Referéndum en Cataluña

Hacienda insta a los autónomos y pymes catalanas a declarar que no financian el 1-O

El Gobierno apela a la “necesaria colaboración” del sector privado y pide que se denuncie cualquier actividad ilegal.

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Hacienda insta a los autónomos y pymes catalanas a declarar que no financian el 1-O

Responsabilidad, solidaridad, coordinación y estabilidad. Estos son los principios que el Gobierno quiere preservar del delirio independentista. Los mismos que se recogen en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que, además del cumplimiento de los objetivos de déficit y el pago de la deuda pública, garantiza que los proveedores de las administraciones -gran parte de ellos autónomos y pymes- cobren sus facturas en tiempo y forma.

El pasado sábado se publicaba en el BOE la orden que regula el mecanismo de control de pagos en Cataluña de cara a evitar que ni un solo euro del sector público se destine a financiar “actuaciones ilegales”. O lo que es lo mismo, se daba luz verde a una intervención blanda de las cuentas catalanas con el objetivo de elevar el muro de contención frente al referéndum del 1-O.  

El Ejecutivo es consciente de que la maquinaria legal no es suficiciente y por ello, pide “la necesaria cooperación y colaboración del sector privado”. Así, en el apartado séptimo de la Orden se insta a los autónomos y pymes que presten servicios o provean de bienes a la Generalitat adjunten a la factura una declaración responsable que garantice estar al margen de cualquier tipo de actuación relacionada con el 1-O. Asimismo, en el caso de que se tengan dudas al respecto, el proveedor decidirá libremente si comunicarlo tanto al Ministerio de Hacienda y Función Pública como al Ministerio Fiscal.

La norma es mucho más estricta en el caso de quienes prestan servicios de auditoría, bancarios o financieros. Éstos sí están obligados a denunciar ante del Ministerio Fiscal o el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

Los autónomos tranquilos

Denuncias o no de por medio, lo que sí ha dejado claro el ministro de Hacienda es que los autónomos y las pymes que proveen de bienes o prestan servicios para la administración catalana no se quedarán sin cobrar. “El FLA no se va a tocar. Es una ventana a través de la que el Estado paga a proveedores y vencimientos de deuda”, han insistido fuentes del ministerio de Hacienda y Función Pública a AyE.

Del lado de los autónomos impera la sensación de tranquilidad. “Estamos convencidos de que apenas va a afectar a los autónomos. Todo lo contrario. Los proveedores de la Generalitat van a cobrar antes”, ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos). Y apostilla que “denunciar un delito que se conoce es obligación de cualquier ciudadano y si no lo hace es responsable del mismo”.

Desde la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM), se muestran en la misma línea confían en que “la decisión ni perjudicará a los proveedores ni hará que se dilaten los periodos medios de pago”, ha explicado su presidente Antoni Cañete. No obstante, defienden la búsqueda de soluciones a través del diálogo y el acuerdo: “No se puede echar fuego a las gasolinas. Antes de tomar ninguna decisión, todas las partes deberían pararse a pensar quiénes van a sufrir las consecuencias”, puntaliza Cañete.

Opinión que se corresponde con la de la patronal de las pymes y los autónomos catalanes, PIMEC, que la semana pasada, mediante comunicado defendían que "el espíritu de diálogo y de buen entendimiento deben marcar definitivamente la agenda y presidir las actuaciones de los gobernantes, representantes políticos, instituciones y ciudadanos". 

Por su parte, Eduardo Abad Sabaris, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) ha opinado que la decisión tomada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos “no afectará a los proveedores catalanes”. Y ha abogado por “una necesaria solución pactada”.  

Más cauto se muestra Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas y Asesores Fiscales REAF - REGAF que ha apuntado que "queda por ver cómo se orquesta toda esta nueva logística y si Hacienda (a través del FACe) tiene capacidad para gestionarlo". No obstante, ha insistido en "el interés del Ministerio en dar la máxima normalidad y agilizar los pagos a proveedores".

Actualmente, la Generalitat cuenta con unos 900.000 proveedores -de los que entre 20.000 y 30.000, según las estimaciones de ATA, son autónomos- que cobran a 56 días de media, y acumulan una deuda comercial de 1.518,67 millones de euros (0,69% del PIB).

La intervención por delante

La libertad de decisión que concede la Orden no es óbice para que la cartera que dirige Cristóbal Montoro tenga un mayor control de lo que ocurre con las cuentas y los proveedores de la Generalitat.

El apartado segundo del texto publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el pasado sábado exige que “al menos, mensualmente” el interventor general comunique la relación de acreedores con los que Cataluña tiene obligaciones pendientes de pago. Dicha relación deberá acompañarse con un certificado de efectivo cumplimiento tanto del acuerdo como de que no se está financiando actividades al margen de la legalidad. Llegado este punto, el Estado procederá a dar la orden de pago que se realizará a los terceros por la propia Comunidad Autónoma.