Las guarderías perderán clientes si Hacienda no aclara la deducción por niño
El modelo 233 es una nueva declaración informativa que tienen que presentar guarderías y centros educativos para que las madres puedan optar a una deducción de 1.000 euros. Pero Hacienda ha cambiado el criterio y excluye a las guarderías, haciendo que éstas puedan perder clientes.
A falta de poco menos de un mes para la puesta en marcha de la campaña de la RENTA 2018, muchas familias están a la espera de recibir el borrador que les manda Hacienda y comprobar si finalmente podrán deducirse los 1.000 euros por gasto en guardería. Durante el 1 de enero y hasta el 15 de febrero de 2019, las guarderías y centros educativos autorizados estaban obligadas a presentar en Hacienda el modelo 233 de declaración informativa para que sus clientes, las madres tanto asalariadas como autónomas, pudieran “minorar la cuota diferencial de su IRPF hasta en 1.000 euros anuales por cada hijo mejor de tres años cuando satisfagan gastos de custodia en guarderías o centros de educación infantil autorizados” según establece la web de la Agencias Tributaria. Una medida que está recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018 y que está en vigor desde el año pasado.
Sin embargo, ahora “la Dirección General de Tributos -órgano que depende del Ministerio de Hacienda- ha establecido que para que las madres puedan disfrutar de ésta desgravación de los gastos, los centros deben estar autorizados por la Comunidad Autónoma es decir, deben pertenecer al registro de las escuelas de educación infantil de las Consejerías de Educación de cada Comunidad. Un requisito que no cumplen todas las guarderías” explicó Rosa Angulo, presidenta de la Asociación de Guarderías y Escuelas Infantiles de Cantabria.
Se trata de un cambio de criterio que las guarderías -un sector compuesto en su gran parte por trabajadores autónomos- no entienden y que les podría hacer perder clientes porque los padres podrían dejar de llevar a sus hijos a estos centros si Hacienda no les permite deducirse los gastos. “Las guarderías somos establecimientos legalmente constituidos, hemos hecho lo que nos ha pedido Hacienda y somos las primeras en sorprendernos con este criterio estricto y específico de la Dirección de Tributos. De hecho, en noviembre recibimos unas cartas de la Delegación de Hacienda de Cantabria explicándonos que se iba a poner en marcha esta desgravación, que iban a sacar el modelo 233 y que tendríamos que presentarlo del 1 al 15 de febrero”.
Anguló afirmó que todas las guarderías prepararon los certificados con los gastos que las familias soportaron durante el 2018, lo han enviado telemáticamente a Hacienda y el sistema se lo admitió. Y ahora están a la espera de ver si sus clientes van a poder beneficiarse de esta deducción. "Sería discriminatorio que nos dejaran de lado".
No sólo hay una regulación
La presidenta de la Asociación de Guarderías y Escuelas Infantiles de Cantabria cree que el cambio del criterio de la Dirección General de Tributos se debe a que cuando “han ido a cruzar los datos de todas las delegaciones territoriales de Hacienda, se han encontrado con que el proceso no era nada sencillo pues cada Comunidad regula los centros de forma distinta… Entonces han aplicado como criterio -para regular la medida- que el centro esté en los registros de educación de las Consejerías” o lo que es lo mismo, que sea un centro de educación infantil. Sin embargo, las guarderías no están consideradas como centros de educación y ahí puede producirse el problema.
Las 17 Comunidades Autónomos a raíz de la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo), explicó Angulo, crearon sus decretos educativos a partir de una base y “algunas Comunidades decidieron ampliarlos y hacerlos más exigentes, incorporando a esa regulación los centros tipo guardería como ocurre en Madrid, pero esto no pasa en el resto. En Cantabria, por ejemplo, sólo hay cinco centros autorizados, y la mayoría de las familias llevan a sus hijos de entre 0 y 3 años a guarderías privadas. Si finalmente no se flexibiliza el criterio muchos contribuyentes van a ser discriminados” apuntó Angulo.
Quien está completamente de acuerdo con el nuevo criterio de Hacienda es el presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada (ACADE), Juan Santiago, quien explicó que “esta desgravación está concebida para ayudar a las madres trabajadoras a conciliar la vida familiar y laboral, y para promover la escolarización de los hijos menores de tres años en el primer ciclo de educación infantil… Y sólo los centros de educación infantil tienen la autorización de la correspondiente consejería de Educación, que es la que vela por el desarrollo de un proyecto educativo adecuado a estas edades, el número de alumnos por profesor y aula, los requisitos de las instalaciones…”
Además, afirmó que “el resto de los establecimientos que no tienen esta autorización autonómica no son escuelas de educación infantil. Serán centros de ocio, ludotecas o similares. Pero no centros educativos. Y si se presentan como escuelas infantiles están actuando ilegal y fraudulentamente, y engañando a las familias que en muchos casos desconocen que al llevar a sus hijos a este tipo de establecimientos no los están escolarizando”.
Sin embargo Angulo afirma que "tanto en guarderías como en centros de educación infantil se atienden a los niños de entre 0 y 3 años, la diferencia principal entre ambos establecimientos es que las primeras no están bajo el paraguas de una administración educativa. Pero las guarderías somos establecimientos legalmente constituidos, pagamos nuestros impuestos y estamos dados de alta en todo lo que hay que estar”.
Lucha contra el intrusismo
Guarderías y centros educativos comparten, según expusieron ambos presidentes, el mismo epígrafe en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE): 933.1. Un punto en común entre ambos establecimientos que podría ser el criterio unificador y solucionador de la polémica.
Asimismo, ambos coinciden que ésta les puede ayudar a regular el sector, pues ambas asociaciones se quejan de intrusismo que sufre su actividad. Así Angulo detalló que “tiene el conocimiento de que hay diferentes establecimientos que están dados de alta como ludotecas, centros de ocio… y que no tienen ni los requisitos, ni las titulaciones que tenemos nosotros y que funcionan como guarderías encubiertas. De hecho, a nosotros nos parece que es correcto que a éstas no se les desgrave, porque no son guarderías. También, recuerdó que la normativa cuando salió cita textualmente a "las guarderías y a los centros de educación infantiles autorizados”.
Por su parte Santiago apuntó que “esta medida evidencia un gran problema que existe en el sector, y que desde ACADE estamos denunciando el intrusismo tanto en consejerías como en ayuntamientos, ya que estos establecimientos, por norma general, no pueden acoger de modo regular a menores en edades correspondientes a la educación infantil durante el calendario y horarios escolares, ni darles la comida. Lo que también constituyen un fraude para las familias ya que muchos de estos centros se venden como escuelas infantiles autorizadas sin serlo y, al no pasar las inspecciones de seguridad alimentaria y sanitarias, prevención de riesgos, evacuación, que los centros educativos autorizados sí están obligados a pasar, pueden constituir un peligro para la seguridad de los niños”.
