamos la bonificación del 100% de la cuota de la Seguridad Social desde el primer día de la baja. Actualmente estos autónomos percibirán el 75% de su base de cotización pero se verían obligados a seguir abonando la cuota excepto cuando dicha baja se extendiese más allá de los 60 días, reduciendo de forma importante los ingresos de dicho autónomo en esta circunstancia