Hacienda inspeccionará las plataformas digitales por las quejas del taxi

Las movilizaciones de los taxistas que han colapsado el madrileño Paseo de la Castellana y la Gran Vía de Barcelona empiezan a dar pequeños frutos. Hacienda incrementará el control fiscal a las plataformas digitales y su entramado de empresas tal y como reclamaba el sector en el documento de propuestas reguladoras que Fedetaxi (Federación Española del Taxi) presentó al Ministerio de Fomento el pasado mes de julio.

Así lo han confirmado fuentes de la cartera que dirige María Jesús Montero, desde donde explican, además, que “las medidas que se adoptarán en lucha contra el fraude, tasa digital o impuesto sobre sociedades persiguen en buena medida que las empresas tributen allí donde generan valor”. Es decir, en los países de los que procedan la mayor parte de sus ingresos, independientemente de que la central esté ubicada fuera del mismo.

Hacienda no niega que tiene intención de poner su punto de mira en compañías como Uber y Cabify y que éstas tendrán que someterse a la férrea vigilancia del fisco. Desde Fedetaxi explican que durante la reunión que mantuvieron con Fomento el pasado mes de abril, el ministerio les trasladó que Hacienda y Trabajo “estaban abriendo inspecciones”.

Según se reconoce en las cuentas de Uber System España, ésta factura la mayor parte de sus ingresos a la matriz de la compañía, Uber International Holding, cuyo domicilio fiscal está ubicado en los Países Bajos y que es propietaria del 100% de las acciones de la filial española. De hecho, los 1,43 millones de euros que ingresó la compañía en 2016 se facturaron íntegramente a Holanda. Circunstancia que se dejó notar en la exigua cantidad que llegaron a las arcas españolas por el Impuesto de Sociedades, apenas 28.395 euros. A este respecto, la compañía de Travis Kalanick gira la cabeza. Juan Galiardo, director de Uber España, afirmó en una entrevista a el diario El Mundo que "las VTC pagan en España más impuestos que el taxi". 

Por su parte, Cabify anunció hace tres días que trasladaría su sede fiscal de Delaware a Madrid con el objetivo de clarificar donde abonan sus impuestos. La empresa que, según los datos del Registro Mercantil cuenta con 295 empleados, facturó el año pasado 72,96 millones de euros y registró unas pérdidas de 3,67 millones de euros.

La tasa digital, más conocida como “tasa Google” será otra de las herramientas que empleará Hacienda para evitar la presunta elusión fiscal que estarían practicando este tipo de plataformas. A este respecto desde Ametic, patronal de la industria tecnológica digital en España, consideran que “esta tasa puede tener efectos peligrosos, como el freno a la innovación, a la inversión y la generación de empleo”, lastrando así la competitividad del sector y “generando problemas que generalmente acaban afectando al usuario”.

También aprecian “algunos errores técnicos” en la formulación que ha planteado el Gobierno, “como que se produzca un gravamen en cadena o se graven los ingresos y no los beneficios”.  Asimismo, demandan “una fiscalidad equilibrada a nivel internacional. Es decir, que todos los países europeos tengan la misma estructura tributaria para evitar que unos compitan con otros en materia de beneficios fiscales”.

Tregua hasta septiembre

La confirmación de Hacienda se produce apenas dos días después de que, en la Conferencia de Transporte, Fomento propusiese habilitar a las comunidades autónomas para modificar la norma que regula los vehículos con conductor (VTC’s). Delegación de competencias normativas que será voluntaria, tal y como recordó este viernes el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. El Gobierno dio luz verde a la Orden ministerial que obliga tanto a taxis como a VTC's a identificarse con placas de matrícula de color azul.  

Pese a que la propuesta que fue calificada por el sector de “insuficiente”, sirvió para que los taxistas acordasen “una tregua” hasta el mes de septiembre, cuando el Ejecutivo, a partir de las medidas que se acuerden en el “grupo de trabajo de buenas prácticas en el transporte urbano”, deberá poner negro sobre blanco a la forma en la que se recuperará el equilibrio entre taxis y VTC en un periodo de tres meses.

Dicha mesa de trabajo debatirá también sobre otras propuestas que mejoren la competitividad del sector y que deberán desarrollarse de forma interministerial, tales como revocar las autorizaciones de transporte de viajeros por reiteración en las infracciones, impulsar la innovación para mejorar la “experiencia del usuario” o facilitar ayudas económicas para la transformación energética y sostenibilidad medioambiental de la flota.