Último dato publicado por la firma Equipo Económico

Un informe eleva a 90.000 millones de euros la deuda de las administraciones a autónomos y otros proveedores

Las administraciones públicas -central, comunidades y ayuntamientos- deberían un total de 90.000 millones de euros a sus proveedores, muchos de ellos autónomos, según los últimos datos recabados por un informe de Equipo Económico en base a datos del Banco de España. Es la cuarta cifra más elevada de toda la serie histórica.
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Un informe eleva a 90.000 millones de euros la deuda de las administraciones a autónomos y otros distintos proveedores
Un informe eleva a 90.000 millones de euros la deuda de las administraciones a autónomos y otros proveedores

Casi 90.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, la friolera del 7,6% del Producto Interior Bruto (PIB) español. Esta cifra desorbitada corresponde a las cuentas pendientes de pago con proveedores -muchos de ellos autónomos y pequeños negocios- que alcanzó el sector público en términos consolidados en el tercer trimestre 2021, según los últimos datos recabados y publicados por la firma de servicios profesionales Equipo Económico, en base a las cifras actualizadas por el Banco de España. 

El informe de Equipo Económico, una firma de servicios profesionales compuesta de expertos en empresas e instituciones, al que pudo acceder este diario y que ya avanzó Expansión, refleja una de las lacras más importantes que lleva soportando desde hace décadas el colectivo de autónomos y empresas que trabajan con la Administración. A pesar de los esfuerzos de los diferentes gobiernos por poner en marcha medidas para reducir las facturas pendientes de pago de las administraciones -central, ayuntamientos y CCAA- con los proveedores, muchos de ellos trabajadores por cuenta propia y pequeños negocios, el nivel de deuda sigue creciendo y marcando récords históricos.

Todavía habrá que ver los efectos de la última medida del actual Gobierno que pretende transferir a cerca de 2.000 ayuntamientos fondos para que paguen las deudas atrasadas con los proveedores que cumplen algunos requisitos -como que la factura superara el periodo de pago de 30 días en julio de 2021-. En todo caso, y a expensas de esta medida, el estudio publicado por Equipo Económico revela que ya en "en el segundo trimestre de 2021 se alcanzó un nuevo máximo en valores absolutos, al superar los 93.000 millones de euros" de deuda comercial por parte de las administraciones. 

Y unos meses después, en el tercer trimestre, "los últimos datos publicados por el Banco de España reflejan de nuevo los muy elevados niveles de deuda comercial de las Administraciones Públicas", según asegura el documento.

La deuda pública con los autónomos y demás proveedores fue la cuarta más elevada de toda la serie histórica

Concretamente, en ese tercer trimestre se superaron los 89.373 millones de euros de deuda. De tal forma que, según apuntan desde la firma, "este dato sería el valor más alto alcanzado en un tercer trimestre, y el cuarto más alto en toda la serie histórica". Tanto es así que el valor de la deuda pública en ese periodo con el sector privado habría crecido en 19.907 millones de euros, el 28,7%, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Así se refleja en la gráfica publicada en el informe de Equipo Económico:

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Es más, como se puede observar en este gráfico, el nivel de deudas que tienen las tres administraciones con sus proveedores del sector comercial a finales de 2021 sólo es comparable con las cifras alcanzadas entre 2010 y 2011, en plena crisis económica. 

La Administración central acumula más de la mitad de toda la deuda con sus proveedores

Así mismo, otro de los datos destacables que revela el estudio de la firma es que la Administración Central es, con mucha diferencia, la que más dinero debe a sus proveedores. Concretamente posee el 55,6% de las obligaciones pendientes de pago del total de Administraciones Públicas.  Además, en el tercer trimestre de 2021 alcanzó su récord en la serie histórica, al registrar unas cuentas pendientes de pago por valor de 49.670 millones de euros. Esta cifra es el 46,1% mayor que la del mismo periodo del año anterior. 

Cuestión esta última que no deja de ser sorprendente, ya que, por el momento, la medida del Gobierno en forma de inyección de liquidez a la Administración para pagar las deudas a sus proveedores va dirigida a entidades locales, que no representan la primera sino la segunda administración con más cantidad de deuda, con un volumen muy inferior al de la Administración central.

En segundo lugar, estarían las Corporaciones Locales -en su mayoría, Ayuntamientos-, que acaparaban en el tercer trimestre del 2021 el 22,1% del total de las cuentas pendientes de pago (19.734 millones de euros).

Por otro lado, la Administración de la Seguridad Social, con unas crecientes necesidades de financiación, era responsable del 9,5% del montante de la deuda comercial con los proveedores (8.510 millones de euros). Mientras que destaca, en último lugar, que las Comunidades Autónomas aglutinaban el 12,8% restante (11.459 millones de euros).

Por tanto,  explican desde la firma, las comunidades, que en la anterior crisis fueron la Administración con un peor comportamiento a nivel de morosidad con sus proveedores, esta vez han acumulado mucha menos deuda, con más de 39.000 millones de diferencia, respecto a la Administración central. Bien es cierto, en todo caso, que faltaría por ver la cantidad de deuda en relación a los servicios contratados por cada Administración para que el análisis estuviera completo en este sentido.

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Por último, según recoge el estudio en base a los últimos datos disponibles de Eurostat , correspondientes al tercer trimestre de 2021, cabe destacar que las Administraciones Públicas españolas tenían un stock de cuentas pendientes de pago (7,6% del PIB) muy superior al de otros países de la eurozona como Alemania, Italia y Portugal, en términos relativos de PIB, las cuales se situaron en el 3%, 6,7% y 6,5% respectivamente

Hacienda asumirá la deuda de los ayuntamientos con los autónomos si éstos renuncian a los intereses

A pesar de los altos niveles de deuda, cabe apuntar que el Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a reducir -al menos en una pequeña parte- las cuentas pendientes con los negocios.  Concretamente, y según la resolución del 7 de enero de 2022, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, Hacienda pagará cerca de 2.000 millones de euros a más de 1.600 administraciones españolas que superan el Periodo Medio de Pago (PMP) de 30 días , entre las que se encuentran algunas capitales tan importantes como Sevilla o Zaragoza. Deberá liquidar todas sus deudas anteriores al 1 de julio de 2021. 

De este modo, todos los autónomos que hayan prestado y facturado sus servicios a estas 1.640 entidades -la mayoría ayuntamientos- antes del 1 de julio y que todavía no hayan cobrado el dinero que les corresponde, tendrán de plazo entre el 11 y el 25 de febrero para acceder a una plataforma informática que habilitará la Agencia Tributaria donde podrán consultar y aceptar el cobro de las facturas que tengan pendientes de su Administración.

Antes del 11 de febrero, todos estas entidades afectadas por el nuevo mecanismo deberán publicar a través de la plataforma de la Agencia Tributaria una relación exacta de todas las obligaciones que tuvieran pendientes con los autónomos, pymes y demás proveedores, antes del 1 de julio de 2021. En ellas, de hecho, constará la identificación del proveedor, de las facturas, de su importe y la fecha de recepción de la factura. 

Una vez esté publicada esta lista, los autónomos podrán consultar por esta plataforma que están incluidos en la relación y que las cuantías de las facturas pendientes de pago son correctas. En el caso de que no aparezcan en el listado, podrán reclamar a la entidad local, aportando la documentación necesaria, que emita un certificado individual.  

La 'letra pequeña' de este mecanismo -que, a fin de cuentas, no es como tal una ayuda para los autónomos sino una devolución de un dinero que les corresponde- es que en todo caso  requiere de la aceptación de los proveedores para percibir el importe de sus derechos de cobro por este mecanismo,  que se limitarán al principal de la deuda. Esta aceptación  implicará la renuncia a la percepción y exigencia de intereses de demora, costas y conceptos accesorios. Dichos intereses ascenderían al 8%.

Por otro lado, según ha denunciado la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), el mecanismo ideado por el Gobierno para rebajar la morosidad que generan las administraciones públicas sólo cubrirá un 10% de las facturas que en este momento se adeudan a los pequeños negocios.