El ICO comienza a comprobar el destino que los autónomos han dado a los créditos concedidos durante la pandemia

El Gobierno, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), está revisando las condiciones en las que se avalaron los créditos solicitados por los trabajadores autónomos durante la pandemia y si éstos se utilizaron para el propósito permitido. Se trata de un procedimiento rutinario -pero no por ello carente de intención inspectora- que venía contemplado en los distintos reales decretos que regulan la concesión de avales y que comprueba que los préstamos inferiores  a 50 millones de euros cumplen con lo pactado.  

"El análisis ha empezado por una muestra de más o menos 6.000 operaciones. A través de él, queremos comprobar que las condiciones y requisitos que se establecieron en la norma para acceder a los avales se cumplieron", apuntaron fuentes del ICO.  Las mismas fuentes explicaron que la revisión forma parte de un procedimiento de análisis ex post -es decir, una vez concedido el aval- que contempla la legislación.

En concreto, las comprobaciones se están realizando en el tramo de préstamos inferiores a 50 millones de euros y que, por tanto, afecta a la mayor parte de autónomos y pequeños negocios que solicitaron este tipo de préstamos-

Dos formas de comprobar la concesión

Para acceder a los créditos ICO, tanto los autónomos como las empresas solicitantes, tenían que cumplir una serie de requisitos (como por ejemplo: no figurar en situación de morosidad, demostrar una caída de ingresos por la pandemia, etc). Si los cumplían, los solicitantes podían acceder a un crédito avalado por el Estado de hasta un 80% por ser autónomos o pymes y, en el caso de ser una empresa de más de 250 trabajadores, el aval cubría el 70%. 

Para ello, los solicitantes tenían que pasar por un procedimiento de concesión que varia en función de la cuantía total solicitada. Según explicaron fuentes del ICO, desde la puesta en marcha de la línea de avales se diferenció la gestión de las operaciones por dos tipos: las de más de 50 millones de euros y las de menos de 50 millones de euros. Las primeras son analizadas por las entidades bancarias y luego pasan al ICO, que también realiza su propio análisis de riesgo y, finalmente, decide si conceder el aval o no.

Y en las segundas, las de menos de 50 millones de euros, aunque son las entidades bancarias las únicas encargadas de realizar ese análisis de riesgo el ICO tiene la misión de comprobar ex post que se cumplen los requisitos. Estas entidades aprobaban la operación y el aval se concedía directamente. "La entidad financiera se hacía cargo de realizar el análisis de riesgo de la operación, de su viabilidad y de comprobar que los criterios de elegibilidad se cumplen. Una vez que lo aprueba, se concedía el crédito de forma automática. Se automatizó este mecanismo, con el objetivo de que la liquidez llegase a los autónomos de la forma más rápida posible" apuntaron desde el Instituto.

Sin embargo, y a pesar de que el ICO no realizó las comprobaciones en un primer momento, esto no significa que no pueda hacerlas después. De hecho, los diferentes reales decretos que regulan la puesta en marcha de los cinco tramos en los que se ejecutaron los 100.000 millones de euros avales, establecen que "se modificarán los términos de las operaciones avaladas de hasta 50 millones de euros que hayan sido aprobadas por la entidad, sin perjuicio de comprobaciones posteriores sobre sus condiciones de elegibilidad".

Y esto es precisamente lo que está realizando en estos momentos el Gobierno a través del ICO. "El procedimiento es el mismo, simplemente cambia el orden. A las de más de 50 millones les realizamos el análisis antes de conceder el aval, y a las de menos de 50 millones después de habérselo concedido", apuntaron desde el organismo público. 

¿Qué está revisando el ICO?

Desde la entidad señalaron que el objetivo de las comprobaciones realizadas, como ellos dicen, ex post buscan confirmar que la concesión del aval "cumple con las condiciones establecidas en la norma". Esto quiere decir, que no sólo comprueban que los solicitantes se ajustan a los requisitos de acceso, sino también que el dinero concedido está siendo empleado en aquello para lo que se solicitó, según apuntó Luis Fernando Conde, economista y asociado al bufete AGM Abogados en las áreas de Corporate Finance y Gestión de Crisis.

A este experto no le sorprenden las comprobaciones a posteriori de avales concedidos por el ICO.  Conde afirmó que es un aspecto que "contemplaba la norma", pero que además se trata un proceso de actuación bastante frecuente dentro del ICO. "Estarán comprobando que los créditos cumplen todas las condiciones de la norma y que se ha destinado el dinero para el fin para el que se solicitó" apuntó. 

Según Conde, se comprobará que la documentación cumple con los requisitos marcados. En este sentido, aludió que la inspección no sólo debería ir dirigida al análisis del solicitante y uso del crédito, sino también a las condiciones que se establecieron desde los bancos. "Dudo mucho que las entidades financieras actuaran mal, sabiendo que se iba a realizar una inspección después. Pero al principio hubo una avalancha de casos y puede que se produjera algún error", apuntó este economista. 

La mayoría de los analizados serán autónomos 

Fue el pasado mes de marzo cuando el Gobierno aprobó una línea de avales públicos, gestionada por el ICO, de 100.000 millones de euros para dotar de liquidez al tejido productivo. Luego se amplió con otros 40.000 millones que se pueden solicitar hasta el próximo mes de junio de 2021. Una medida que hasta el pasado 2 de diciembre, y según los últimos datos que maneja el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital, había proporcionado 111.559 millones de euros en financiación al tejido productivo a través de 915.383 operaciones aprobadas. De todas ellas, el 98% estaban dirigidas a autónomos y pequeños negocios. 

El importe medio de los créditos solicitados a través de las líneas ICO por los autónomos varía en función del sector en el que se encuentren. Así, el crédito medio concedido en el sector de bienes de consumo y comercio al por menor  es de 77.500 euros, mientras que en el de la industria de alimentación y bebidas es de  270.600 euros y en el ámbito del turismo, ocio y cultura es de 100.270 euros. Todos ellos se encuentran por debajo del límite de los 50 millones de euros.